La inseguridad alimentaria se está convirtiendo en una bomba de tiempo en todo el mundo y Colombia no es la excepción. Los efectos de la pandemia, la guerra en Ucrania y la emergencia climática han llevado a que los ingresos de los hogares sean cada vez menores, mientras que los precios de los alimentos aumentan dramáticamente. El Programa Mundial de Alimentos (PMA) de Naciones Unidas plasmó esta realidad en la “Evaluación de seguridad alimentaria para población colombiana”.
Estas son algunas de las cifras que reveló el informe y que dan luces sobre cómo debería orientarse la lucha contra el hambre en el país.
¿Cuántas personas viven en inseguridad alimentaria?
El 30% de la población colombiana vive en inseguridad alimentaria. Es decir, 15.5 millones de personas “no logran tener acceso a la comida de manera satisfactoria y tienen dificultades para cubrir sus necesidades básicas”. Además, alrededor de la mitad de la población colombiana está en una situación de seguridad alimentaria marginal, es decir que su situación podría deteriorarse si no mejoran las causas coyunturales, como la inflación, en el corto plazo.
Esto significa un deterioro frente a años anteriores. En 2015, un 54% de los hogares tenía que acudir a estrategias de supervivencia, como vender sus bienes, para cubrir los gastos de la alimentación, según la Encuesta Nacional de Situación Nutricional. Hoy esa cifra llega al 67%, según el estudio del PMA.
¿Dónde viven?
El Caribe es la región más afectada por la inseguridad alimentaria. Córdoba (70%), Sucre (63%), Cesar (55%), Bolívar (51%) y La Guajira (50%) están en los primeros lugares. Departamentos como Arauca (62%), Putumayo (48%), Chocó (45%) y Norte de Santander (40%) también presentan altas tasas de inseguridad alimentaria.
¿Quiénes son?
Víctimas del conflicto: la mitad de los hogares que han sido víctimas del conflicto armado padecen inseguridad alimentaria.
Población étnica: Los hogares cuya jefatura del hogar se auto reconoce como afrodescendiente o indígena experimentan mayores niveles de inseguridad alimentaria: 42% y 40% respectivamente.
Trabajadores informales: la inseguridad alimentaria es más alta en los hogares donde la persona que aporta la mayor parte de los recursos trabaja en el sector informal.
Jefes/as de hogar sin educación superior: La inseguridad alimentaria es del 42% en los hogares donde la jefatura del hogar no tiene educación superior. En los hogares donde la jefa o jefe de hogar alcanzó este nivel educativo, la inseguridad alimentaria es del 10%.
Hogares con jefatura femenina: 35% de hogares con jefatura femenina experimentan inseguridad alimentaria, mientras que en el caso de la jefatura masculina este porcentaje es del 26%.
Las causas
Pobreza monetaria: La inseguridad alimentaria está altamente relacionada con la pobreza monetaria, que en 2021 se ubicó en 39,3%.
Desempleo e informalidad: Aunque en 2022 se redujo, el desempleo se mantiene cerca al 10%. La informalidad llega al 58% y es más alta en las ciudades con mayor inseguridad alimentaria, como Valledupar o Sincelejo.
Conflicto armado: En varias partes del país los grupos armados están expandiendo su control territorial. Esto somete a las comunidades a confinamientos y condiciones que dificultan el acceso a alimentos.
Efectos de la guerra en Ucrania: Esta guerra ha disparado la inflación y con ello los costos de fertilizantes (el 30% de los fertilizantes en Colombia vienen de Rusia) y alimentos importados (Colombia importa el 54% de los cereales).
Inflación: En 2022 la inflación fue del 13% y en 27,8% para el subgrupo de alimentos.
Desastres naturales: El fenómeno de La Niña y el paso del huracán Julia en la región Caribe también han afectado la seguridad alimentaria
Covid-19: el porcentaje de hogares que comen menos de tres veces al día pasó de 11% antes de la pandemia a 32% en julio de 2020, según la encuesta Pulso Social del DANE.
Las consecuencias
Deuda: el estudio encontró que los hogares pobres se endeudan principalmente para comprar comida y cubrir otras necesidades básicas.
Se limita el consumo de alimentos: algunas de las estrategias de supervivencia ante la crisis son: consumir alimentos menos preferidos, reducir el número de comidas, reducir las porciones, reducir el consumo por parte de adultos para que coman los niños (estrategia que adoptan principalmente las mujeres). El 40% de la población consume alimentos dos veces al día o menos.
