El Ministerio de Defensa de Chile catalogó de "falsas afirmaciones" las denuncias presentadas en el informe anual de Amnistía Internacional (AI) que reflejó la actuación del Ejército durante las masivas manifestaciones que comenzaron en octubre y que resumió que Chile cerró el 2019 "con la peor crisis de derechos humanos desde la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990)".
La cartera emitió un comunicado en el que afirmó que "Amnistía Internacional nuevamente hace una afirmación absolutamente falsa, que constituye una imputación inaceptable y que carece de fundamentos que la justifiquen". Y defendió la actuación de las Fuerzas Armadas durante el estado de emergencia que vivió Chile en octubre de 2019, y afirmó que los militares "actuaron por el mandato del presidente de la República, con la única finalidad de restablecer el orden público para proteger a los chilenos y la infraestructura crítica ante la amenaza que representaba la ola de ataques y el vandalismo que afectaron gravemente a nuestro país".
El informe de Amnistía Internacional sobre derechos humanos señaló que "las fuerzas del Estado chileno intentaron justificar su uso de la violencia contra manifestantes alegando que tales medidas eran necesarias para proteger las infraestructuras y la propiedad privada frente a daños y vandalismo".
Al respecto, Defensa defendió su protocolo de actuación y remarcó que "se ajustó a las normas que regulan el uso de la fuerza, siguiendo los principios de necesidad, proporcionalidad y gradualidad correspondientes, así como el ejercicio del derecho a la legítima defensa propia y de terceros". Nada dijo de una de las características más salientes del accionar de los carabineros: disparar a la cara de los manifestantes. A raíz de estos disparos, más de 300 personas perdieron la visión, total o parcialmente. El 10 de diciembre, Día Internacional por los Derechos Humanos, los chilenos organizaron una marcha en la que enrbolaban pancartas pintadas como ojos, con la consigna "los ojos del pueblo acusan al Estado terrorista".
La actuación de los militares durante la crisis social ha sido denunciada por el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), que presentó "71 querellas por violaciones a los derechos humanos, en las que están imputados efectivos de las Fuerzas Armadas" informó el director del Instituto, Sergio Micco.
"Hemos pedido que las instituciones inicien sumarios internos por estas vulneraciones a los derechos humanos porque aspiramos a que exista justicia, verdad y reparación. Así el reencuentro democrático de los chilenos será mucho más expedito" agregó Micco, a través de la página web del INDH.
Chile vive una crisis social desde el pasado 18 de octubre de 2019, cuando estallaron masivas manifestaciones en contra del gobierno de Sebastián Piñera en reclamo de reivindicaciones sociales, una disminución de la desigualdad en el país, y mejoras en el sistema de salud y de educación.
Estas manifestaciones llevaron al derechista presidente Sebastián Piñera a cambiar sus políticas de gobierno e, inclusive, a llamar a un plebiscito para que los chilenos elijan si quieren cambiar la actual Constitución, que data de 1980, cuando el país estaba bajo la dictadura cívico-militar de Augusto Pinochet (1973-1990).
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