En esta ocasión, unos 4.8 millones de hondureños serán llamados a elegir al nuevo presidente, 128 diputados al Congreso Nacional y 20 al Parlamento Centroamericano, así como a 298 alcaldes y vicealcaldes.
Honduras llega a estas citas tras un año complicado, por así decirlo eufemísticamente.
“Tanto la pandemia (Covid-19) como los dos huracanes (Eta e Iota) han tenido un efecto amplificador de una crisis ya profundamente enraizada en la sociedad hondureña. Es suficiente mirar los principales indicadores económicos y sociales para darse cuenta de lo que está pasando en el país”, dice el sociólogo Eugenio Sosa.
Actualmente Honduras se ubica entre los países más desiguales de América Latina, con un 62 por ciento de la población hundida en la pobreza y casi el 40 por ciento en la pobreza extrema (EPHPM 2020). El impacto de la pandemia y de los huracanes vendrá a profundizar aún más la miseria en el país, con unos 700 mil nuevos pobres, casi el 70% de la población viviendo en pobreza, el 50% en la miseria y unas 600 mil personas en el desempleo.
Según cifras de la Unidad técnica de seguridad alimentaria y nutricional (Utsan), son 1.3 millones las y los hondureños que enfrentan inseguridad alimentaria y casi 350 mil las personas en “situación crítica”.
Un país en quiebra
Para el Foro social de deuda externa y desarrollo de Honduras (Fosdeh), las consecuencias económicas y sus repercusiones sociales y sanitarias también dependen de “desaciertos de la política económica oficial, agravados durante la última década”.
Honduras inicia este nuevo año arrastrando un crecimiento económico negativo de entre -7 y -8%, un incremento del déficit fiscal superior al 10% del Pib y un aumento del endeudamiento público de hasta un 62% del Pib. También se prevé una caída de entre el 40 y 45% de la recaudación tributaria.
Además, en el estudio “Estimación del impacto macroeconómico de la corrupción en Honduras”, el Consejo nacional anticorrupción (Cna) y el Fosdeh advierten que en 2018 el 12.5% del Pib fue absorbido por la corrupción en sus distintas formas.
“En valores absolutos esta cifra ronda los 2,610 millones de dólares, es decir un monto que supera el saldo del servicio de la deuda, duplica el presupuesto para educación y cuadruplica la partida para la salud”.
Criminalización y persecución
Honduras también es señalado como uno de los países más peligrosos para las personas que defienden los derechos humanos. En el Informe alternativo para el Examen periódico universal (Epu), unas 117 organizaciones denunciaron el asesinato de 140 personas defensoras de los bienes comunes y la tierra entre 2010 y 2019. También documentaron más de 2,100 ataques entre 2016 y 2017.
Para la plataforma Derechos Colectivos Vulnerados, Honduras es el país con el mayor número de líderes indígenas atacados en América Latina y el segundo, después de Colombia, con la mayor cantidad de asesinatos.
Al menos 129 líderes de comunidades garífunas e indígenas (84 hombres y 45 mujeres) fueron atacados en conflictos vinculados con proyectos impuestos en sus territorios. Esta cifra representa el 43.7% de todos los ataques en comunidades registrados por dicha plataforma entre 2017 y 2019. El 71% de las comunidades de Honduras son afectadas por proyectos de infraestructura, principalmente hidroeléctricos.
En más de la mitad de los casos se ha detectado la violación de cuatro derechos: a la integridad física y moral (78.9% de los casos), al consentimiento libre, previo e informado (78.9%), a un ambiente saludable (73.7%) y a la defensa del territorio ancestral (52.6%).
También han vuelto a resurgir casos de desaparición forzada. Durante la pandemia y la suspensión de garantías constitucionales, el Comité de familiares de detenidos desaparecidos en Honduras (Cofadeh) registró al menos 16 casos, entre ellos el de los jóvenes activistas de la comunidad garífuna de Triunfo de la Cruz, miembros de la Organización fraternal negra hondureña (Ofraneh).
De la misma manera se ha profundizado la criminalización y judicialización de defensores y defensoras, como es el caso de los defensores del agua y la vida de Guapinol y el joven maestro Rommel Herrera Portillo, entre otros.
“El mal uso del derecho penal con el objetivo de criminalizar, paralizar y deslegitimar la labor de las personas defensoras de derechos humanos sigue siendo una práctica sistemática en Honduras, con gran incidencia en las mujeres defensoras. De acuerdo con los datos de la Red nacional de defensoras de Honduras, entre 2013 y 2018, casi 650 mujeres defensoras fueron procesadas judicialmente”, apunta PBI Honduras.
En un reciente comunicado, la Convergencia contra el continuismo (Ccc) y el Comité pro liberación de los presos políticos en Honduras volvieron a denunciar el uso indebido del derecho penal para controlar, neutralizar y castigar a cientos de ciudadanos y ciudadanas. En este sentido exigieron el respeto al debido proceso, al derecho a la protesta y a la libertad de expresión, así como la liberación inmediata de todos los presos políticos.
Más dramática aún es la situación de la violencia contra las mujeres. El Centro de derechos de mujeres (Cdm) registró 278 muertes violentas de mujeres en 2020. Son casi 6,300 los femicidios registrados en menos de dos décadas. Comunidad Lgbti (372 muertes violentas en la última década) y periodistas (86 asesinatos desde 2001) también han venido sufriendo ataques sistemáticos. La impunidad en todos estos casos supera el 90%.
«A todo esto hay que sumarle la persistencia de un modelo de gobierno autoritario aferrado al poder que ha venido militarizando la seguridad pública y los territorios, que no supo abordar la crisis originada por la pandemia y que se ha mostrado incapaz de reaccionar ante la llegada de los huracanes», manifiesta Sosa.
