En enero, Buenaventura, la mayor ciudad portuaria de Colombia, registró un aumento del 200 % en los homicidios en comparación con el mismo periodo del año anterior. Los asesinatos se atribuyen a problemas profundamente arraigados: el abandono del Estado, el racismo sistémico y la falta de inversiones concertadas en las comunidades afrocolombianas.
Estas condiciones han permitido que los grupos armados ilegales, que buscan controlar a la población civil afrocolombiana, se disputen violentamente el control territorial con el fin de impulsar las economías ilegales. Estas condiciones sirven a poderosos intereses políticos y económicos. Mientras el Estado militariza fuertemente Buenaventura, esta violencia sigue teniendo lugar debido a la corrupción dentro de la Fuerza Pública y entre otros actores locales.
Los grupos armados aterrorizan a las comunidades, muchas de ellas formadas por desplazados de las zonas rurales aledañas, reclutando niños, extorsionando a los negocios locales y a los trabajadores informales, y amenazando o matando a quienes no siguen los estrictos toques de queda o las “líneas invisibles”. Recientemente, al menos 400 personas se convirtieron en desplazados internos debido a la falta de respuesta efectiva del Gobierno nacional para protegerlos.
Los residentes de los barrios de Buenaventura, gravemente afectados por la terrible violencia y las restricciones de los grupos armados, están alzando sus voces. Se han realizado protestas en la ciudad portuaria e incluso en Cali, y se prevén más en las próximas semanas. El Estado colombiano ha descuidado la prestación de servicios básicos en Buenaventura: agua potable, electricidad fiable, vivienda adecuada, atención sanitaria y escuelas. Este abandono ha impulsado desde hace tiempo las respuestas ciudadanas: en 2017, un paro cívico paralizó toda la actividad del puerto durante casi un mes, en medio de un brutal despliegue del Esmad (Policía antidisturbios) para reprimir por la fuerza las protestas pacíficas.
Durante ese paro cívico, todos los sectores de la sociedad civil exigieron al Gobierno nacional que se preocupara tanto por los ciudadanos afrocolombianos de Buenaventura como lo hace por los beneficios económicos que el puerto aporta al comercio del país. Poco después del paro, hubo movimiento en la implementación de los acuerdos con el Comité del Paro Cívico (el organismo de la sociedad civil que representaba las demandas de los manifestantes), pero esto se frenó después de que el gobierno de Iván Duque asumió el poder.
Las autoridades locales en Colombia deben respetar el derecho a la protesta pacífica, dado que las comunidades siguen saliendo a las calles para llamar la atención sobre la crisis de violencia y pobreza de Buenaventura. La historia reciente demuestra que enviar al Ejército a patrullar las calles no es una solución sostenible a largo plazo para Buenaventura. Lo que se necesita es un reconocimiento más profundo de la riqueza, la vivienda, la seguridad y muchas otras desigualdades que afectan a las vidas de los afrocolombianos.
El Gobierno del presidente Iván Duque y los futuros gobiernos deben dar prioridad a la inversión en el futuro de Buenaventura de forma equitativa y justa. El abandono del Gobierno, las malas condiciones de vida y la inseguridad que afectan a Buenaventura son una expresión del racismo estructural que persiste en Colombia.
Los legisladores estadounidenses también tienen un papel que desempeñar. El Tratado de Libre Comercio (TLC) entre Estados Unidos y Colombia de 2012 ayudó a impulsar enormes proyectos de construcción en Buenaventura, pero esto no ha beneficiado a los afrocolombianos de la ciudad, que siguen viviendo en la pobreza extrema. El Plan de Acción Laboral Estados Unidos-Colombia, puesto en marcha para avanzar en el TLC, incluye los puertos como un sector prioritario por el que ambos países acordaron mejorar los derechos laborales y fortalecer los sindicatos.
En Buenaventura, los pasos iniciales para mejorar los derechos de los trabajadores portuarios se olvidaron rápidamente una vez que el TLC se hizo realidad. El Gobierno de Estados Unidos debería abogar por el mantenimiento de los derechos laborales de los trabajadores portuarios tal y como se comprometió en el Plan de Acción Laboral del TLC. Además, para proteger mejor las vidas de las personas negras e indígenas en Colombia, el Gobierno de Estados Unidos debe presionar a Colombia para que implemente en su totalidad el acuerdo de paz de 2016, que contiene compromisos destinados a abordar las minorías étnicas del país que están arraigadas en la desigualdad y la inequidad.
En Buenaventura, “la gente sabe cómo merece ser tratada como pueblo, sabe cuáles son sus sueños colectivos y están trabajando por un proyecto de vida colectivo y digno“, dijo Danelly Estupiñán, lideresa social del Proceso de Comunidades Negras que documenta la violencia en la ciudad y defiende los derechos de las comunidades afrocolombianas. En toda Colombia, líderes sociales como Danelly están luchando por un cambio transformador en Buenaventura y más allá.
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