Aquel 26 de septiembre del año 2016, cuando en Cuba se firmaban los Acuerdos de Paz entre el Gobierno nacional y la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, la comunidad internacional, encabezada por la ONU y, muy especialmente, el pueblo colombiano, dieron muestras de gratitud a los que rubricaban el documento y, de manera particular, al Gobierno de Cuba, por haber servido de anfitrión y garante en el largo proceso de negociación y poner todos sus empeños para convertir en realidad ese sueño.
Salvo los agoreros del mal en la propia Colombia, y quienes desde Estados Unidos siguen interesados en vender armas a la nación sudamericana, el mundo –literalmente hablando– aplaudió aquella histórica rúbrica.
Pero Colombia es algo más que un país entre los más afectados por gobiernos neoliberales y por quienes han hecho del negocio de la droga un modo de vida. Es una nación con intereses geopolíticos para los gobiernos estadounidenses, muy interesados en los recursos naturales de la vecina Venezuela. Por ello, la larga frontera entre ambos países es foco de fricción y de planes para introducir en territorio bolivariano a mercenarios que atenten contra la economía de esa nación, para incentivar la desestabilización como forma de crear un clima adverso a las autoridades de Caracas.
De todas maneras, fue plausible que el Gobierno de Juan Manuel Santos se sentara a la mesa de negociación junto con comandantes guerrilleros alzados en las intrincadas montañas de Colombia.
Desde Bogotá, Álvaro Uribe, expresidente del país, acusado por sus oscuros vínculos con paramilitares y sectores del narcotráfico, lanzaba dardos envenenados en su afán por hacer añicos el documento rubricado en La Habana.
En Washington pasaba otro tanto, bajo la inspiración de los sectores más conservadores del Gobierno y quienes, en Miami, son aliados de las mafias que abultan sus bolsillos con dólares salidos del negocio de la droga.
No obstante los inconvenientes, el Acuerdo de Paz comenzó a ejecutarse con la bien recibida acción de la entrega de las armas por parte del grueso de los guerrilleros de las farc e, incluso, su incorporación al proceso de paz dentro de su propio partido, en el que devino la fuerza guerrillera.
Pero no pasó mucho tiempo para que empezara una verdadera cacería de los guerrilleros que habían depuesto las armas, a los que se sumaban, con frecuencia casi diaria, dirigentes comunales, líderes campesinos y otros, que eran asesinados.
Una vez en la presidencia Iván Duque, aupado por Álvaro Uribe, el 7 de agosto de 2018, el Acuerdo de Paz dejó de serlo. A cinco años de su firma, solo el 28 % de sus objetivos han sido cumplidos o están en proceso. Más de 246 excombatientes de las farc han sido asesinados y suman más de mil los líderes sociales que han corrido igual destino.
Por esta y otras razones, una facción de las farc no depuso las armas y un grupo de los firmantes del Acuerdo de Paz volvió a la montaña por el temor a ser asesinados, como ha ocurrido con cientos de sus compañeros de armas.
Unos 3 500 paramilitares, la mayoría vinculados con el narcotráfico, siguen accionando los gatillos de sus armas.
En fin, la paz en Colombia sigue siendo una cuenta pendiente, mientras el Gobierno actual está más interesado en promover conflictos con la vecina Venezuela, que en hacer realidad el cese de una guerra que ha convertido al país en un baño de sangre donde han muerto miles de sus hijos.
Tomado: Granma
