La tarde de este martes fue la fecha para la nueva votación del Consejo Superior de la Universidad Industrial de Santander, que dará con el nuevo rector. La comunidad entera de la UIS se ha puesto en contra de la reelección de Jaime Camacho Pico.
El actual rector tiene 22 denuncias ante la Fiscalía General de la Nación y un pliego de cargos por concierto para delinquir de la Procuraduría General de la Nación en su contra, todo por supuestas relaciones con jefes paramilitares.
Su reelección está liderada por el delegado de la presidencia Jaime Cadavid, que viene del gobierno de Uribe, y la administración Santos apoya esta cuestionada gestión, explica Oscary Ávila, de la Comisión de Derechos Humanos de la UIS. Los organismos internos de la Universidad presentaron un derecho de petición y han enviado solicitudes al Ministerio del Interior y la Presidencia para que se abstengan de dar sus votos de confianza a semejante personaje.
Los estudiantes entraron en Asamblea general y formaron un campamento en los alrededores del campus a la espera de los resultados de la votación, que se llevaba a cabo en las instalaciones de la gobernación de Santander, “como muestra de que la comunidad estudiantil y los diferentes estamentos no queremos a Camacho Pico”. Este rector se ha caracterizado por perseguir a los estudiantes al punto de cancelarles las matrículas, abrir procesos disciplinarios contra los funcionarios sindicalizados, no respeta la convención colectiva, mantiene la universidad militarizada y se ha gastado unos 1.750 millones de pesos en seguridad para “reprimir y amordazar” a todo aquel que se le oponga.
El panorama no es alentador. Por un lado, Ávila apunta a que en el Consejo Superior está sentado Hugo Aguilar Naranjo, a quien la Procuraduría ha vinculado con el Bloque Central Bolívar de los ‘paras’. Por el otro, al igual que en las Universidades de Córdoba y en la Nacional, el Gobierno apoya a rectores que están en tela de juicio; todo indica que está formando una red de directivos que bloqueen la reforma a la educación superior de los estudiantes y que administren los recursos del Estado a favor del gobierno. De ahí que desde el Observatorio de Derechos Humanos de la UIS, se haga un llamado a las organizaciones nacionales e internacionales a monitorear este proceso rodeado de polémica y desconfianza.
