La verdad debe ser la
base de la reconciliación en Colombia, sin duda, el anuncio al finalizar el
ciclo 37 en la mesa de diálogos en La Habana sobre la creación de una Comisión
de la Verdad, es un hecho excepcional, si tenemos en cuenta que, a pesar, de
haber existidos procesos de paz, Ley de
Justicia y Paz (2005), es muy poco lo que se conoce acerca del conflicto
armado, las atrocidades cometidas por paramilitares, la sevicia como actuaron
sobre comunidades enteras, la participación de las Fuerzas Armadas en
connivencia con estos y el accionar de la guerrilla dentro de la guerra.
Al buscar esclarecer
estos hechos violentos, no solo se debe resarcir a las víctimas, sino que se
impide su repetición, con los mismos o diferentes argumentos no solo los
cometidos por los grupos armados ilegales o los de las organizaciones
guerrilleras, sino tal vez la más importante los que han actuado en la sombra,
financiando, apropiándose, determinando crímenes masacres y desplazamiento.
Estos que en todo este
largo conflicto han posado como respetados empresarios, políticos, periodistas,
militares o servidores públicos que se han aprovechado de su condición cualquiera
que sea, para diseñar planear masacres, apropiarse de más de 6 millones de
hectáreas despojadas a sus legítimos dueños, sin que se conozca sus verdaderos
autores, en este mismo lugar se encuentran el papel que ha mantenido las
multinacionales que operan en el país, como determinadores de desplazamiento y
masacres.
La importancia de la
Comisión de la Verdad esta justamente en poder reconocer a estos determinadores
y que las víctimas conozcan de primera mano lo sucedido con sus familiares o
sus tierras en manos de quienes están o porque fueron asesinados, donde reposan
sus restos.
Al poder reconocer las
víctimas a los victimarios, no solo se está dando un paso hacia la
reconciliación, sino que se está impidiendo que estos responsables vuelvan a
cometer esos delitos, pues la sociedad puede actuar como guardianes de la paz.
En el entendido, que la Comisión se construye al margen de un proceso judicial,
lo que no impide que la sociedad en su conjunto aplique una sanción moral.
Es justamente sobre
esta base que se puede dar el desmonte del paramilitarismo, los resultados que
arroje la Comisión pondrán de presente quienes están detrás financiando, armando,
reorganizando nuevas bandas, reclutamientos, las zonas donde operan y cuáles
son los objetivos que tiene el despojo de tierras. Es decir, qué mega proyectos
se están desarrollando o los fines de dicha apropiación, quienes son los que
aparecen como dueños.
Conocer estos hechos que deben ser públicos
permitirá evidenciar no solo los intereses de un grupo social, sino que además,
impedir que se sigan presentando, bajo la sombra de la violencia o las amenazas
que impiden que se conozca a los responsables y establecer responsabilidades
judiciales y morales.
Un
pasado sin resolver
La violencia ha sido el
principal factor que ha determinado la historia de Colombia, hemos pasado de
una etapa a la otra, sin buscar mecanismos que limiten o impidan que se siga
presentando como fenómeno político. Este hecho se puede explicar por la
permanencia de una élite en el poder, élite que ha utilizado la violencia y las
crisis económicas, sociales con el fin de justificar su permanencia en el
poder. Al eliminar la diferencia impide que se consoliden nuevos proyectos
políticos, nuevos actores políticos, se construya país de forma democrática.
Esta élite que además,
tiene un largo historial de corrupción que es ignorante y violenta nunca se le
ha pedido que rinda cuentas frente al país que gobierna. Es aquí donde se puede
explicar el por qué la extrema derecha, como era de esperarse, se ha mostrado
en desacuerdo con la conformación de dicha Comisión. Planteando que solo es a
la guerrilla a la que le toca rendir cuentas o que son los únicos responsables
de la violencia.
Este hecho se puede
explicar en primer lugar; por los resultados que arroje la Comisión que no van
a ser favorables para la élite, con ello excusan su falta de aceptación y
desprestigian la idoneidad de los participantes, con ello desde ahora le
pretenden quitar la importancia de buscar en el pasado para conocer el
presente.
