Hace once años, el entonces gobernador del estado de México, Enrique Peña Nieto, ordenó un operativo policial en el que intervinieron 700 elementos de la extinta Policía Federal Preventiva y 1815 agentes municipales para reprimir a los manifestantes –entre ellos mujeres, niños y ancianos– en la ciudad oriental de San Salvador Atenco.
De acuerdo con la agencia rusa de noticias RT, las afirmaciones del ahora mandatario y los miembros de su Gabinete para descalificar a las víctimas de los atropellos cometidos durante las protestas de 2006 fueron determinantes para evitar que prosperara el litigio de once mujeres que denunciaron "tortura sexual".
Al respecto, Jenaro Villamil, periodista y autor del libro La caída del telepresidente, dijo el lunes a RT que "la represión de Atenco es el hecho que anticipó y acompaña el estilo de gobernar de Peña Nieto y de todo el grupo mexiquense en el poder".
Asimismo, consideró que la investigación de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) sobre este caso, “es un precedente de las otras grandes matanzas y represiones del actual Gobierno federal”.
En este contexto, expresó su esperanza de que la indignación ciudadana allane el camino para que se investigue y resuelvan casos como la masacre en Tlatlaya, en el estado de México, en junio de 2014, así como la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, en el estado de Guerrero, en septiembre del mismo año.
Por su parte, la CIDH cree que los agravios perpetrados contra las mujeres durante los disturbios de Atenco el 3 y 4 de mayo de 2006, es merecedor de "medidas administrativas, disciplinarias o penales"
El caso fue remitido a la Corte Interamericana por la CIDH después de que el Estado mexicano se negara a atender algunas recomendaciones formuladas en octubre del 2015.
Las conclusiones de la CIDH sobre este caso señalan al actual presidente de México como uno de los diseñadores de la estrategia policiaca contra los pobladores y activistas de la comunidad de Atenco cuando fue gobernador del Estado de México, involucración que será analizada durante la audiencia ante la Corte Interamericana.
Al respecto el mencionado periodista aseveró que "hay que recordar lo que el mismo presidente de México dijo en la Universidad Iberoamericana, en la capital del país el pasado 11 de mayo de 2012, cuando estudiantes le cuestionaron la represión de Atenco. Peña Nieto asumió que él fue el responsable de dichos actos e, incluso, aseguró que los volvería a cometer haciendo uso de la fuerza pública", destacó.
La Organización de Estados Americanos (OEA) tiene previsto analizar en el último trimestre del año en curso el discurso político de funcionarios mexicanos por la "denegación de justicia" en los casos de María Patricia Romero Hernández, Norma Aidé Jiménez Osorio, Claudia Hernández Martínez, Bárbara Italia Méndez Moreno, Ana María Velasco Rodríguez, Yolanda Muñoz Diosdada, Cristina Sánchez Hernández, Patricia Torres Linares, Mariana Selvas Gómez y Georgina Edith Rosales Gutiérrez y Suhelen Gabriela Cuevas Jaramillo, quienes en 11 años no han encontrado justicia ni paz en sus vidas.
Tomado: tercerainformacion
