Podrán ser sancionados con entre 30.001 y 600.000 euros quienes participen en esas concentraciones, las convoquen, dirijan o presidan.
La medida se extenderá también, según la intención del Gobierno, a las manifestaciones no comunicadas ante el Senado, los Parlamentos regionales y los altos tribunales, catalogadas todas como infracciones muy graves.
Fruto de la imposición de medidas neoliberales por parte del Gobierno de Rajoy, el parlamento español ha sido en los últimos dos años escenario de reiteradas manifestaciones, en algunas de las cuales se produjeron disturbios y duras cargas policiales contra quienes allí se concentraron.
El Ejecutivo de Rajoy prepara una ley llamaada de “seguridad ciudadana” paralela a una reforma del Código Penal que pretende endurecer y criminalizar la legítima protesta social. Según los medios, el consejo de ministros hará este viernes un primer análisis de la ley en preparación.
Esta castigará también los escraches (protestas de acción directa) a políticos, como los que tuvieron lugar hace meses por los desahucios por impagos de hipotecas, con multas que se moverán en la misma horquilla que la de las concentraciones junto al parlamento, según la propuesta del ministerio del Interior.
Insultar a un policía será considerado infracción grave y podría costar a quien lo haga hasta 30.000 euros de multa.
Tomado: La Radio del Sur
