El año pasado se registraron 426 agresiones contra la prensa en México, incluidos 11 asesinatos de periodistas, parte de los 104 homicidios de reporteros, fotógrafos y editores desde el 2000, casi todos impunes. En 2017 mataron a cuatro y 23 siguen desaparecidos.
México está convertido en un cementerio de periodistas, dice Pedro Canché, un reportero maya, para resumir en una imagen la vulnerabilidad de la prensa en un país donde matar periodistas es gratis. Con una impunidad de 90,75% de los casos de ataques contra la prensa, que generan censura y autocensura, México se está quedando ciego, sordo y mudo ante la descomposición política y social en que se hunde.
En el marco del Día Mundial de la Libertad de Prensa, organismos nacionales e internacionales exigieron ayer al presidente Enrique Peña Nieto acciones eficaces para proteger a los periodistas y para resolver la abultada lista de crímenes en su contra, y hasta la Embajada de Estados Unidos en México alertó sobre las graves consecuencias de la ineficacia gubernamental para salvaguardar uno de los pilares fundamentales de cualquier democracia.
Solamente el año pasado, la organización Artículo 19 registró 426 agresiones contra la prensa en México, incluidos 11 asesinatos de periodistas, parte de los 104 homicidios (119, según la Comisión Nacional de Derechos Humanos) cometidos contra reporteros, fotógrafos y editores en el país desde 2000, casi todos impunes. En lo que va de este 2017, ya han matado a cuatro periodistas. A ello se debe sumar 23 periodistas que permanecen desaparecidos.
“La impunidad endémica permite a los grupos criminales, los funcionarios corruptos y los carteles de la droga silenciar a sus críticos, denunció el Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ, por sus siglas en inglés), una organización no gubernamental con sede en Nueva York, al presentar ayer un informe especial sobre “uno de los países más peligrosos del mundo para ejercer el periodismo”.
El CPJ responsabilizó al gobierno de Peña Nieto y a sus instituciones de seguridad por el clima de impunidad e hizo una serie de recomendaciones para investigar exhaustivamente los asesinatos de periodistas, “enjuiciar a los autores y hacer que recaiga sobre ellos todo el peso de la ley”.
Simbólicamente, el CPJ presentó su informe en Veracruz, “donde los ataques contra la prensa permanecieron impunes durante el mandato del exgobernador Javier Duarte de Ochoa”, hoy preso en Guatemala. En ese estado, como en el resto del país”, la justicia sigue ausente y la impunidad es la norma”.
En la misma sintonía, la embajadora de Estados Unidos en México, Roberta Jacobson, publicó este miércoles un atípico artículo en el diario izquierdista La Jornada en el que puso el foco en las consecuencias de vivir con una prensa bajo ataque en México: “Es bien sabido que existen zonas de silencio. Zonas de la República en las que los medios no pueden ejercer un periodismo real. Tierra de nadie donde todo puede pasar”.
No es común que un diplomático estadounidense estacionado en México se refiera abiertamente a temas de seguridad interior del país, pero la crisis de libertad de expresión en México (parte, a su vez, de una desbordada crisis de derechos humanos) se ha convertido en un riesgo demasiado alto para una democracia tan endeble como la mexicana.
Ante la evidente incapacidad e indolencia del Estado mexicano para contener (ya no se diga controlar y mucho menos erradicar) al narcotráfico, Estados Unidos prende la alarma ante una de sus manifestaciones más claras: el amordazamiento de la prensa.
“Percibo también un silencio atemorizado; un silencio que crece”, dijo Jacobson, a fuerza de amenazas, secuestros, desapariciones y asesinatos que quedan impunes. De la mano va la autocensura, que se ha expandido por todo el país. Lo peor es que, como recordó Jacobson, “la impunidad empodera al crimen”.
A eso mismo se refirió Pedro Canché la semana pasada, durante un acto de desagravio en Chetumal, la capital de Quintana Roo, estado del caribe mexicano donde el periodista maya pasó nueve meses encarcelado entre 2014 y 2015 con cargos falsos. Al responder a la disculpa pública que le ofrecieron el gobierno del estado y la alcaldía de Felipe Carrillo Puerto, Canché cuestionó: “¿Quién le pedirá disculpas públicas y reconocimiento como víctimas que lo son a los 104 periodistas asesinados en los sexenios de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto? Ellos no pueden defenderse ya. El Estado mexicano le debe mucho a sus familias. El Estado Mexicano no tiene a nadie en prisión por estas bajas en la libertad de expresión. La Presidencia de la República tiene una deuda de sangre con los periodistas en México, no solo por permitir a sus virreyes los gobernadores abusar del poder, sino por alentar la impunidad desde los pinos al no parar este cementerio de periodistas en que se ha convertido México. Un cementerio que lastima nuestro gremio. Y este fantasma mortal no para contra los periodistas. No hay voluntad de los pinos para parar la impunidad contra los delitos de la libertad de expresión”.
En estas condiciones, “aún falta ver cómo los periodistas se convierten en actores para la democracia”, dijo Ana Ruelas, directora de Artículo 19 para México y Centroamérica, quien recordó que sin plena libertad de prensa, transparencia y verdadero acceso a la información “no habrá democracia y en ningún momento los ciudadanos podremos participar”.
El desagravio a Canché “es un primer paso”, reconoció Ruelas, pero recordó que aún falta enjuiciar a los responsables de la violación de los derechos humanos del periodista y la reparación económica del daño, para que la recomendación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos en este caso no sea burlada por tercera vez y siga engrosando el expediente de impunidad en México y provocando más ataques a la prensa.
Según la embajadora de Estados Unidos en México, Roberta Jacobson, la situación es incluso más grave. En su artículo publicado ayer en La Jornada, la diplomática llega a una conclusión que es, al mismo tiempo, una grave advertencia: “Envalentonados con este grado de impunidad, los criminales y los agresores sienten que pueden continuar silenciando a periodistas”.
Como reflejo de la preocupación de la clase política estadounidense, Jacobson lanzó la alarma: en México “hay que alzar la voz, decir ‘ya basta’, De lo contrario el silencio será ensordecedor”.
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