Otras estrategias que afectan la calidad de vida: comprar comida a crédito, vender bienes, sacar a los niños de la escuela, reducir los gastos en salud, pedir ayuda en la calle.
¿Cómo se ve el futuro?
Según el informe, el 2023 no augura mejoras en este campo. Colombia probablemente seguirá expuesta a las consecuencias de la crisis en Ucrania, lo que impactará los costos de insumos agrícolas y de los alimentos. Además, es probable que en el segundo semestre vuelva la temporada de lluvias y que se extienda hasta el primer trimestre de 2024, lo que podría afectar la producción local de alimentos.
¿Qué dice el Plan de Desarrollo sobre esto?
Ante este alarmante panorama, desde Dejusticia analizamos algunas propuestas del Plan Nacional de Desarrollo (PND) relacionadas con el derecho a la alimentación, que en principio están orientadas a mitigar los efectos de esta crisis.
Agua como eje de transformación
El articulado del PND establece que el agua será un elemento que definirá la planificación del territorio, con miras a garantizar el derecho a la alimentación. Así, propone crear el programa Agua es vida, que busca ofrecer soluciones de agua potable a la población vulnerable del país.
Consideramos necesario que estos programas tengan un componente de sostenibilidad física, financiera e institucional. Es decir, que las inversiones realizadas puedan mantenerse en el mediano y largo plazo, que existan los recursos necesarios para realizar el mantenimiento de las obras y que haya claridad sobre cuáles serán las entidades responsables del mantenimiento de estas infraestructuras. En Dejusticia hemos identificado algunas iniciativas que no tienen en cuenta estos elementos (especialmente en La Guajira) y se convierten en elefantes blancos poco tiempo después de haber sido instaladas.
El derecho a alimentación
El PND propone garantizar la disponibilidad, acceso y adecuación de alimentos para alcanzar la soberanía alimentaria. Una de las medidas de este eje es la entrega de transferencias monetarias a poblaciones especialmente vulnerables como ayuda para prevenir el hambre.
Estas transferencias monetarias son una medida necesaria y han demostrado tener un impacto positivo, especialmente entre mujeres y población migrante. Sin embargo, deben contar con unos mínimos de transparencia para asegurar que los requisitos de selección de los y las beneficiarias se difundan con claridad. Esto ayudaría a evitar que se repitan los errores del programa Ingreso Solidario, que terminó excluyendo a personas que debían beneficiarse de este subsidio. Además, esta medida debe estar acompañada de políticas que garanticen que la población beneficiaria de las transferencias pueda acceder a alimentos con alto valor nutricional.
Sistema Nacional de Seguimiento y Monitoreo
El articulado del PND propone un Sistema Nacional de Seguimiento y Monitoreo para analizar los resultados de los programas sociales orientados a superar la malnutrición.
Es importante que estos programas tengan un enfoque de prevención de la desnutrición. Hasta el momento, el Estado ha abordado la malnutrición desde un enfoque reactivo. Es decir, haciendo esfuerzos para identificar a los niños y niñas que viven con esta condición y enviándolos a centros de recuperación durante unas semanas. Este tipo de programas miden su éxito por la cantidad de niños “recuperados”, pero sabemos que las consecuencias de la desnutrición pueden llegar a ser irreparables. Parte de la evaluación de éxito de estos programas debería ser que los alimentos provengan de comunidades locales y respondan a las realidades de cada territorio.
Articulación nacional y departamental
El PND incluye varios escenarios en los que las entidades del gobierno nacional y departamental deberán actuar de manera coordinada hacia la reducción de la malnutrición. Resulta vital que el Estado diseñe mecanismos claros y transparentes para poner en marcha esa articulación. La experiencia en La Guajira nos ha mostrado que usualmente las entidades no tienen certeza de sus obligaciones y competencias puntuales frente a una problemática. En estos casos, el trabajo en conjunto termina convirtiéndose en un obstáculo o una excusa para los incumplimientos.
Políticas de innovación frente al derecho a alimentación
El proyecto de Ley propone unas políticas de innovación e investigación por “misiones”, entre ellas el derecho a la alimentación. Sería muy valioso que estas investigaciones incorporen saberes de las comunidades indígenas, campesinas, afrocolombianas y raizales. De este modo el país podría avanzar hacia una alimentación real y que potencie las realidades de los territorios con apoyo de la investigación científica. Un primer paso es identificar los aportes nutricionales de los alimentos tradicionales en la prevención de la malnutrición.
