En medio del conflicto estudiantil y la demanda por un nuevo orden institucional, la gestión del Presidente Sebastián Piñera alcanza una desaprobación del 68%, según la encuesta ADIMARK del mes de agosto. En contraposición, un 76% de la población dijo “estar de acuerdo” con las demandas que han presentando los estudiantes universitarios y secundarios en el último tiempo. Este escenario, antecedido por un descontento hacia la clase política chilena y las constantes movilizaciones sociales, instala con fuerza el debate por una Nueva Constitución, que permita mayores niveles de participación, sea representativa y otorgue espacio a los requerimientos ciudadanos.
Distintos actores sociales y políticos sostienen que la actual Constitución Política de Chile carece de legitimidad, porque fue impuesta en un régimen de facto y fuera de todo procedimiento democrático y constitucional en 1980. Representa sólo a un sector de nuestra sociedad e impone fuertes trabas para su modificación y para legislar sobre temas, actualmente importantes, como la educación, el trabajo, la protección social, la multiculturalidad, los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, el medioambiente, el sistema político, entre otros. Los niveles de representatividad de la ciudadanía son bajos, y si bien, se otorga participación popular cuando se trata de situaciones locales o comunales, en materias relevantes y de carácter nacional, no se permite la intervención ciudadana.
Durante el año 2005, el ex Presidente Ricardo Lagos, impulsó cambios importantes a la actual Constitución y se señaló que estábamos frente a una “Constitución del siglo XXI”. No obstante, subyacen principios autoritarios y antidemocráticos. Hasta ahora, somos uno de los pocos países latinoamericanos que no ha realizado reformas sustantivas en su carta magna, ajustándose a las notables transformaciones vividas en la sociedad y la cultura.
Uno de los pasos fundamentales que dieron países que han sufrido regímenes dictatoriales, fue crear mecanismos para asegurar la democratización. Hoy, parece existir un momento propicio para discutir un nuevo ordenamiento constitucional. Sin embargo, cualquiera sea el escenario, este nuevo ordenamiento requiere la sanción de la gente, ya sea a través de un plebiscito, referéndum o mediante una Asamblea Constituyente.
¿Cuál debería ser el mecanismo? ¿Quiénes deben impulsar los cambios y tomar iniciativas? Son algunas de las preguntas que el Observatorio de Género y Equidad realizó a académicos/as y a actores/as claves del proceso político chileno, que por años han demandado una Nueva Constitución Política para Chile.
Por Fabiola Gutiérrez, Observatorio de Género y Equidad
Tomado de: http://www.observatoriogeneroyequidad.cl/index.php/reportajes2/4939-inecesita-chile-una-nueva-constitucion