'El proyecto de ley está listo para ser entregado al Congreso Nacional en cualquier momento', aseguró el mandatario la víspera.
A juicio de Bolsonaro, abrir esa posibilidad será para los indígenas algo equivalente a lo que supuso para los negros la Ley Áurea, norma con la cual se abolió la esclavitud en 1888.
'Queremos que el indio pueda, en su tierra, hacer todo lo que el granjero puede hacer en la suya... voy a inventar un nombre, quiero dar una Ley Áurea para los indios', enfatizó.
Al respecto, la Coordinación de Organizaciones Indígenas de la Amazonia Brasileña (Coiab), la cual representa a 180 pueblos originarios en el 98 por ciento de los territorios indígenas del país, ha declarado que se opondrá a la minería en esas regiones, incluso si los afectados la aprueban y reciben indemnizaciones a cambio.
'Nosotros ya tenemos experiencia con compensaciones económicas. Esa experiencia nos llevó a concluir que la destrucción de un río o de una montaña no vale lo que el gobierno o las empresas pagan. Además, esa destrucción pone en peligro la vida de los pueblos originarios', enfatizó a la prensa el vicecoordinador de la Coiab, Mario Nicacio.
El proyecto de ley en cuestión es apoyado por miembros del gobierno de Bolsonaro, el Instituto Brasileño del Medio Ambiente y de los Recursos Naturales Renovables y por la Fundación Nacional del Indio, pese a haber sido redactado sin el involucramiento de los pueblos originarios de Brasil.
Sin embargo, el presidente de la Asociación Brasileña de Empresas de Investigación Mineral, Luís de Azevedo, respalda a los indígenas en la controversia sobre la explotación de sus tierras.
Por otra parte, las probabilidades de que el nuevo proyecto de ley de Bolsonaro sea aprobado también causa inquietud debido a la violencia asociada a la minería.
Al respecto, varios especialistas han expuesto a la prensa que en la actualidad la minería ilegal causa estragos tangibles en las tierras indígenas, donde los pueblos originarios suelen ser blanco, como lo demuestra el caso de Emyra Wajapi, la cacique asesinada en julio pasado cuando buscadores de oro invadieron el territorio de su tribu en el estado Amapá.
En la actualidad, la ley brasileña sólo permite en las tierras demarcadas como territorios indígenas actividades agrícolas y ganaderas de subsistencia y autoconsumo.
Estos territorios representan el 13,8 por ciento del área nacional y su delimitación supone la herramienta más eficiente para evitar la deforestación de la Amazonía.
Desde antes de ser elegido como presidente, Bolsonaro advirtió que no pensaba regularizar más territorios indígenas, mientras pretende legalizar actividades económicas dentro de esas zonas, tras la escusa de que los indígenas deben tener una supuesta autonomía.
Tomado: Tercerainformacion
