Mucho se ha dicho sobre cuál debe ser la forma como se
implementen los acuerdos alcanzados en la mesa de diálogos en La Habana, para
el gobierno y la élite estos se deben ratificar con un plebiscito, donde los
colombianos decidan la pertinencia de los acuerdos. Es decir, si están de
acuerdo votaran por el sí y si no
están de acuerdo votaran por el no.
esa sería la participación, de acuerdo a esto, posiblemente se daría la
continuidad del conflicto o el fin.
En cambio para la insurgencia y otros sectores sociales, el
fin del conflicto se debe implementar con una nueva Carta Magna, donde exista
participación de todos los sectores sociales sin excluir a
ninguno, en igualdad de
condiciones, una construcción colectiva sobre el nuevo país después de un
prolongado conflicto.
Sin duda, para la élite esta decisión puede representar un
peligro para su permanencia en el poder, acostumbrada a
acomodar todo para su beneficio y justificar sus medidas represivas bajo el
discurso de la amenaza interna que va desde el comunismo, pasando por el
terrorismo hasta llegar al castro-chavismo, todos estos fenómenos han incidido
en el poco desarrollo y en el crecimiento desmedido de las Fuerzas Armadas,
según argumentan varios sectores políticos y económicos del país.
Sin olvidar, que la extrema
derecha también le está apostando a una nueva Constitución haciendo cuentas de
lo que según dicen los medios de desinformación el gran apoyo con el que cuentan,
esto muy seguramente les daría un mayor número de representantes lo que daría
lugar a mayor incidencia en los temas que se debaten y podrían proponer la
re-elección indefinida para beneficio propio, solo para el mesías colombiano.
Como lo ocurrido en la
Constitución del 91, donde la participación de las guerrillas desmovilizadas no
se concretó en acuerdos que transformaran el Estado, sino que por el contrario
esta fue rápidamente cooptada por las élites por lo que se perdió la
oportunidad de un nuevo escenario político, económico y social. Entre ellas
impedir el salto al modelo neo-liberal.
Esto es lo a lo que el
gobierno le apuesta, al ofrecer una cuantas curules a la insurgencia por un
periodo determinado y de esta forma concluir con el proceso de paz, sin que se
transforme nada, eso sin olvidar que estos mismos sectores consideran que un
proceso de paz debe ser exitoso si todos y cada uno de los insurgentes paga un
largo periodo en la cárcel, entendiendo que son solo ellos los que cometieron
delitos, he impedir su participación política.
Aquí surge un
interrogante que pasa cuando una Comisión de la Verdad determine que en la
existencia de un conflicto como el colombiano participaron diversos sectores
que cometieron un sinnúmero de delitos en la sombra, fueron los determinadores,
auspiciadores, patrocinadores y beneficiarios de masacres, desplazamiento
forzado, desapariciones entre otros. Será que estos cuentan con un fuero
especial.
Hasta este momento, el
gobierno le ha dado a entender a la opinión pública que la insurgencia ha sido
derrotada, por ello la tiene sentada en la mesa, donde se negocia su entrega
sin que medie ningún acuerdo de paz, de ahí que en el Congreso apruebe el marco
jurídico para la paz, el umbral del plebiscito, la participación de la
insurgencia en el Congreso. Sin olvidar, el tema de la extradición que se
utiliza como castigo si los insurgentes no obedecen.
Todos estos temas se
debaten sin que se discutan en la mesa, con el fin muy seguramente de quitarle peso
a los acuerdos, en esto Santos es experto, nada raro tendría que un día
informara a los colombianos en alocución televisada que eso tales acuerdos no
existen y que ordenó la captura de los insurgentes.
Por ello, el fin del
conflicto debe y tiene que ser ratificado en una nueva Carta Magna, más de 50
años no se pueden convertir en un sí
o no, con ellos, se estaría dejando
el espacio abierto para el surgimiento de nuevos conflictos no solo del Estado,
sino de otros sectores sociales o delincuenciales.
