La Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH) considera que si el Gobierno tiene el verdadero objetivo de terminar con la impunidad del franquismo lo que tiene que hacer es derogar el artículo 213 de la ley de amnistía y ratificar la Convención sobre imprescriptibilidad de los crímenes de guerra y lesa humanidad.
La enmienda que se presentó ayer sobre la posibilidad de que sean juzgados los crímenes del franquismo es poco más que una recomendación que repite el enunciado del artículo 96 de la Constitución de 1978 que determina que los tratados internacionales son normas de régimen interno*.
Eso significa que si se mantiene en vigor la Ley de Amnistía se mantiene una herramienta para que los jueces sigan negándose a investigar los crímenes de la dictadura.
Y si no se ha ratificado la Convención sobre imprescriptibilidad de crímenes de lesa humanidad es por falta de voluntad política de todos y cada uno de los gobiernos que han tenido la posibilidad de hacerlo.
Entre las enmiendas hechas públicas ayer por los dos partidos del Gobierno se incluye una recomendación a los jueces para que interpreten de cierta manera las leyes. Eso no supone ninguna garantía para que los crímenes de la dictadura vayan a ser juzgados. Las leyes internacionales que los jueces españoles se niegan a utilizar llevan en vigor muchos años y ante las decenas de denuncias que la ARMH ha llevado a cabo en distintos puntos de la geografía española la respuesta judicial a todas ellas ha sido negarse a una investigación penal de las desapariciones forzadas.
Argentina, qué es un país de referencia en la persecución de crímenes de una dictadura, tumbó en el año 2006 sus leyes de amnistía, de Punto Final y Obediencia Debida, e inició la persecución judicial de los perpetradores habiendo realizado desde entonces cientos de condenas a militares, civiles y religiosos que habían formado parte del aparato represivo de su dictadura.
Para Emilio Silva, presidente de la ARMH, “el texto tiene que mejorar considerablemente en su trámite parlamentario e incorporar una denuncia a los perpetradores de las violaciones de derechos humanos porque no los acusa, no nos va a contar quiénes eran y qué hicieron; y por no mencionarlos, el proyecto de ley ni siquiera menciona a la iglesia católica en ninguna de sus 75 páginas, como si esa institución, responsable de una terrible represión política y moral no hubiera pasado por allí”.
Tomado: tercerainformacion
