Muy claro: el mundo se debate entre la justicia que es, la necesaria, y la «justicia» que fabrica, dirige y aplica el Gobierno de Estados Unidos, como si fuera el juez universal.
Hay recuerdos que, aun cuando significan momentos despreciables de la historia, y que ya quieran hacerlos creer como cosa del pasado, no dejan de tener un presente, y de constituir un lastre para el modelo de sociedad que se quiera construir.
La fecha de octubre de 2001 es recogida como la del comienzo de la guerra escenificada por Estados Unidos contra Afganistán. Y, en marzo de 2003, la administración estadounidense de George W. Bush arremetió con fuerza contra la República de Irak.
Contra ambas naciones se cometieron crímenes de guerra, salvajes torturas, se empleó el uranio empobrecido que mató a cientos de civiles y mutiló para siempre a miles, principalmente niños, mientras ciudades enteras, mezquitas, palacios, monumentos que son Patrimonio de la Humanidad, fueron convertidos en cenizas.
Contra esas dos naciones se cometió un verdadero genocidio, y la llamada «justicia» internacional ha brillado por su ausencia a la hora de aplicarla contra gobiernos y mandatarios, responsables de tan criminales acciones.
Como ocurre ahora con la Corte Penal Internacional (CPI), cuando se atreve a asomar algún proceso de investigación al respecto, chocan con la otra realidad –la otra «justicia»–, la que no admite que se haga valer, y hasta se aprueban leyes de inmunidad para los militares implicados en los crímenes.
Es así como el secretario de Estado, Mike Pompeo, recién comunicó que el gobierno de Trump impondría sanciones contra funcionarios de la CPI, por considerar «ilegítimos» los «intentos de someter a los estadounidenses a su jurisdicción».
Vale recordar que en junio pasado Washington anunció penalidades económicas y limitación de visados contra los investigadores de la entidad jurídica mundial, por considerar su trabajo como «una amenaza para la seguridad nacional».
Todo había empezado en 2017, cuando la cpi afirmó que existía suficiente información para demostrar que las fuerzas de Estados Unidos habían «cometido actos de tortura, tratos crueles, atentados contra la dignidad personal, violación y violencia sexual» en Afganistán, en 2003 y 2004, y más tarde en las prisiones clandestinas de la CIA en Polonia, Rumania y Lituania.
No olvidemos tampoco las torturas ejecutadas contra detenidos en Abu Ghraib, Iraq y en la cárcel de la ilegal base militar asentada en Guantánamo, Cuba, que han constituido los peores ejemplos de lo que hacen los gobiernos yanquis, al margen de la ley, y aplicando su «justicia», en nombre de una seguridad nacional que quieren poner como chaleco salvavidas de un sistema enfermo y con metástasis.
Tomado: tercerainformacion
