Este parece ser el lema de
Santos luego de conocer el fallo de la Corte Internacional de Justicia (CIJ)
sobre el diferendo marítimo entre Colombia y Nicaragua, que redefinió los
límites, el presidente Santos afirmo “que no es y no será aplicable hasta tanto
se celebre un tratado que proteja los derechos de los colombianos”.
El desconocimiento que hace
el gobierno colombiano sobre el fallo de la CIJ, no impide que el proceso siga su
curso, lo que si demuestra la profunda incompetencia que tiene el país sobre
los fallos, los cuales se deben respetar, si hubiera sido favorable para
Colombia, el país seguiría concurriendo, sin que considerada que la CIJ no
tiene competencia para fallar. Colombia no es EEUU, que no cumple lo
establecido por los tratados internacionales y nada pasa, o que actúa de
acuerdo a sus intereses.
Entre su discurso Santos
afirmó que defenderá la soberanía hasta con la vida, lo que supone que está
creando un frente de guerra, justo cuando se piensa en desactivar el conflicto
interno, lo otro que llama la atención sobre su discurso es la defensa de la “soberanía”,
país fragmentado no por diferendos limítrofes, sino por la entrada de las
multinacionales, que se apropian de una parte del territorio y además explotan
sus recursos como si fueran propios y se llevan fuera del país, o la posesión
de grandes extensiones de tierra por manos extranjeras.
Santos el que hoy afirma
defender la “soberanía” es el mismo que durante su carrera política ha hecho
parte de todos los gobiernos neoliberales, que han transformado al país en un
gran centro de negocios, repartiendo grandes extensiones del territorio a manos
extranjeras dejando sin jurisdicción nacional, los recursos naturales, al
arbitrio de monopolios. A esto, no se le llama expansionismo imperialista, sino
confianza inversionista, donde la fuerza pública juega un gran papel en la
defensa de estas compañías.
Estos compromisos adquiridos
con las multinacionales son de obligatorio cumplimiento, en el que el país
jamás se ha negado a cumplir los fallos, cuando no le favorecen y por el
contrario ponen el riesgo sus finanzas. Hasta el momento ningún gobierno ha
hecho el llamado a defender un bien público en manos extranjeras o a expulsar
compañías por prácticas ilegales, como financiar paramilitares para apropiarse
de tierras para extender sus cultivos, legalización de predios del Estado,
entre otras.
En este mismo sentido
resulta paradójico que el presidente que invita a defender parte de su
territorio hasta con la vida, acabe de entregar parte de un bien público, que
no es enajenable, resulta ser un servicio público, que hace parte del Estado,
como lo es la hidroeléctrica de ISAGÉN y tenga entre sus negocios pendientes la
venta de otros bienes públicos. La desindustrialización también hace parte de
la pérdida de soberanía y para ello no hace el llamado a defender.
Por ultimo cabe preguntarse
a que le llama Santos pérdida de soberanía y cuál es el papel que los
colombianos debemos jugar frente a la defensa del territorio y sus recursos.