Además, tras la salida de la Misión de apoyo contra la corrupción y la impunidad en Honduras (Maccih) y el desmantelamiento de la Unidad fiscal especial contra la impunidad y la corrupción (Ufecic), se han multiplicado los casos de sobreseimiento y anulación de juicios contra grandes grupos de corruptos, casi siempre vinculados a sectores de la política nacional.
“No nos extrañemos entonces si vemos a miles de hondureños y hondureñas, a familias enteras con niños y niñas, sumándose a las grandes caravanas de migrantes y huyendo, desesperados, de una situación que se ha vuelto insostenible. No importa que las repriman y las regresen forzosamente, como ocurrió el mes pasado en Guatemala. En la medida en que no haya una salida real a la falta de oportunidades, la violencia, el desempleo, la desesperanza, esto se va a profundizar más”, advierte el sociólogo.
Elecciones
Honduras se acerca a los dos procesos electorales (internas y generales) con los ‘pies hinchados’. Nunca se logró el consenso entre las fuerzas políticas para llevar a cabo reformas electorales sobre temas tópicos como la segunda vuelta, la reelección presidencial y el voto electrónico.
Si bien se logró avanzar en la depuración del padrón electoral enrolando a un poco más de 5 millones de personas, lo más probable es que las elecciones internas se realicen en medio de una situación caótica y sin brindar suficientes garantías de transparencia.
En el Partido Nacional se disputan la candidatura presidencial Nasry “Tito” Asfura, actual alcalde de Tegucigalpa, y Mauricio Oliva, presidente del Congreso. Aunque Asfura parezca tener más posibilidades de ser el candidato del oficialismo, en noviembre pasado la Corte de Apelaciones de lo Penal en materia de corrupción de Francisco Morazán admitió una solicitud de antejuicio por los delitos de abuso de autoridad, uso de documentos falsos, malversación de caudales públicos, fraude y lavado de activos.
Además, sobre la candidatura nacionalista pende la sombra del presidente Juan Orlando Hernández.
“La situación es delicada. Tampoco podemos excluir una tercera candidatura de Hernández. El hecho de no haber reformado la ley electoral deja abierta esta posibilidad. Una victoria de Asfura en las internas y luego su inhibición podrían ser aprovechadas por él”, explica Sosa.
En 2017, la candidatura de Hernández fue considerada inconstitucional e ilegal por amplios sectores de la población. A pesar de que la Constitución de Honduras prohíbe la reelección presidencial, la Corte Suprema de Justicia declaró la inaplicabilidad de dicha prohibición y los magistrados electorales admitieron su participación. Lo que pasó después es sabido: un burdo fraude electoral que garantizó a Hernández un segundo mandato presidencial y que dejó un grave saldo de muertos, heridos y encarcelados.
Aun así, el futuro del presidente hondureño podría ser sombrío. Luego de ser señalado por la Fiscalía de Nueva York de haber recibido dinero del narcotráfico a través de su hermano (Juan Antonio ‘Tony’ Hernández) y de haberlo usado en la campaña electoral de 2013, el mandatario está siendo acusado por la misma fiscalía federal estadounidense de haber aceptado sobornos de narcotraficantes a cambio de proteger sus actividades delictivas.
Las nuevas acusaciones involucrarían también al exjefe de las fuerzas armadas hondureñas René Ponce Fonseca y al actual fiscal general Oscar Chinchilla.
El nivel de injerencia de Estados Unidos en los dos procesos electorales va a ser otro factor capaz de condicionar el resultado final. En 2017, la entonces encargada de negocios de la embajada estadounidense, Heide Fulton, se paró al lado del cuestionado presidente del órgano electoral y avaló los resultados fraudulentos. El silencio cómplice y la falsa indignación de las misiones de observación electoral de la Oea y la Unión Europea contribuyeron a ‘normalizar el fraude’.
Oposiciones
Para el opositor Partido Libertad y Refundación se perfila una nueva candidatura de Xiomara Castro, esposa del ex presidente Zelaya. En su primer intento en 2013 denunció el ‘robo de su triunfo’ y acusó a Juan Orlando Hernández y al máximo órgano electoral de haber manipulado el resultado.
Elecciones internas también para el Partido Liberal donde se disputarán la candidatura el moderado Luis Zelaya y el empresario Yani Rosenthal, absuelto de las acusaciones de narcotráfico pero sentenciado a tres años de cárcel en Estados Unidos por participar en ‘transacciones monetarias con bienes de procedencia ilícita’.
“Tenemos más de 10 años de anhelar un cambio, sin embargo sufrimos dos robos (electorales) y nunca se pudo generar una crisis suficientemente fuerte que llevara a la renuncia de Juan Orlando Hernández.
Creo que Libre siga representando una opción de cambio para el país. Lamentablemente, después de las elecciones de 2013 ha venido distanciándose del movimiento popular, tanto local como nacional, apuntando más al tema electoral e invirtiendo muy poco en el fortalecimiento de las luchas del movimiento social.
Al final muchas de las personas cercanas al movimiento social y popular votarán por Libre, pero no va a haber esta capacidad de generar energía en la sociedad, de movilizar electoralmente, de potenciarse como fuerza política como en 2013.
Para Libre hubiese sido muy importante promover una cruzada de reencuentro con todas las expresiones ciudadanas, sociales y populares que hay en el país. Todavía hay tiempo. Ojalá no se pierda esta oportunidad de acercamiento una vez que se defina la candidatura”, concluye Eugenio Sosa.
Fuente: LINyM
Tomado: tercerainformacion
