La violencia contra asentamientos de trabajadores rurales fue mencionada por la CIDH durante la rueda de prensa. Es el caso del campamento Quilombo Campo Grande, en el sur de Minas Gerais, que fue blanco de un mandato judicial con orden de desalojo de 450 familias que viven en la región hace 20 años y producen alimentos sin agrotóxicos. La denuncia fue hecha al órgano internacional por el Movimiento de Trabajadores Rurales Sin Terra (MST).
Presidente de la CIDH, Margarette May Macaulay, enfatizó la necesidad del Estado en la resolución de las violaciones /
Carl de Souza/AFP
La criminalización y tipificación de los movimientos populares como terroristas, los ataques y homicidios de activistas de derechos humanos y el regreso de Brasil al mapa del hambre son algunos de los principales puntos del informe preliminar que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) presentó este lunes (12), en rueda de prensa en Rio de Janeiro.
El órgano no visitaba Brasil hace 23 años. Esta vez, la delegación recorrió diversas ciudades de estados brasileños durante una semana para recoger testimonios y recibir denuncias sobre violación de derechos de minorías, omisión del Estado en el aspecto económico y violencia de la policía en relación con la población periférica.
Durante la presentación del documento, la relatora de país para Brasil de la CIDH, Antonia Urrejola, alertó sobre los riesgos de ampliación de la llamada Ley Antiterrorismo, en caso de ser aprobada en el Congreso una enmienda complementaria del senador Magno Malta (PR-ES).
“La CIDH viene reafirmando a diferentes países de la región que las leyes antiterroristas no deben ser utilizadas para la criminalización del derecho a la manifestación y asociación”, resaltó la delegada de la CIDH, que llamó la atención hacia el aumento del número de asesinatos de defensores y defensoras de derechos humanos.
La violencia contra asentamientos de trabajadores rurales fue mencionada por la CIDH durante la rueda de prensa. Es el caso del campamento Quilombo Campo Grande, en el sur de Minas Gerais, que fue blanco de un mandato judicial con orden de desalojo de 450 familias que viven en la región hace 20 años y producen alimentos sin agrotóxicos. La denuncia fue hecha al órgano internacional por el Movimiento de Trabajadores Rurales Sin Terra (MST).
También por medio de denuncias del MST, la Comisión encontró en Marabá, en Pará, un asentamiento de trabajadores rurales afectados por la violencia policial en proceso de desalojo de sus tierras.
“La violencia en el campo afecta campesinos que luchan por el derecho a la tierra, y las condiciones de trabajo a que muchos de esos trabajadores son sometidos, a veces extenuantes, son análogas a la esclavitud. También es preocupante la inseguridad que afecta a muchos debido al uso indiscriminado de sustancias químicas y otros pesticidas”, afirmó la relatora de país para Brasil de la CIDH, Antonia Urrejola.
Caso Marielle
Viuda de la concejala Marielle Franco (Partido Socialismo y Libertad), Mónica Benício recordó que el gobernador electo de Rio de Janeiro, Wilson Witzel (PSC), estaba presente en un acto de campaña en el que fue destruida una placa con el nombre de la parlamentaria y dijo que el órgano necesita estar atento a las acciones antidemocráticas que parten del propio Estado.
La Mesa, que estaba compuesta también por la presidenta de la CIDH, Margarette May Macaulay, además de otros comisionados del órgano, enfatizó la necesidad de la presencia del Estado en la resolución de problemas y violaciones de derechos que afectan mujeres negras, poblaciones periféricas, pueblos indígenas, quilombolas* y la comunidad LGBTQI.
“La Comisión denuncia la situación de la comunidad Guarani-Kaiowá, en Mato Grosso do Sul, que sobrevive a un ambiente de violencia de milicias armadas, a Muratu, en Pará, que sufre con el impacto ambiental de la construcción de la hidroeléctrico de Belo Monte, además de indígenas originarios de Venezuela que viven en las calles de Roraima”, ejemplificó Antonia Urrejola.
El documento de la CIDH afirma, además, que “las autoridades estatales deben dar el ejemplo y tienen el deber de promover campañas promocionales para deconstruir mensajes demagógicos de que los derechos humanos existen para atender a violadores de derechos humanos o de que esa sea una agenda ideológica o partidaria”.
La comisionada afirmó que el regreso de la CIDH a Brasil “en un momento crucial” es parte de una trayectoria que no termina ahora. Según la comisionada, un cuadro más detallado sobre el país será presentado a lo largo de los próximos meses a partir de las denuncias, de informes y de la ayuda del poder institucionalizado, de civiles y de los movimientos populares.
Desmantelamiento de la EBC
El relator especial para la Libertad de Expresión de la CIDH, Edison Lanza, comentó las declaraciones del presidente electo, Jair Bolsonaro, de que el próximo gobierno terminará las actividades de la Empresa Brasil de Comunicación (EBC), creada en 2007. Según el comisionado, las amenazas de Bolsonaro constarán en el documento final de la CIDH.
“Uno de los avances importantes que Brasil tuvo en estos últimos diez años en materia de comunicación, de diversidad y de pluralismo que tanta falta hacen a los sistemas de comunicación, fue la creación y el desarrollo de una televisión pública, y no de interés gubernamental. En el pasado reciente, nosotros y la ONU emitimos un comunicado de advertencia alertando cuando el actual gobierno hizo algunos cambios y suprimió el Consejo Consultivo de la EBC”, dijo Lanza.
* asentamientos rurales de población mayoritariamente negra, creados inicialmente por esclavos fugados
Edición: Mariana Pitasse | Traducción: Pilar Troya
Tomado: Tercerainformacion
