Tardo casi 6 años, desde que
el gobierno y las FARC, tomaran la decisión de sentarse en la mesa de La
Habana, para discutir y pactar la mejor manera que diera fin al conflicto más
largo de América. Esta decisión quedo plasmada en un Acuerdo para la terminación
del conflicto, donde no solo Santos (2010-2018) como presidente en ejercicio y
Timoleón Jiménez, máximo comandante FARC plasmaron su rúbrica, que los obligaba
a cumplir lo suscripto.
Pese a esto, Santos para
quitarle mayor capacidad de decisión a la insurgencia, convocó a un plebiscito
donde los colombianos, ratificarían o rechazarían si querían la paz o la
guerra. Cuesta creer que en un país azotado por la violencia y el conflicto, se
tenga que preguntar esto, o que algún colombiano del común vaya en contra de lo
acordado, pero como en el país del sagrado corazón todo es posible paso, y los
colombianos votaron por la continuidad de la guerra.
Estas razones llevaron por
parte de las FARC a desmantelar el Acuerdo y darle participación directa a la
extrema derecha, quienes se oponen a la paz, y son los verdaderos beneficiados
de la guerra o sino como se explica la apropiación de baldíos por parte de uno
de los grandes terratenientes que tiene el país, y que gobernó a sus anchas la
finca que se llama Colombia, entendiendo, que uno de los grandes problemas es
la tierra y la posesión que durante años han adquirido empresarios, políticos,
multinacionales entre otros pillos, para ello ha sido necesario teñir de sangre
el campo.
Dejar atrás este largo
conflicto no debería encontrar dificultades, las FARC decidieron someterse al
Estado y este a cumplir lo pactado. Sin olvidar que la paz reposa en el artículo
22 de la Carta Magna “La paz es un
derecho y un deber de obligatorio cumplimiento”, lo que supone que se debe
procurar por todos los medios darle cumplimiento.
Lo pactado debía pasar por
la decisión de la Corte, quienes en un primer momento aceptaron la vía rápida (fast
track acto legislativo 1 de 2016 que reduce el número de debates en el Congreso),
con el fin de agilizar los tiempos, para tramitar las leyes y reformas
constitucionales necesarias para la implementación y permitía votar en bloque. Temas
como JEP, requería que se cumplieran los términos, pues muchos combatientes
esperan la libertad, frente a la dejación de armas, como compromiso para poner
a andar la locomotora de la paz, 180 días en el proceso de dejación de armas.
Pese a esto, los jueces de
ejecución de penas han venido dilatando y las ZVTN, tampoco han cumplido con lo
acordado. Es decir, solo en el conflicto existe desde hace un tiempo el
silencio de los fusiles, en lo concerniente al gobierno parece que no existe la
intensión de implementar lo acordado, su objetivo era desarmar la insurgencia,
el nobel de paz y que la revistas internacionales lo reconozcan como uno de los
hombres más influyentes en el mundo.
Es de suponer que pese a que
el Congreso, debía abrirle las puertas al Acuerdo, este no podía ser modificado
ni cambiado, no tendría sentido que el Congreso que ha seccionado
ininterrumpidamente durante todo el conflicto y ha podido legislar a favor del
país común y dejar sin argumentos políticos a la insurgencia con leyes que
beneficien a ese país, no lo hizo. Por el contrario han estado prestos a
aprobar leyes que intensifiquen el conflicto; como el presupuesto a las fuerzas
armadas, la entrada de multinacionales, la intervención gringa, entre otros
más.
La lógica común o la malicia
indígena, hacen pensar que existen intereses que van a intentar torcerle el cuello
al Acuerdo, modificando algunos o todos los apartes del texto, al acomodo y
necesidades de los políticos empresarios de la guerra, para que finalmente
sigamos como estamos. La guerra es el mejor negocio o sino como se explica que
EEUU, sea la primera potencia mundial, su producto de exportación las armas, en
otros países es el café, el petróleo, oro entre otros.
Pese, a que se tenía claro que
el fin último era la paz, ahora la Corte Constitucional y luego de tener casi
desarmadas a la insurgencia y ubicadas en zonas veredales; consideró que lo
pactado no se ajusta a los preceptos de la Carta política, dando vía libre a
que se haga trizas ese “maldito papel”. Es decir, el Congreso puede modificar,
rechazar, cambiar, lo acordado. Lo que lleva a quebrar, no solo la columna
vertebrar del Acuerdo, sino a que este ni siquiera sea implementado.
Con esta decisión la Corte
dejó claro, que la preocupación no es que las FARC existan, sino que dejen de existir,
las necesitamos para sustentar la corrupción, no transformar el campo, ni las
políticas de desarrollo y hacer control demográfico por medio de la guerra.
Muy seguramente, la Corte
con su decisión permite que se recicle el conflicto, los guerrilleros ya
entendieron lo ineficiente que es el Estado, la poca confianza que genera, lo
que los obliga a decidir su futuro, eso sin contar con la incertidumbre sobre
su futuro que ahora tienen y lo farragoso que resulto negociar, podemos estar
dando paso a otra guerra de inimaginables proporciones.
Finalmente Santos dejó ver
que no es un hombre de palabra y le fue leal a Uribe, y su insaciable sed de
sangre y de baldíos. Cuesta creer que la decisión de la Corte se tomó en
derecho y no en interés político.
