El 13 de abril del 2001, paramilitares del Bloque Calima recorrieron las comunidades del alto, medio y bajo Naya sembrando miedo y terror a su paso. Este episodio, que generó el desplazamiento masivo de pobladores afro y comunidades indígenas del rio Naya, también estuvo acompañado de prácticas violentas como torturas, asesinatos y abuso sexual en la persona de Juana Bautista Angulo.
Veinte años de impunidad, veinte años de exigencia de verdad, justicia y garantías de no repetición. Las comunidades del río Naya continúan a la espera del cumplimiento de las medidas cautelares de las que son beneficiarios por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
Han comprendido las comunidades que la masacre obedecía a intereses económicos sobre su territorio. En este sentido se organizan y lo defienden como un bien comunitario y de la humanidad, como un bien que debe ser entregado a las nuevas generaciones para que continúen el camino de transito a la paz con justicia social y ambiental.
Continúan las comunidades del río Naya buscando la verdad. Es importante determinar quiénes han sido los responsables de estos hechos, cuál es el estado del proceso de investigación, cuáles son las garantías de no repetición de estos hechos, y por qué no avanza el proceso de reparación colectiva.
Comisión Intereclesial de Justicia y Paz
