La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH, por su sigla en inglés) señaló que en 2019 se registraron en Colombia 36 masacres en las que perdieron la vida 133 personas, siendo esta la cifra más alta desde el año 2014.
De acuerdo con los datos de la policía, la tasa nacional de homicidios en 2019 fue de 25 por cada 100.000 habitantes, lo cual significa que en el país latinoamericano existe un nivel de violencia endémica, señaló Alberto Brunori, representante de la alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet.
El funcionario del órgano internacional presentó este miércoles en Bogotá el informe anual de esa oficina en Colombia, en el cual consta que las regiones más afectadas por la violencia endémica son los departamentos de Antioquia (noroeste), Cauca (suroeste) y Norte de Santander (nordeste). En el documento se destacan las continuas disputas por el control de las economías ilícitas como una de las principales causas de esta violencia.
En el centro de estas disputas, según el texto, se ubican grupos del crimen organizado como el Clan del Golfo (disidencias del paramilitarismo), Los Caparrapos y La Mafia, que de conjunto con organizaciones criminales transnacionales emplearon extrema violencia en la disputa por el control de las economías ilícitas. Además, el informe sostiene que la guerrilla Ejército de Liberación Nacional (ELN) mantiene las infracciones al Derecho Internacional Humanitario.
Una de las observaciones de la Oficina fue el incremento del empleo de menores por parte de los grupos criminales, así como también se destacó el reclutamiento forzado practicado por el ELN. Sobre este tema, el documento reza que “además de los abusos y violaciones sufridas a causa de su utilización y reclutamiento forzoso, esta situación los expone a graves riesgos derivados de las acciones del Ejército y la Policía contra estos grupos". Tal fue el caso de tres niñas y cuatro niños que fallecieron durante los bombardeos de las Fuerzas Militares contra grupos violentos en Caquetá y Guaviare (sur).
En lo que respecta a la implementación del Acuerdo de Paz firmado en 2016 en La Habana, la ACNUDH insistió en la importancia de continuar el proceso y de implementar todos los capítulos pactados en los diálogos, especialmente aquellos referidos a las zonas rurales, y enfatizando en las disposiciones que tienen que ver con temas de enfoque étnico, género y participación de las víctimas, para de ese modo garantizar su derecho a la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición.
Entre las recomendaciones de la Oficina de la ONU para el Estado colombiano figura dar inicio a investigaciones “exhaustivas, efectivas e independientes en relación con casos de presunto uso excesivo de la fuerza por parte del Esmad (Escuadrón Móvil Antidisturbios, de la Policía) durante las recientes protestas sociales". Además, sugirió al Estado a iniciar una "profunda transformación del Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad)", que incluya una revisión de sus protocolos sobre el uso de la fuerza, de las armas y de municiones menos letales, para ajustarlo a los estándares internacionales.
Tomado: Tercerainformacion
