Cientos de manifestantes que protestaban contra el fraude electoral y la toma de posesión del mandatario saliente, Juan Orlando Hernández, fueron reprimidos con lujo de violencia por las fuerzas de seguridad del Estado en varios puntos de la capital y del país.
Una vez más, los cuerpos represivos hicieron un uso desproporcionado de la fuerza, lanzando cientos de bombas lacrimógenas y persiguiendo a las y los ciudadanos que rechazan el fraude electoral y la imposición de Hernández como presidente para los próximos cuatro años.
Hernández fue juramentado este sábado en un estadio nacional que lucía con visibles espacios vacíos y ante el sólo cuerpo diplomático acreditado en el país. Ningún mandatario participó del evento.
La represión dejó un saldo de varias personas heridas, otras fuertemente afectadas por los gases. En este momento la represión continúa en varios puntos de Tegucigalpa y en el norte de Honduras.
De acuerdo con el informe presentado este viernes por la Coalición contra la Impunidad, 33 personas fueron asesinadas, cientos heridas y más de mil han sido detenidas en el marco de la crisis post electoral. Más de 30 han tenido que abandonar el país. 64 defensores y defensoras de derechos humanos están sufriendo hostigamiento y persecución. De todos estos casos, solo uno ha sido judicializado. La impunidad es total.
De acuerdo con la Coalición, existen 11 patrones de violencia que involucran a los cuerpos de seguridad del Estado, en particular la Policía Militar, las Fuerzas Armadas y los cuerpos especiales de la Policía Nacional.
Una violencia organizada y estructurada que se ha desatado a partir del 27 de noviembre pasado contra quienes protestan contra el fraude electoral, que impuso a Juan Orlando Hernández por cuatro años más en la silla presidencial.
Tomado: tercerainformacion