Organizaciones sociales chilenas denunciaron en esta capital una ofensiva gubernamental para detener y criminalizar el nuevo despegue de la protesta social en el país.
La Confederación de Estudiantes de Chile (Confech) criticó declaraciones del subsecretario del Interior, Rodrigo Ubilla, y de personeros del oficialismo que atribuyeron a los líderes estudiantiles la responsabilidad por los actos de vandalismo ocurridos en el contexto de la marcha del pasado viernes por la Alameda.
El vocero de Confech Gabriel Boric enfatizó que el movimiento estudiantil es ajeno a los tales desmanes, que en definitiva derivan en la criminalización posterior de las manifestaciones sociales.
El vicetitular del Interior afirmó el pasado viernes que los dirigentes estudiantiles llamaron a marchar con enojo e incitaron de ese modo a la violencia.
Signo asimismo del endurecimiento de la postura gubernamental tras la multitudinaria marcha contra el lucro educacional, fueron las palabras de la intendenta de la región Metropolitana, Cecilia Pérez.
"Hago un llamado a asumir una responsabilidad y hacer una autocrítica a los dirigentes del movimiento estudiantil porque es el minuto en que se den cuenta de cómo terminan las marchas que ellos convocan", señaló la autoridad local.
De acuerdo con Prensa Latina, la intendenta capitalina pidió además que se apurara la aprobación de la cuestionada ley de resguardo del orden público que permanecía congelada en el Congreso y que sanciona con cárcel a personas que provoquen desórdenes o alteración en instituciones o en la vía pública.
No es conveniente impulsar proyectos de ley "para reprimir" los hechos vandálicos que se producen durante las movilizaciones, replicó el presidente de la Central Unitaria de Trabajadores, Arturo Martínez.
El líder de la multisindical opinó que el vandalismo en medio de tales manifestaciones solo beneficia al gobierno porque desacredita los movimientos sociales.
Reflexionó además que la violencia tiene una raíz que es la desigualdad y la pobreza y esa es la primera violencia que hay que atacar.
También el dirigente de la Confederación de Funcionarios de la Salud Municipal Esteban Maturana llamó a los parlamentarios a rechazar el referido proyecto legislativo, conocido también como "ley Hinzpeter", en alusión al ministro del Interior, Rodrigo Hinzpeter.
Maturana subrayó que esa legislación tiene como finalidad central criminalizar la movilización social.
"Claramente apunta a generar un modelo de vida en el que los pocos que están disfrutando de bienestar puedan vivir tranquilos, porque en Chile nadie se va a poder expresar, porque el que levante la voz, lo va a hacer so pena de ir a la cárcel", alertó.
Tomado: Granma
