El pasado 5 de diciembre, la Asociación Campesina del Catatumbo, Ascamcat, presentó el informe Relatos Campesinos para el Esclarecimiento de la Verdad en el Conflicto Armado en el Catatumbo 1985-2020 en donde se reflejan los hechos victimizantes que en el marco del conflicto armado se dieron en contra de esta organización.
Este informe, el cual fue llevado ante la Comisión de la Verdad, busca entre otras cosas, evidenciar los múltiples elementos que marcaron el territorio en el marco del conflicto armado, reflejando los patrones comunes que en el tiempo sellaron la violencia territorial, entre los que se destaca: la violencia política contra el partido Unión Patriótica desde 1986, la intervención militar extranjera y antinarcóticos en el municipio de La Gabarra desde 1994 a 1998, la llegada con mayor contundencia del paramilitarismo en 1999 y 2005, las ejecuciones extrajudiciales en el marco de la política de seguridad democrática del gobierno de Álvaro Uribe Vélez, entre otros hechos.
Como parte esencial para el análisis del conflicto regional, Ascamcat, muestra que, en términos económicos, el conflicto se agudizó mediante la financiación de grupos paramilitares del Bloque Norte y el Bloque Catatumbo de las AUC, a través del acaparamiento de tierras productivas en lugares estratégicos, especialmente en los municipios de Sardinata y Tibú, que fueron utilizados para la agroindustria y la explotación de minerales. Y, a través de las relaciones de poder financiero para sostener la guerra, particularmente de las empresas petroleras.
Cifras de la agresión
Bajo este panorama dan cuenta de cinco masacres de integrantes de la organización, dos desapariciones forzadas, siete desplazamientos forzados, seis secuestros, cuatro personas víctimas de tortura, tres agresiones sexuales, un homicidio a persona protegida y ocho personas víctimas de reclutamiento forzado. Situación que trajo consigo el desarraigo de la tierra, la desintegración familiar de las comunidades, afectaciones psicológicas y pérdida de la calidad de vida, marginamiento y estigmatización sobre el territorio y la negación a una serie de derechos sociales, culturales y políticos que ayudaron a que en el territorio se ahondara el marginamiento poblacional, creciera la pobreza y la exclusión de las comunidades.
Este importante documento a su vez, hace una justa reivindicación a las luchas campesinas; las cuales históricamente han sido señaladas y estigmatizadas. La presentación del informe se dio de manera virtual dadas las condiciones actuales de la pandemia.
Para profundizar en dicho informe de la organización campesina, VOZ se contactó con Juan Carlos Quintero Sierra, directivo de la Asociación Campesina del Catatumbo, quien a su vez estuvo presente en la entrega del informe.
¿Qué objetivo tiene el informe Relatos campesinos para el esclarecimiento de la verdad sobre el conflicto armado en el Catatumbo 1985-2020?
–El objetivo que tiene el informe relatos campesinos para el esclarecimiento de la verdad en el conflicto armado en el Catatumbo en un periodo que trató de 1985 al 2020 tiene como propósito fundamental: establecer la relación del conflicto en cuanto a sus causas, en las que por lo menos determinamos elementos como la violencia estructural, la violencia estatal a partir de la incursión del paramilitarismo, el surgimiento y presencia de grupos insurgentes en nuestro territorio, la relación de la violencia con la explotación de recursos minero-energéticos en el territorio. Son estas algunas de las causas que identificamos de generación de violencia en relación con la guerra en el Catatumbo, pero también hechos evidenciados desde el punto de vista de la resistencia campesina.
El informe también trabaja los elementos de las luchas campesinas en el Catatumbo, ¿Verdad?
–En este informe hemos marcado mucho como ha sido la respuesta del Estado en los últimos 30 años en relación a las luchas campesinas y, nos referimos particularmente al paro del nororiente, a las marchas cocaleras del 96 y más recientemente al paro campesino del 2013 y del 2017 donde la respuesta del Estado ha sido la eliminación física y la persecución judicial a los y las dirigentes agrarias, por tanto, ha sido un patrón que se ha repetido a lo largo de los años.
Ver. Seminario Voz.
