Cuando en Colombia se habla de parapolítica, todos los caminos conducen al expresidente Álvaro Uribe Vélez, enemigo enconado de los diálogos de paz y flamante candidato a senador por su nuevo partido, Centro Democrático, mientras los principales colaboradores de su gobierno están condenados o enfrentan juicios por vínculos con el paramilitarismo
Como gobernador del departamento Antioquia (1995-97), Uribe fue un férreo impulsor de las empresas de seguridad Convivir, que eran una modalidad para tener grupos armados “en blanco”. Durante esa gestión se otorgó una licencia a la firma Horizonte, solicitada por el jefe paramilitar Salvatore Mancuso y cuyos miembros estaban dotados por el Ejército de 15 subametralladoras, 15 pistolas automáticas 9mm y 15 fusiles, según consta en el informe de la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada de 1996.
En octubre de 1996 el gobernador Uribe solicitó que se legalizara la portación de armas de largo alcance para las Convivir, para “convertirlas en grupos de reacción inmediata en apoyo de las fuerzas armadas”. Es decir, alentó la existencia de civiles armados con funciones que técnicamente deberían ser exclusivas del Estado.
La alianza entre las “autodefensas” y las Convivir era evidente. “Los paramilitares promovieron la conformación de por lo menos 10 de las Convivir que operaban en el norte del país”, declaró Mancuso en una audiencia ante la Unidad de Justicia y Paz de la Fiscalía General de la Nación, el 15 de mayo de 2007.
Uribe se presentó a las elecciones presidenciales como candidato por el movimiento Colombia Democrática, del cual la totalidad de los legisladores han sido investigados y encarcelados por sus nexos con paramilitares. Todos fueron firmantes del pacto secreto de Santa Fe de Ralito, donde se sentaron las bases para la negociación que derivó en la desmovilización de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC). Se habló de “refundar la patria”, lo que implicaba la toma del poder. La campaña se hizo a base de asesinatos selectivos e intimidaciones.
Apenas asumió la Presidencia, Uribe presentó una iniciativa para conceder un indulto general a los paramilitares y crear condiciones para que tuvieran representación parlamentaria, y también en los consejos y asambleas regionales. El punto fue derogado por la Corte Constitucional el 9 de julio de 2003, pero quedó clara la intencionalidad.
Santa Fe de Ralito fue nuevamente escenario de negociaciones, esta vez públicas, entre el gobierno y las AUC. Y en el marco de esas conversaciones, los jefes paramilitares Mancuso, “Ernesto Báez” y Ramón Isaza visitaron el Congreso en una sesión televisada en vivo para todo el país, en la que calificaron su accionar como una “gesta patriótica”.
“Apenas ahora, a partir de este proceso de paz, se conoce la historia dura, heroica y hasta mítica de las autodefensas, verdadera epopeya de libertad de la nación y del pueblo colombiano, cuando se hizo cuestión de vida o muerte asumir con dignidad la defensa de la patria y tomar medidas excepcionales para liberar a nuestro suelo del azote guerrillero”, dijo Mancuso, vestido con un traje impecable y zapatos italianos, ante el Congreso colombiano (ver apéndice documental). Lo aplaudieron 58 de los 60 congresistas presentes.
Al poco tiempo, Vicente Castaño, fundador de las AUC, dijo a la revista Semana que los paramilitares controlaban 35 por ciento del Congreso, según destaca el libro “Violentología”, del periodista estadounidense Stephen Ferry.
El tema comenzó a complicarse para los parapolíticos cuando la Corte Constitucional dispuso que los comandantes de las AUC desmovilizados debían confesar “la verdad completa” de sus crímenes, según refirió a Télam Luis Guillermo Pérez Casas, miembro de la Corporación Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo (CCAJAR).
Mancuso fue llamado a declarar en el marco de la Ley de Justicia y Paz, y acusó a Mario Uribe, primo y aliado político del presidente, de colaborar con las AUC para hacerse elegir. Se abrió una investigación y el senador buscó asilo político en la embajada de Costa Rica, que se lo negó. Fue condenado a 90 meses de prisión por conspirar con las AUC.
Álvaro Uribe acusó a la Corte Suprema de Justicia de conspirar en su contra. Los teléfonos de los magistrados fueron interceptados, igual que los de defensores de los derechos humanos y periodistas, según reveló la prensa colombiana. El entonces responsable del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS, central estatal de inteligencia disuelta en 2011) está preso por este tema.
La tensión subía ante cada declaración de los jefes paramilitares. En mayo de 2008, súbitamente, Uribe argumentó que seguían delinquiendo y, por ende, incumpliendo el acuerdo de desmovilización, y extraditó a 13 de ellos a Estados Unidos, donde se los enjuició por narcotraficantes.
Pero las investigacinoes continúan. La Corte trabó nuevas extradiciones con el argumento que las declaraciones de los jefes paramilitares, además de destapar sus relacines con los políticos, dieron datos de masacres que permitieron comenzar a develar la trama del horror.
Ya con Juan Manuel Santos en el gobierno, la Corte Suprema siguió investigando y procesó al menos a 25 congresistas por conspirar con las AUC y colaborar en la planificación de masacres.
El actual alcalde de Bogotá, Gustavo Petro, acusó a Santiago Uribe Vélez, hermano del expresidente, de haber armado y liderado el grupo paramilitar El Clan de los Doce Apóstoles, que operaba en Yarumal, Antioquia.
Esta denuncia fue confirmada por en 2010 por el mayor retirado Juan Carlos Meneses, exjefe policial de esa población, quien agregó que Santiago Uribe había ordenado varios asesinatos en la región.
El tema también fue tomado en un libro homónimo por la periodista y politóloga Olga Behar, quien, sobre la base de testimonios, involucró con el grupo paramilitar al expresidente. Por seguridad no puede pisar territorio antioqueño, según afirmó a esta agencia.
Tomado. Telam/ LibreRed.net
