La Misión Internacional de Solidaridad y Derechos Humanos responsabilizó al Estado peruano por las graves represiones contra la población civil en el marco de las protestas por todo el país desde diciembre de 2022.
El informe “Violación de los Derechos Humanos en Perú (diciembre de 2022- febrero de 2023)” señala que las vulneraciones sistemáticas y generalizadas contra los manifestantes tipifican como delitos de lesa humanidad, previstos y sancionados por el derecho internacional.
El Estado de Derecho y el orden democrático en Perú están gravemente limitados, y suspendidas las garantías judiciales básicas y elementales, resaltó la Misión.
Asimismo, denunció la interrupción constitucional en la titularidad del Ejecutivo tras la destitución del expresidente Pedro Castillo, al nombrarse sustituta sin atender a los procedimientos exigidos en la Carta Magna.
De igual forma, el documento acusa al Estado peruano por el modo abusivo, arbitrario e ilegal de sus competencias para dirigir, ordenar y ejecutar acciones violatorias de los Derechos Humanos.
En ese sentido exigió investigar al gobierno de Dina Boluarte por los homicidios, torturas, tormentos, abusos, persecuciones, amenazas, intimidaciones y otras conductas delictivas cometidas por sus fuerzas armadas y de seguridad regulares.
Las protestas comenzaron a principios de diciembre de 2022, tras la destitución y posterior detención del presidente electo, Pedro Castillo.
Tanto los militares como las fuerzas de la Policía Nacional participaron en aciones represivas y provocaron la muerte de 48 civiles, además de 970 heridos, según datos de la Defensoría del Pueblo de Perú.
Los manifestantes exigen la destitución del actual gobierno, la renuncia del Congreso, una nueva Constitución y la liberación del exmandatario detenido.
Tomado: tercerainformacion
