El proyecto de ley presentado el domingo por el presidente chileno, Sebastián Piñera, que busca castigar con penas de cárcel la ocupación violenta de colegios y universidades, ha encendido nuevamente el conflicto entre el Gobierno y los estudiantes, justamente cuando comienzan a las reuniones de trabajo entre las partes para intentar destrabarlo tras cinco meses de movilizaciones.
“El que pretende atentar contra la tranquilidad y la vida normal de los ciudadanos o contra la propiedad pública o privada se va a encontrar con una legislación dura y firme que va a establecer los castigos que correspondan a actos criminales”, señaló el presidente Sebastián Piñera al presentar la iniciativa legal, que se tramitará con carácter de urgencia en el Parlamento.
La idea de La Moneda es reformar el Código Penal para elevar las sanciones por desorden público con penas que van desde los 541 días hasta los tres años de cárcel. El proyecto castiga falta de respeto a policías, regula las sanciones por bombas incendiarias, facilita la obtención de medios de prueba y establece como agravante actuar encapuchado. Incorpora delitos como el saqueo, el impedimento al libre tránsito y la interrupción de servicios como transporte, salud y de agua potable. También contempla castigar las ocupaciones y tomas, que han sido la principal medida de presión de los estudiantes en estos meses de movilización.
El anuncio del proyecto de ley sorprendió a los dirigentes secundarios y universitarios, ya que recién el jueves pasado reanudaron el diálogo con el ministro de Educación, Felipe Bulnes, después de que las negociaciones se mantuvieron paralizadas por 26 días. En esa cita acordaron que este miércoles se realizará la primera gran reunión de trabajo entre ambas partes en la que se tratará la gratuidad en la educación en todos sus niveles, una de las principales reivindicaciones del movimiento social y uno de los puntos donde el Gobierno no ha estado disponible para negociar.
Francisco Figueroa, vicepresidente de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile (FECh), señaló ayer que los dirigentes evaluarán su permanencia en los encuentros con el Ejecutivo tras el anuncio del presidente: “Si alguna vez fue verdadera la disposición del Gobierno al diálogo, queda demostrado que Piñera está de rodillas ante la derecha más dura”.
El endurecimiento de la postura del Gobierno chileno causó ayer diversas reacciones entre los políticos locales. “Queremos ser súper claros: hoy día Chile tiene que enfrentar con decisión y con la ley las continuas alteraciones del orden público que se están produciendo”, dijo el presidente del partido oficialista Unión Demócrata Independiente, Juan Antonio Coloma. En la oposición, la crítica fue unánime: “Al Gobierno se le pasó la mano”, dijo el opositor Jaime Quintana, presidente de la comisión de Educación del Senado. “Una cosa es elevar las penas para los ataques a la policía, ya que eso puede enmarcarse en un debate razonable. Pero otra cosa distinta es impedir las tomas por ley”.
Después de la polémica que se generó tras el anuncio del proyecto, el Gobierno especificó que no cualquier ocupación será penalizada. “Si las tomas son pacíficas, no hay problema. Pero si las tomas son con violencia y por la fuerza, impidiendo el derecho a otras personas a poder ingresar a un establecimiento educacional, hospitalario o a usar las calles, eso por parte de este gobierno no va a ser aceptado”, dijo Andrés Chadwick, el portavoz del Palacio de La Moneda.
El presidente Sebastián Piñera tiene apenas un 22% de respaldo ciudadano y su Gobierno es el peor evaluado desde que regresó la democracia en 1990. De acuerdo a la última encuesta del Centro de Estudios Públicos (CEP), tres son los temas prioritarios para los chilenos: seguridad ciudadana, educación y salud.
tomado: El PAÏS
