463 padres de niños migrantes fueron deportados de Estados Unidos sin sus hijos. Esta nueva información, revelada por el gobierno del presidente Donald Trump en una presentación judicial, muestra que la cantidad de padres que dejaron el país sin sus niños, en el marco de la política de tolerancia cero del mandatario, es más grande que lo que en un primer momento se pensaba, según informaron medios locales. El informe advierte, no obstante, que dichos 463 casos se encontraban bajo revisión, dando a entender que el número de adultos deportados –mientras sus hijos aún permanecían en albergues estadounidenses– no es definitivo.
“Si este número termina siendo tan grande, va a ser un gran tema para nosotros. Tenemos muchas preguntas”, dijo Stephen Kang, uno de los abogados de la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés), uno de los querellantes en el caso, citado por el diario The Washington Post.
El gobierno de Trump asegura que todos los padres deportados dieron su consentimiento escrito. Sin embargo, las organizaciones de defensa de los inmigrantes temen que estas personas hayan sido presionadas a firmar su deportación inmediatamente después de haber sido separados de sus hijos e hijas. “Estamos preocupados por la desinformación que pueden haber recibido esos padres acerca de sus derechos para luchar contra la deportación sin sus hijos”, afirmó Kang. Si efectivamente los deportaron, va a ser muy dificultoso encontrarlos en Centroamérica, ni hablar de la cantidad de tiempo que puede llegar a tomar, explicó el jurista.
“Nuestros abogados voluntarios están viendo mucha gente que firmó formularios que no entendían. Creían que la única manera de ver a sus niños de nuevo era aceptar la deportación”, dijo Taylor Levy, coordinadora legal de la organización que asiste a inmigrantes Annunciation House de El Paso, Texas. “Esto es particularmente problemático para indígenas guatemaltecos, ya que no hablan español de manera fluida y no les dieron explicaciones en sus lenguas nativas”, agregó Levy, citada por el diario The New York Times.
El juez al que se le hizo la presentación, Dana M. Sabraw, de California, ya había dado un ultimátum de 30 días a la Casa Blanca –que se vence mañana– para que reuniera a la mayor cantidad de familias posible, informó el Washington Post. Además, el magistrado la semana pasada había pedido al gobierno que clarifique cuántos de los 2.500 padres elegibles para la reunificación no se encontraban más en Estados Unidos. En otro acto a favor de las familias inmigrantes, Sabraw también suspendió temporalmente las deportaciones de las familias que ya habían sido reunificadas. Pero el gobierno presentó ayer un documento ante la corte presidida por Sabraw en San Diego en el que dice que ese plazo extra crearía ineficiencias en el sistema. “El aumento del plazo, aumentaría además el costo y obstaculizaría significativamente los esfuerzos para lograr una expulsión expedita del país”, indicó David W. Jennings, director adjunto de la Oficina de Detención y Deportación, dependiente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas.
Tres ONG de Estados Unidos, Raíces, FWD.us y Families Belong Together March, están trabajando para localizar a muchos de los padres que ya fueron deportados puesto que, según dijo la directora de Raíces, Jeniffer Falcon, muchos dejaron atrás a sus hijos sin comprender las consecuencias. “El Gobierno alega que no puede localizar a los padres una vez que son deportados, pero creo que eso es justo lo que el gobierno quería”, denunció Falcon.
La administración Trump sostiene que al deportar a los padres, se les ofrece la posibilidad de llevarse consigo a sus hijos o de dejarlos en suelo estadounidense, donde pueden ser reclamados por algún familiar o entrar en el sistema tutelar.
Las tres organizaciones lanzaron ayer, además, la campaña “Flights For Families” (“Vuelos para las familias”), cuyo objetivo es costear los gastos en los que incurren durante el proceso de reunificación. Para ello, las ONG destinarán 3 millones de dólares que servirán para financiar los gastos de viaje de estas familias. “Es bastante habitual que una vez que son separados en la frontera se los manda a centros de acogida que están repartidos por todo el país. Estas familias precisan de ayuda para poder cubrir los gastos”, señaló Falcon, durante una rueda de prensa telefónica celebrada ayer. La campaña también ayudará a cubrir los costos de viaje de aquellos niños cuyos padres han sido deportados y que quieran volver a sus países de origen. Asimismo, Falcon apuntó que su organización ofrecerá servicios legales gratuitos para asesorar correctamente a estas familias.
De acuerdo a la presentación judicial, el gobierno ya reunió a 879 padres con sus hijos y otros 538 está esperando traslado. Esto significa que al menos la mitad de las famlias separadas serán reunificadas para la fecha límite impuesta por el juez Sabraw, o sea, mañana.
Cerca de 3.000 menores fueron separados de sus padres desde que el pasado mes de abril la Casa Blanca decidiera adoptar una política llamada de tolerancia cero contra los inmigrantes que entraban al país irregularmente por la frontera con México. Según esa medida, llevada adelante por el fiscal general Jeff Sessions, todos los indocumentados que cruzaran la frontera ilegalmente, debían ser procesados penalmente. Esto llevó a que las fuerzas fronterizas separasen a los adultos que ingresaban con sus hijos porque la ley prohíbe que los menores sean detenidos en centros para adultos. Además de esas separaciones forzadas, se ha denunciado el maltrato a algunos niños bajo custodia, que además fueron expuestos a frío intenso y a agua y comida en mal estado, según informó el diario español El País. Congresistas demócratas, por su parte, denunciaron que a los adultos se les ha llegado a cobrar, en los lugares donde los tenían detenidos, hasta ocho dólares por minuto para poder hablar con sus hijos separados.
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