Sobre las declaraciones emitidas por el Brigadier General, Jorge Humberto Jerez Cuellar y el Coronel Rodríguez, comandante de la Brigada Móvil 28, en donde se pretende desconocer la calidad de víctimas de los campesinos e indígenas desplazados forzadamente y se pretenden negar y encubrir los hechos de infracciones y violaciones a los derechos humanos cometidos por las unidades militares que dirigen. La Red de Derechos Humanos del Suroccidente Colombiano “Francisco Isaías Cifuentes”, expresa:
Desde mediados del mes de febrero fecha en la cual hicieron presencia en la parte alta del municipio de Miranda integrantes de la Fuerza de tarea Conjunta Apolo, a la fecha, de acuerdo a información recibida de las victimas directas o indirectas con preocupación hemos registrado y denunciado públicamente, actos de: Homicidios, desapariciones forzadas, herida de civiles en acciones bélicas, ataques indiscriminados, ataques a bienes civiles y culturales, destrucción de bienes civiles y culturales, ocupación militar de bienes civiles y culturales, ataque a bienes indispensables para la supervivencia, retenciones ilegales, actos de empadronamientos, señalamientos y hostigamientos a civiles.
La Red de Derechos Humanos “Francisco Isaías Cifuentes”, las Juntas de Acción Comunal, la asociación Pro-constitución Zona de Reserva Campesina Municipio de Miranda, las autoridades del Cabildo y las victimas directas han puesto en conocimiento presuntos y sistemáticos hechos de vulneración a derechos constitucionales y legales ante instituciones nacionales tales como la Defensoría Regional del Pueblo, La personería Municipal y La Procuraduría, al igual que ante organismos internacionales como el Comité Internacional de la Cruz Roja y la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Colombia.
Pese a lo anterior la alta comandancia de la Fuerza de Tarea Conjunta Apolo y la Brigada Móvil No. 28, al igual que la oficina jurídica. Osadamente insisten y manifiestan:
1. Que no conocen casos individualizados de posibles acciones de infracciones al DIH imputables a las tropas a su mando. Por lo cual requieren que las denuncias y quejas se presenten ante la estructura militar para adelantar los correctivos necesarios.
2. Que las tropas a su cargo están para proteger los derechos de la población y que cumplen cabalmente la ley. Que dudan de que hayan casos como los descritos porque los integrantes del ejército conocen las normas que los rigen.
Y a su vez insisten en que en caso de que se presente algún hecho aislado además de la denuncia o el testimonio debe grabarse fotográfica o video gráficamente dicha acción.
Por lo expresado anteriormente, nos manifestamos ante la opinión pública nacional e internacional, señalando que:
1. La legitimidad y legalidad, no son enunciados retóricos y menos escudos de impunidad en un Estado social y democrático de Derecho, en el cual existe la división de poderes. Institucionalmente existen organismos civiles los cuales tienen la función de la protección, promoción y prevención en materia de Derechos Humanos e instancias judiciales encargadas de investigar y sancionar hechos de transgresiones normativas
Ante la indolencia e impunidad Estatal, internacionalmente existen mecanismos y organismos intergubernamentales con mandatos claros y precisos en relación a la protección, promoción y prevención en materia de Derechos Humanos.
La decisión del Gobierno y de la Fuerza Pública de responder a actos de violencia contra el pueblo colombiano con shows mediáticos e invisibilizacion de los justos reclamos populares, afectan el curso de las investigaciones y la dignidad de las victimas; la pretensión estatal de desconocer la individualización de casos ante autoridades civiles, lejos de brindar estabilidad jurídica y tranquilidad a los pobladores de la región evidencian la debilidad y el desespero del estado por el fracaso de sus estrategias y de su accionar cotidiano.
2. Ante las dudas del señor Brigadier General JORGE HUMBERTO JEREZ CUELLAR, y sobre su afirmación que las condiciones para el retorno de las familias desplazadas ya están dadas y que a orientado a sus tropas a respetar el DIH. Además de solicitar la remisión a las denuncias publicas emitidas el día de hoy, anexamos dos de las imágenes del material fotográfico recopilado el día de ayer 4 de junio de 2012, en donde claramente se evidencia: a. La ocupación del bien de propiedad del señor HERNAN GOMEZ, predio en donde se encuentra ubicado el tanque de almacenamiento del agua de la vereda Monteredondo, b. La indebida identificación de los hombres a su mando al carecer de distintivos e insignias, y c. La grabación sin autorización por parte de un militar de los integrantes de la comisión. VER FOTOS ANEXAS
Sumándonos a la petición de las comunidades y de la Defensoría Regional y nacional del pueblo, solicitamos que además de brindar de forma urgente la ayuda humanitaria de emergencia para los desplazados masiva y forzosamente, se adopten medidas para el retorno en condiciones de voluntariedad, seguridad y dignidad y se adopten mecanismos de no repetición.
De igual forma, Solicitamos:
1. A la Defensoría del Pueblo, la Procuraduría General de la Nación y los organismos internacionales de promoción y protección de los derechos humanos. Una rigurosa investigación sobre la situación que están padeciendo los pobladores del Municipio de Miranda.
2. Al Estado Colombiano, se garanticen los derechos a la vida, la integridad personal, la intimidad y la propiedad de la población civil que habita en las zonas en conflicto.
Por: Red de Derechos Humanos del Suroccidente Colombiano.
Tomado: Agencia Prensa Rural
