Aunque los escándalos de mala gestión de los recursos de paz en el gobierno de Iván Duque son ampliamente conocidos, poco se menciona la responsabilidad de Hernando Londoño Acosta, Director Técnico de la Dirección de Sustitución de Cultivos Ilícitos (DSCI) en ese gobierno, quien según varias fuentes sería el responsable de las falencias en la supervisión de dos contratos millonarios y el uso indebido de logos de Parques Nacionales Naturales (PNN), lo que podría haber puesto en riesgo a funcionarios de dicha institución.
Los hechos se presentaron en la implementación de los contratos entre el Fondo Colombia en Paz (FCP) y la Organización de Estados Iberoamericanos (OEI) (#262-20 por $89.169 millones) y el Consorcio Amazonia 2021 (#290-21 por $25.855 millones). Estos contratos buscaban ofrecer alternativas legales a campesinos acogidos al Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito (PNIS).
La falta de supervisión en campo por parte de la DSCI habría permitido la ocurrencia de sobrecostos y la entrega de materiales de baja calidad a los campesinos por parte de la OEI. Según una fuente de la Agencia de Renovación del Territorio (ART), el proyecto se llevó a cabo de manera anormal sin supervisión en campo y con una adición financiera inusual de cerca de 14 mil millones de pesos . La fuente describe esto como "algo nunca visto en los contratos manejados por el Fondo".
Diana Martínez, Vocera del paro Sur del Meta-Guaviare, ratificó la información proporcionada por el funcionario de la ART sobre el inconformismo de los campesinos con los insumos entregados por la OEI, ellos los consideran de mala calidad y con sobrecostos respecto a otros proyectos desarrollados en la región. Esta inconformidad quedó registrada en una acta de la Comisión de Evaluación y Seguimiento llevada a cabo por líderes PNIS y presidentes de juntas de acción comunal en el municipio de Uribe, departamento del Meta el 16 de octubre de 2021.
Al tiempo que las inconformidades de los campesinos con la Organización de Estados Iberoamericanos aumentaban, el Fondo Colombia en Paz adjudicó un contrato adicional a esta organización en enero de 2022 por un valor de $79.389 millones de peso, denominado Contrato #1091-21 . A la fecha, el contrato original todavía se encuentra en proceso de liquidación, habiendo superado su fecha prevista de finalización en más de 14 meses, el cual estaba programada para noviembre de 2021.
De igual forma, en la presentación del contrato con el Consorcio Amazonia, la DSCI habría utilizado sin permiso los logos institucionales de PNN . Esto sucedió durante el Consejo Asesor Territorial (CAT) celebrado en Villavicencio el 20 de agosto de 2021, donde la entonces Coordinadora Nacional Ambiental de la DSCI, Laura Torres, utilizó los logos para promocionar proyectos de Pagos por Servicios Ambientales (PSA) que, según ella, beneficiarían a las familias que habitan en Parques Nacionales a través del contrato con el Consorcio Amazonia.
Además de la posible utilización no autorizada de los logos institucionales de PNN por parte de la DSCI, se encontró que el contrato con el Consorcio Amazonia solo contempla implementar Pagos por Servicios Ambientales en áreas de Ley segunda "Zonas Forestales Protectoras" y "Bosques de Interés General” y no en áreas de Parques Nacionales . Como consecuencia de esto, los funcionarios de PNN terminaron siendo responsabilizados por la opinión pública de esta zona del país de excluir de los beneficios de los PSA a las familias dentro de los parques. Esta situación habría llevado a que los funcionarios de PNN recibieran advertencias y vetos en algunas veredas del departamento del Meta y Guaviare por parte de un Grupo Armado Organizado, según una fuente de PNN que prefiere mantener su nombre en reserva.
Adicionalmente a lo mencionado anteriormente, el contrato con el Consorcio Amazonia también presenta otros problemas. En el transcurso de su ejecución, el contrato ha tenido tres directores, lo que indica una falta de estabilidad administrativa. Igualmente, según una fuente de alto nivel del Gobierno, el contrato no tendría viabilidad técnica, esto podría estar reflejado en su poco avance, que apenas alcanza el 50% a menos de un mes de la fecha prevista de finalización, según informe del Fondo Colombia en Paz del 13 de enero de 2023.
De igual modo, se tuvo acceso a un oficio por parte de lideres PNIS dirigido al presidente Gustavo Petro el 20 de agosto de 2022 , en el cual denunciaron las supuestas irregularidades cometidas por la oficina de Londoño en la implementación del programa PNIS. Según los firmantes, a pesar de haber pasado cinco años desde el inicio de la implementación del programa, apenas se tiene un avance del 17% en los proyectos productivos en el departamento del Meta, así mismo distan de las cifras oficiales que indican un avance del 99% en la asistencia técnica, los líderes indican que dicha cifra es muy inferior. (de acuerdo a la infografía de la ART de junio de 2022).
El actual gobierno habría tomado en consideración las quejas presentadas por los líderes del PNIS sobre los desaciertos en la implementación del programa PNIS. De acuerdo a una fuente gubernamental, el Comisionado de Paz, Danilo Rueda, se reunió con la Directora de la OEI, Mariella Barragán, para informarle sobre el descontento del Gobierno Nacional ante el desempeño en la ejecución de los contratos bajo su responsabilidad. Por otro lado, hasta el momento, no se tiene conocimiento de acciones disciplinarias o fiscales contra Londoño.
Tomado: Agencia Prensa Rural
