El pasado tres de noviembre se realizó en la ciudad de Montería, en el departamento de Córdoba, el lanzamiento de la Mesa Humanitaria y de construcción de paz, que arrojó importantes análisis sobre la grave situación humanitaria en la región y la política de Paz Total propuesta por el actual gobierno nacional, desde la construcción de la paz territorial. Este espacio contó con la presencia del expresidente Ernesto Samper y el jefe de la misión de verificación de la ONU en Colombia, Carlos Ruiz Massieu, la senadora Sandra Ramírez, del Partido Comunes, así como de líderes y lideresas sociales, organizaciones defensoras de los derechos humanos, campesinas, etc.
Córdoba, además de su presente situación de crisis humanitaria, ha sido uno de los departamentos más golpeados por los grupos paramilitares, los cuales, fueron la figura en el Acuerdo de Santafé de Ralito, en Tierra Alta Córdoba, firmado en julio de 2003, entre el gobierno de Álvaro Uribe y las Autodefensas Unidas de Colombia, cuyo objetivo era “la paz nacional, a través del fortalecimiento de la gobernabilidad democrática y el restablecimiento del monopolio de la fuerza en manos del estado». Pero, muy contrario al propósito expuesto por dicho gobierno, ni la paz, ni la desmovilización total de dichos grupos se dieron.
Hasta este momento tampoco ha existido una política desde el establecimiento que inste a su desarticulación y frene el copamiento territorial de estos grupos. Hoy Córdoba, no solo es uno de los departamentos con mayor control territorial por parte de los grupos paramilitares, también es uno en los que más se ha evidenciado la expropiación de tierras a campesinos, comunidades indígenas y afrodescendientes.
El panorama regional de DDHH
Para poner en contexto la presente situación local, según la “Estadística Delictiva” reportada en el Sistema de Información Estadístico, Delincuencial Contravencional y Operativo de la Policía Nacional, a corte del 30 de septiembre de 2022, en el departamento de Córdoba durante el año 2022 han ocurrido 302 homicidios, solo en el mes de septiembre fueron cometidos 48 crímenes, superando un poco más del doble de los ocurridos en el mes de agosto.
Según el Sistema de Alertas Tempranas de la Defensoría del Pueblo a través de la emisión de la Alerta N° 054-19, del 7 de septiembre de 2022, en el departamento persisten y se agudizan las dinámicas vulneratorias de DDHH e Infractoras del DIH en los municipios del Sur de Córdoba, entre esas, amenazas en contra de agentes del Estado y sus familiares, acumulación masiva de tierras por despojo, administración de justicia ilegítima y desarticulación de organizaciones comunitarias, supuesta omisión del deber de protección por parte de la Fuerza Pública. La alerta considera coordinar una reunión interinstitucional del orden regional y nacional, donde se evalúe la situación actual y se adopten medidas urgentes y adecuadas para la prevención y protección para la población civil identificada en el escenario de riesgo.
En este momento, Córdoba es el departamento del Caribe colombiano con más casos de homicidios a activistas de la región y el séptimo a nivel nacional. Si bien, los asesinatos de líderes y lideresas en relación al año anterior han disminuido, sigue una alta situación de riesgo. Además de evidenciarse el aumento de feminicidios y otras formas de violencia contra las mujeres.
Para el defensor de derechos humanos, Andrés Chica Durango, la situación en el departamento “se ha agudizado en los últimos cinco años, con especial atención en el Sur de Córdoba, con más de 402 homicidios ocurridos en lo que va de este año y cada mes suben la cifras de homicidios y a ello se suma el tema el hostigamiento a la comunidad, sobre todo indígenas por parte de la fuerza pública y también el confinamiento de comunidades, especialmente en la parte alta del Nudo del Paramillo, en este caso por el Clan del Golfo, de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia”.
Además del aumento de los feminicidios, que, según el defensor “solo en este año se han registrado 37 hechos, la gran mayoría han ocurrido en Montería. La semana pasada ocurrió, por ejemplo, el degollamiento de una mujer por parte del esposo. Entendemos que no hay una política pública clara desde el gobierno municipal y departamental que ayude a mitigar los escenarios de riesgo en materia prevención temprana de estas violencias”. Comenta Chica, que el reclutamiento forzado es otra de las dinámicas que genera alertas. “Cada día sufren los niños, niñas y adolescentes este flagelo en diferentes municipios. Hay utilización de ellos en el marco de las rentas ilícitas de estos grupos”.
En este sentido, en la instalación de la Mesa Humanitaria, Ruiz Massieu, delegado de la ONU, manifestó: «Tenemos muchas preocupaciones por la situación de seguridad, muchas preocupaciones por la situación en particular de las mujeres, de la violencia basada en género, del reclutamiento de niñas y adolescentes, del reclutamiento de jóvenes y de las condiciones de las comunidades indígenas». Para las organizaciones de derechos humanos, existe una dominación paramilitar, tanto por la parte norte como costanera, por parte del Clan del Golfo, con dos bloques y cuatro frentes. Y, pese a la amplia presencia militar institucional, en el caso del Sur de Córdoba de más de tres mil soldados, esto no ha sido garantía de derechos para la sociedad civil.
El llamado de la mesa humanitaria
Según Cervelio José Cogollo, representante de la Asociación Campesina para el Desarrollo del Alto Sinú, organización que defiende los Acuerdos de Paz, las comunidades presentaron un documento con unos mínimos humanitarios para buscar la paz completa. Y expresó que, fue relevante “instalar la mesa y hablar de los mínimos humanitarios. Los empezaremos a socializar con mucho compromiso en todo el territorio para que se den esos mínimos para tranquilidad de la población. El objetivo es desescalar el conflicto armado, pero con una visión de que se tiene que dar una paz total en el territorio, por un lado, teniendo en cuenta lo acordado entre el gobierno nacional y las Farc-ep, y, por otra parte, estamos pidiendo que se den unos acuerdos de paz en el territorio con los grupos armados ilegales aquí y también para el país”.
Dentro de los mínimos humanitarios también se encuentran: Respetar a los líderes y lideresas sociales, campesinas, ambientales y comunales, defensoras y defensores de DDHH, firmantes de paz, autoridades étnico-territoriales, etc. Desvincular de las prácticas de guerra el uso de los bienes protegidos, lugares sagrados, territorios colectivos y fuentes de supervivencia social y económica. Respetar el cuerpo de las mujeres y las diversidades sexuales y abstenerse de llevar a cabo violencias basadas en género. Poner fin a las prácticas de reclutamiento forzado, uso y utilización y prácticas cívico-militares en el territorio en especial de niños, niñas y adolescentes.
También se expresó que los tres puestos de mando unificado y el plan de emergencia del actual gobierno no ha funcionado en Córdoba. “No ha significado nada y por el contrario ha empeorado la situación y han sido más los líderes amenazados, así como el homicidio de Rafael Moreno, como periodista”, menciona Chica, mientras Cogollo, enfatizó que “todo el mundo anhelamos para nuestro territorio y el país, la paz. En el departamento hay una crisis humanitaria, particularmente por parte del Clan del Golfo, y queremos que se pare esa guerra”.
Publicado en Semanario Voz
Tomado: Agencia prensa Rural
