El presidente de facto de Egipto, Adly Monsour, aprobó ayer una polémica ley que limita las protestas en el país. La medida generó la preocupación de activistas y organismos de derechos humanos, en momentos en que los seguidores del gobierno derrocado siguen reclamando en las calles. La nueva ley parece estar escrita para evitar las próximas manifestaciones de los Hermanos Musulmanes y otras organizaciones islamistas que después de más de cuatro meses siguen pidiendo la vuelta al poder del gobierno de Mohamed Mursi, derrocado por un golpe de Estado cívico-militar.
Según el texto de la norma, que se publica hoy en el boletín oficial egipcio, se debe notificar a la policía, con una antelación de tres a quince días, cualquier convocatoria de protesta. Eso incluye los lugares por los que pasará la marcha, su fecha y sus demandas, así como los datos personales y de contacto de los organizadores. Si el gobierno no autoriza la protesta, la decisión puede ser recurrida ante la Justicia, la misma que desde el golpe de Estado del 3 de julio imputó a cientos de aliados de Mursi, y a líderes de la Hermandad Musulmana y su brazo político, los dos principales apoyos del mandatario derrocado.
Quedan prohibidas las reuniones con fines políticos en los lugares de culto y las marchas que partan o se dirijan hacia esos templos; llevar armas y artefactos explosivos y el uso de máscaras y mantas para ocultar los rasgos faciales. No se podrá convocar protestas frente a edificios públicos cuando haya personas en su interior, como en el caso del Parlamento, el Consejo de Ministros, sedes militares y de organizaciones internacionales, centros educativos, hospitales, museos y lugares arqueológicos. Las fuerzas egipcias podrán disolver las protestas si consideran que revisten un peligro para la seguridad: la policía podrá utilizar cañones de agua, gases lacrimógenos o porras y si ninguno de esos medios funciona, podrá disparar al aire y hasta lanzar bombas de humo y de sonido. Las armas de fuego se utilizarán midiendo el peligro o el daño que suponen las protestas para los seres humanos o las propiedades. Si alguno de estos artículos son violados, la ley establece penas de cárcel y multas.
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