Desde ahora se puede prever
que grupos económicos, empresarios y políticos empiecen a buscar historiadores afines
a sus gestas que quieran tergiversar la verdad escribiendo sus propias
historias llenas de razones sociales por las que ayudaron a este país pobre y
miserable a caminar hacia el desarrollo. Por ello, es vital la apertura de los
archivos, estos pueden contar nuevas historias, desconocidas pero que
incidieron de manera directa en hechos violentos.
La insurgencia ha hecho
reiterados llamados a la apertura de los archivos, a los cuales no se conoce la
posición del gobierno. En este punto vale decir, que no solo los archivos
oficiales son importantes, sino aquellos que reposan de forma particular en los
anaqueles de militares, empresarios, políticos, multinacionales de los que el
país no sabe su existencia y son los que arrojan verdaderas pistas para conocer
la verdad.
Esto por supuesto,
esperando como ha acontecido en determinados momentos que frente a las
evidencias se destruyen los archivos o se desaparecen, un ejemplo es lo
acontecido con el caso de las chuzadas del desaparecido DAS. Es decir se debe
buscar preservar la información como fuente que corrobore la verdad y como
parte fundamental para el estudio de la historia.
Si bien, se ha
argumentado que a diferencia de otras Comisiones de la Verdad, esta no tendría
mayor novedad, pues una parte de los estudios en Colombia del siglo XX ha sido
elaborada. Existen vacíos no solo porque no se conocen los relatos de las
víctimas, sino por la imposibilidad de revisar los archivos, o la forma como
determinados expertos han utilizado las fuentes, enalteciendo el papel de la
élite, como sustento para permanecer en el poder.
Las
élites y la verdad
Como ya se dijo
anteriormente a la élite en el poder nunca se le ha pedido que rinda cuentas
por sus acciones a pesar, de su larga duración en el poder, esto les ha
permitido agrandar su poder, cometer toda suerte de delitos, pues, son los
mismo que legislan en beneficio propio, a través de micos, elefantes, manzanas
podridas, articulitos y los que sin ninguna ética, les ordenan a su bancada que
voten antes de que sean judicializados. Son justamente estos delitos los que
les ha permitido permanecer en el poder y ostentar el deshonroso lugar como uno
de los países con más corrupción.
El temor de la élite es
que dicha Comisión evidencié como lo público se convirtió en lo privado de
políticos y empresarios que generaron desorden y caos para mantener ocupada a una
parte de la sociedad, en este mismo sentido se ha dado la falta de desarrollo y
la venta del país que se ha hecho con el famoso discurso de la confianza
inversionista y la penetración del capital transnacional, en aras del
desarrollo, pero que esconde intereses personales o de grupos o corporaciones
que se unen para el beneficio individual y no de país como les correspondía por
ser los representantes del mismo.
Por ello, es que ya han
sentado su voz de protesta tratando de deslegitimar la Comisión y de no aceptar
los resultados, pues una sanción moral los dejaría fuera de la arena política o
del privilegio de contratar con entidades del Estado, para ellos, una Comisión
valida sería la que enalteciera su entrega “desinteresada” en función del país
e hiciera un borrón y cuenta nueva, o que su informe entregara como único
responsable del largo proceso de violencia a la insurgencia, justificando no
solo las medidas del gobierno cuando se extralimito y aplicó la pena de muerte
o la desaparición forzada a sus ciudadanos.
Finalmente se puede
decir que la Comisión de la Verdad debe contar con el reconocimiento de la
sociedad, pues, es esta la que va hacer visible lo que se concluya. Se debe
aceptar como verdad histórica con una sola interpretación, sin tratar de
matizar los hechos violentos.
Aunque la Comisión no
tendrá funciones judiciales, esta si debe tratar de esclarecer hechos de los
que no se tenga noticia cierta o los autores que actúan en la sombra, pues de
allí depende que buena parte de hechos violentos no se vuelvan a repetir, el
conocer los autores intelectuales, financiadores, puede prevenir a que estos
continúen con su accionar violento.
Por otro lado, el
Estado como ente regulador de la sociedad debe tener una sanción por actuar en
contra de sus ciudadanos. Esta debe ser que le quede prohibido, bajo ninguna
circunstancias levante las armas en contra de sus pobladores so pena de sufrir
una sanción internacional y de ser declarado ilegitimo.
