En los últimos días se ha
venido discutiendo sobre cómo debe ser la justicia transicional, algunos como
un ex-presidente lanzo su muy “innovadora” propuesta que se puede resumir en
echar todo en el mismo saco y ya, esto se puede interpretar como borrón y
cuenta nueva.
Lo que parece poco probable,
si tenemos en cuenta el largo conflicto interno que ha azotado los campos, las
numerosas víctimas que ha dejado no solo de parte de la insurgencia, sino la
forma como el Estado, ente regulador de toda sociedad, se ha aliado con un sin
número de delincuentes, empresarios, políticos, paramilitares, multinacionales,
con el fin expreso de eliminar la diferencia no con debates ni políticas
acordes al desarrollo social y económico que le corresponde como nación, sino con
el exterminio de la que han sido víctimas, por ello no pueden estar todos en el
mismo saco.
Esto quedó evidenciado en el
informe presentado por la Comisión histórica, aunque los expertos designados
por el gobierno se esforzaron por negar la participación del Estado y la forma
como este ha buscado mecanismo para eliminar la diferencia, anterior al
surgimiento de las guerrillas, las evidencias históricas son irrefutables, al
negar la existencia de nuevos actores sociales, políticos que reclamaban sus
derechos a participar en la construcción de sus propias identidades.
No solo al obstaculizar el
surgimiento del Partido Comunista, sino al quitarle la personería jurídica y
sin ir más lejos a la eliminación a sangre y fuego del que fue víctima el
partido político Unión Patriótica. La pregunta que surge ¿será que un Estado se
puede considerar legitimó cuando actúa en connivencia con criminales para mantener
el “statu quo”, contra una parte de la sociedad.
Es justamente en el Estado donde
se encuentran las raíces del conflicto y la forma como ha pretendido ejercer
control sobre la sociedad que busca nuevas alternativas de poder político,
social y económico. Frente a una elite profundamente sectaria que se apodero
del control estatal durante toda la vida republicana, para ello solo se
necesita echar un vistazo desprevenido de los apellidos que se han repetido en
una constante sinfín, como dato en Colombia han gobernado aproximadamente 48
familias que se han aliado, mezclado emparentado quedando convertidas en 24,conformando
verdaderas dinastías. ¿Será que a esto se le puede considerar participación
democrática?
Si bien, la historia tiene
varias interpretaciones y estas se dan de acuerdo a quién la escribe e
interpreta, lo que no se puede negar es la forma como el Estado actúo como
dinamizador del conflicto, no solo en el periodo de La Violencia, que va desde
finales del 40 hasta mediados de los años 60, donde estas mismas élites sin que
le importara la sociedad enfrentó a los campesinos en los campos por unos
supuestos colores políticos que en la esencia han constituidos una sola
contienda política, lejos de constituir lo que Maurice Duverger denomina
partidos políticos.
Fue así como estas élites
que en ningún momento perecieron los rigores de la guerra, lograron pactar
acuerdos, no con la sociedad sino entre ellos para permanecer en el poder y
repartirse el botín del Estado de forma equitativa, esto les resultaba más
fácil que dejar a los electores decidir, pues la permanencia de uno u otro
color político los podría dejar por fuera de las ganancias que representa
administrar el Estado.
La creación del Frente
Nacional, no se puede plantear como lo han dicho algunos el freno a la
violencia, descociendo las múltiples masacres que se presentaron, la represión
por parte del Estado a comunidades enteras; como Marquetalia, Pato, Guayabero,
Sumapaz, Villarica, solo para nombrar algunas. Ya estas son más selectivas y dirigidas
con objetivos precisos con la ayuda de EEUU, como lo documenta el historiador
Vega Cantor.
