Para Federico Encizo, secretario general de la Federación de Estudiantes Secundarios de Paraguay, las intenciones del gobierno son claras en cuanto a la amenaza de entregar el sistema educativo estatal al sector privado.
En su respuesta a las preguntas de Prensa Latina no se observa la menor duda de que ese es el propósito del Ejecutivo y para ello se pretende utilizar la recién aprobada Ley de Alianza Publico-Privada, por lo cual los estudiantes piden su derogación.
Es una ley inconstitucional y los temores surgen de que, en lugar de aprobarse los recursos necesarios para invertir en la educación, única herramienta para sacar a la gente de la pobreza, se promulga dicha ley, apuntó.
Impetuoso, de hablar rápido y muy directo, el máximo dirigente de los alumnos de la enseñanza secundaria, relato los esfuerzos hechos por tratar que la ministra de Educación, Marta Lafuente, les recibiera a fin de escuchar sus reclamos y argumentos.
Ante ese fracaso hicimos un análisis nacional del estudiantado sobre los primeros 100 días del gobierno de Horacio Cartes y no hemos encontrado resultados positivos, vemos inransigencia hacia los docentes y un ecorte del 30 por ciento del presupuesto, dijo.
Reiteró que el gran temor es que la educación se privatice porque en el artículo 52 de la Ley de Alianza Público-Privada esa posibilidad se incluyó y eso impulsóse una movilización nacional y se analiza el eventual llamado a una huelga general estudiantil.
Por el momento, los recortes presupuestarios afectan al almuerzo escolar, los artículos necesarios y el posible regreso al pago de la matrícula, algo eliminado en gobiernos anteriores.
Se culpa a nuestros docentes de ser mediocres y se reducen los fondos destinados a su capacitación y por eso vamos a seguir en alianza con ellos y con todos los sectores populares, pues nos acompañan campesinos, gremios y también los padres, aseguró.
Recordó que la privatización no es el único peligro pues el Congreso y las leyes aprobadas le atribuyeron poderes especiales al presidente dela Republica a pesar de que la Constitución habla claramente del equilibrio de poderes y se hixo para tener manos libres para privatizar.
Evocó la mala situación física que tienen los centros educativos en todo el país que obligó, incluso, al cierre de una universidad en Carapeguá.
No hay una línea, una estrategia para demostrar que se quiere transformar la educación para alcanzar el desarrollo, pero si hay dilapidación de dinero en el Congreso y otras instituciones. Por eso protestamos y seguiremos haciéndolo, finalizó.
Tomado. Prensa Latina
