Santiago de Chile, 16 jul (PL) La Confederación de Funcionarios de la Salud Municipalizada (Confusam) de Chile llamó para el próximo miércoles a una jornada nacional de protesta contra un proyecto de ley que consideran criminaliza las movilizaciones.
De igual modo han expresado su rechazo a la denominada "Ley de Resguardo del Orden Público" la Confederación de Trabajadores del Cobre, la Federación Nacional de Pobladores, el Colegio de Profesores y la Central Unitaria de Trabajadores, entre casi un centenar de agrupaciones sociales.
Asimismo la han impugnado sectores de la oposición política como el Partido Comunista, el Movimiento Amplio de Izquierda y parlamentarios de los partidos integrantes de la Concertación chilena, los que sostienen que el gobierno aplica una política represiva contra el descontento social.
Dirigentes de la Confusam precisaron que el miércoles los establecimientos de salud municipales estarán simbólicamente de luto, aunque se mantendrán los servicios a la población. Ese día se realizarán además asambleas y mítines informativos en las diferentes instituciones del sector.
Subrayaron que el mundo social está en alerta ante la votación justamente el 18 en el Parlamento del cuestionado proyecto, conocido aquí como "ley Hinzpeter", en referencia al ministro del Interior, Rodrigo Hinzpeter.
Las funcionarias y funcionarios de la salud municipal junto a otros trabajadores no vamos a permitir que se le imponga la criminalización a los movimientos sociales, afirmó en esta capital la secretaria general de la Confusam, Carolina Espinoza.
El objetivo de esa iniciativa, enfatizó por su parte el presidente de Confusam, Esteban Maturana, es ponerle una camisa de fuerza a la lógica reacción de los movimientos sociales ante la agudización del injusto modelo económico prevaleciente en el país.
En recientes declaraciones a ADN Radio Chile, el titular del Interior dijo que la referida legislación buscaba el resguardo del Orden Público frente a desórdenes y vandalismo y que no perseguía criminalizar las marchas y manifestaciones.
"Esta ley está recogiendo lo que han hecho todas las democracias desarrolladas", afirmó Hinzpeter.
Sin embargo, instituciones de los derechos humanos y especialistas en la materia han expresado reiteradas preocupaciones por los términos contenidos en el proyecto.
Lorena Fries, directora del Instituto Nacional de Derechos Humanos, declaró que "vamos en una senda peligrosa de seguir así".
Los expertos en tema de seguridad opinan que "se está interfiriendo en una garantía fundamental de manera penal y todo el mundo sabe que el Derecho Penal y la sanción no resuelven los conflictos sociales", argumentó Fries.
Tomado: prensa Latina