Frente a estos hechos el
Estado según se ha dicho tenía que mantener el “orden” cuál no sabemos hasta
ahora. Por lo que la responsabilidad viene a ser de la insurgencia más
concretamente de un grupo de campesinos que producto de una mala noche se levantaron
con el ánimo expreso de joder a la sociedad que en palabras del elocuente
sociólogo francés Pécaut desataron una guerra contra la sociedad, por lo que el
pobre Estado casi agónico se defendió, dejando solo un número limitado de
muertes menos que las del Cono Sur, para ser más precisos.
Sin duda está es la
justificación que tiene el Estado frente a su accionar violento en contra de la
población, sin hacer mención no solo a este tipo de violencia, sino la que ha
dejado su modelo económico, fortalecido por las políticas que solo han
beneficiado a un sector de la sociedad, empobreciendo al resto, sin educación
ni posibilidad de movilidad social.
Estas evidencias no solo
muestran como el Estado ha actuado en contra de un sector de la sociedad, sino
que ha permitido la continuidad del conflicto alimentándolo diariamente con
planes estratégicos de orden militar, político y peor aún económico, la firma
de los TLC, pueden explicar hacia donde nos dirigimos.
Sobre
las discusiones en La Habana
Para los sectores que
representan la institucionalidad, parece que lo más importante, no son los
acuerdos a los que se pueda llegar, pues dan por entendido que las FARC, están
negociando su salida más digna sin que medie cualquier acuerdo político, la
discusión más importante parece ser cuantos años de cárcel pagara Márquez,
Timocheko o Catatumbo, esta es la obsesión del procurador, Uribe y su sequito,
además dan por entendido que jamás se convertirán en una opción política.
En lo que sí tienen razón es
en decir que no se pueden igualar militares y guerrilleros, porque los primeros
actuaron bajo la institucionalidad y protegidos por una Constitución por lo que
se debe ser más severos, representan la institucionalidad y el orden. Caso
contrario los insurgentes se levantaron en armas contra el Estado y asumieron
el riesgo que deriva la militancia armada.
Por ello, el gobierno sigue
con sus planes de compra de armamento, el ensanchamiento del latifundio, desconociendo
los acuerdos pactados y lo que se había establecido como las zonas de reserva
campesina. Firmando acuerdos de cooperación con la OTAN, entre otros. Es decir,
si se firma la paz seguiremos igual. Porqué el modelo económico no está en
discusión ni el ordenamiento de las Fuerzas Militares, mejor si se acuerda como
mejorar su capacidad y accionar dándole mejor campo de acción con un fuero
militar y la creación de un fondo para la defensa de estos “héroes”, que
sacrifican su vida porque el resto podamos dormir en paz.
Finalmente el Estado no debe
ser indultado, por el contrario debe ser enjuiciado y con ello sus gobernantes,
es decir se les debe hacer un juicio histórico a todos los que nos han mal
gobernado, cuál ha sido su responsabilidad y los delitos que cometieron, sin
duda la corrupción, el clientelismo la asociación con grupos de delincuentes,
empresarios y políticos, creación de paramilitares; que constituyeron y
constituyen lo que se puede denominar una empresa criminal, de ahí, que todos
no caben en el mismo saco. No se debe eludir la responsabilidad de todos los
que actuaron en la sombra y con ello contribuyeron a fortalecer sus riquezas,
ordenando masacres, desplazando, entre otros muchos delitos, sin olvidar el
papel violento de las multinacionales.
En este sentido deberá
abrirse un capítulo, sobre cómo ha sido el accionar de estas, los empresarios y
los beneficios que han recibido los gobierno de modo individual por dejar
operar dichas compañías, así mismo con algunos empresarios que han buscados
beneficios a partir de leyes y normas que solo los beneficia de manera
particular.
De no ser así Colombia
seguirá transitando por los caminos de la violencia la exclusión social,
alimentando la guerra. De ahí la importancia del documento de la comisión
histórica, que debe servir de estudio al interior de la sociedad desde la
escuela hasta la universidad, donde se generen debates académicos, de lo
contrario el documento se convertirá en letra muerta.
Por: Jesús Sierra. Estudiante de La Universidad Nacional de Colombia
