Un informe avalado por el gobierno británico admitió que el país conocía sobre acciones “inapropiadas” en las detenciones e interrogatorios de “sospechosos de terrorismo” tras los atentados del 11 de septiembre de 2001 en Estados Unidos.
Sin embargo, organizaciones defensoras de los derechos humanos denunciaron que no se busca investigar la participación directa de Londres en esos hechos aberrantes.
El ministro sin cartera, Ken Clarke, presentó este jueves en la Cámara de los Comunes algunas conclusiones de un trabajo realizado por el ex juez Peter Gibson, quien revisó más de 20.000 documentos secretos sobre las operaciones de los servicios secretos MI5 y MI6 en el extranjero luego de los ataques a las Torres Gemelas y al Pentágono.
La investigación indicó que “los oficiales de inteligencia británicos estaban al tanto de las técnicas de interrogatorio inapropiadas y el maltrato o denuncias de malos tratos a los detenidos por parte de algunos socios de otros países”.
También cuestionó que el gobierno británico y las agencias “pueden haberse involucrado de manera inapropiada en algunos casos en la entrega (de sospechosos)”.
En ese sentido criticó que no se formuló una guía para el personal involucrado en las operaciones “que aborde si era apropiado para el Reino Unido apoyar o ayudar a interpretaciones realizadas por otros países”, especialmente los Estados Unidos.
Así también lo entendió el ex canciller de Tony Blair, Jack Straw, quien durante la sesión en los Comunes reconoció que autorizó el traslado de ciudadanos británicos a la prisión estadounidense de Guantánamo, pero agregó que “nunca hubo un acuerdo para que se maltrate o se les niegue los derechos a esos detenidos”.
La confesión de Straw tiene, cuanto menos, una gran dosis de candidez tratándose de un político de enorme experiencia en la función pública y en política exterior especialmente, ya que entre 2001 y 2006 fue canciller del primer ministro Tony Blair.
Su gestión, entre otras cosas, es tristemente recordada por haber sido quien firmó la orden de extradición a Chile del dictador Augusto Pinochet, tras 503 días de detención en Londres por orden del juez español Baltasar Garzón.
Resulta, por tanto, poco creíble que Straw desconociese los métodos de interrogación que utilizaba el gobierno de George W.Bush con las personas a las que acusaba de terroristas o vinculados a lo que genéricamente y sin mayores precisiones calificaba de “terrorismo”.
Sin embargo y pese a lo duro del informe revelado, Clarke indicó que “no hay evidencias que alguna de las agencias británicas estuvieran directamente involucradas” en los casos de tortura y maltrato a los sospechosos.
El funcionario reconoció que existen 27 casos “que requieren más examinación” y que, por orden del primer ministro británico, David Cameron, serán analizados por el Comité de Seguridad e Inteligencia del Parlamento.
Las organizaciones de derechos humanos criticaron esa decisión, que denunciaron evitar que se conozca la participación directa del Reino Unido.
Indicaron que es contraria a la promesa que hizo el premier británico en 2010 cuando garantizó que la investigación por posibles crímenes vinculados a operaciones en el extranjero y guerras como Irak y Afganistán iban a ser encabezadas por “un cuerpo independiente y dirigidos por un juez”.
La ONG Reprieve recordó que el comité parlamentario está involucrado en “una serie de escándalos y controversias”, como su falta de supervisión a los programas de vigilancia masiva revelados por el ex técnico de la CIA, Edward Snowden.
Explicó que el cuerpo tiene legisladores designados por el primer ministro, además de ex funcionarios del gabinete de Blair, que en sus primeros seis años en el cargo ordenó cinco invasiones en el extranjero, incluyendo Irak, Afganistán, Kosovo y Sierra Leona.
“El comité demostró que no tiene ni la independencia ni la capacidad necesaria para garantizar esta investigación, que se convertirá en un encubrimiento”, expresó la directora de asuntos legales de Reprieve, Clare Algar.
El mismo pedido había realizado Amnistía Internacional, que solicitó que cualquier investigación sobre el trato a los detenidos “debe ser independiente, imparcial, exhaustiva y eficaz, de acuerdo con las normas de derechos humanos”.
Tomado: Telam/ LibreRed.net
