Al dar inicio al ciclo 24 de conversaciones con el gobierno colombiano, la Delegación de Paz de las FARC denunció la “presión y chantaje injerencista” del Departamento de Estado de los EEUU, que insiste en tratar a los comandantes guerrilleros de narcotraficantes.
Resalta en su comunicado la doble moral del gobierno norteamericano, que financia en todo el mundo operaciones encubiertas con dineros del narcotráfico.
Respecto a los diálogos de paz, la comitiva insurgente señala de nuevo la imperiosa necesidad de cambiar la política de guerra a las drogas, que ha demostrado su completo fracaso.
Insisten los representantes de las FARC en que se constituya una comisión para el esclarecimiento de la verdad de la historia del conflicto, con el fin de “comenzar y dar buen rumbo” al debate sobre las víctimas del largo conflicto armado colombiano.
Finaliza el comunicado celebrando la restitución del alcalde Gustavo Petro a su cargo, argumentando que “solo la Constituyente podrá dar estabilidad institucional y generar las condiciones que garanticen el ejercicio pleno de la democracia”.
FARC-EP responde al Departamento de Estado de los Estados Unidos
La Habana, Cuba, sede de los diálogos de paz, abril 24 de 2014
Iniciamos hoy el ciclo 24 de las conversaciones, que buscan la paz para Colombia, bajo el fuego cruzado de hostilidades guerreristas.
En actitud que solo puede ser asociada a presión y chantaje injerencista, el Departamento de Estado de los Estados Unidos, ofrece millones de dólares como recompensa por cualquier información que ayude a capturar al comandante de las FARC, Timoleón Jiménez, y a plenipotenciarios de paz de la guerrilla, a quienes califica mentirosamente, como principales narcotraficantes colombianos.
No puede tener autoridad moral un gobierno que se hace el de la vista gorda ante el hecho notorio de que la CIA maneja el negocio del narcotráfico mundial, de donde deriva la financiación de sus operaciones encubiertas y de desestabilización de gobiernos legítimamente constituidos, para eludir por esa vía el tener que rendir cuentas al senado y al propio pueblo estadounidense, de conductas que contradicen las leyes norteamericanas.
De hecho el Departamento de Estado al descalificar a la guerrilla, descalifica al gobierno colombiano que dialoga con la insurgencia política. Es contradictorio que mientras el presidente Obama ha expresado su apoyo al proceso, voceros del Departamento de Estado actúen a contracorriente de ese propósito.
Tanto el Presidente de la República, como sus plenipotenciarios en la mesa han afirmado que la guerrilla de las FARC no es una organización narcotraficante y que por eso están dialogando con ella.
No ayuda a la reconciliación de Colombia el gobierno de los Estados Unidos con sus tergiversaciones de la realidad sobre el tema del narcotráfico que hoy se discute en la mesa de conversaciones -sobre todo en momentos en que el país espera, después de tantas décadas de guerra auspiciada por Washington-, por fin un gesto de sensatez que contribuya a encontrar los esquivos caminos de la paz.
En medio de estas circunstancias desafortunadas retomamos, sin embargo, la discusión del cuarto punto de la agenda con toda la decisión de lograr un acuerdo pronto que defina de una vez por todas, una política contra las drogas de uso ilícito, que, de manera soberana y con énfasis en el respeto a los derechos humanos, supere la fracasada política prohibicionista de la llamada guerra global a las drogas lanzada por el Presidente de los Estados Unidos, Richard Nixon, hace 40 años.
Requeriremos para ello, seguramente, del concurso de las naciones del mundo y del especial esfuerzo de nuestras comunidades afectadas para, a partir de una conferencia mundial que de manera científica y sin sesgos ideológicos aborde el problema, mancomunadamente encontremos las vías que conduzcan a la solución definitiva del flagelo.
Como plantea el informe de la comisión global de políticas de drogas de 2011, puesto que la guerra a las drogas ha fracasado, se necesita cambiar la política ya.
Finalmente, para referirnos a la discusión del quinto punto de la agenda, el de víctimas, insistimos, como lo planteamos hace nueve meses, en que urge la estructuración de la Comisión para el esclarecimiento de la verdad de la historia del conflicto. Sin proceder con este paso, es difícil comenzar y dar buen rumbo a ese debate.
Delegación de Paz de las FARC-EP
Adenda
Para las FARC-EP los derechos políticos, como el derecho mismo a la vida, son tutelables. La tiranía del Procurador y los abusos del poder no pueden -como lo pretendieron respecto al futuro de la alcaldía de Bogotá-, echar por tierra este principio elemental de la convivencia ciudadana. Solo la Constituyente podrá dar estabilidad institucional y generar las condiciones que garanticen el ejercicio pleno de la democracia.
Tomado. Agencia Prensa Rural
