Los resultados de la evaluación quedaron en evidencia cuando representantes de 95 países levantaron la mano para opinar sobre la situación de Derechos Humanos en Colombia, durante el Examen Periodico Universal que se lleva a cabo en la sede de las Naciones Unidas, en Ginebra, Suiza. Esta es la evaluación más importante que se hace a los países miembro. En lo que respecta a Colombia casi todos los intervinientes escogieron una misma preocupación: la grave amenaza que persigue a los líderes sociales del país.
Como haciendo hincapié una y otra vez sobre una lección reprobada, cada una de las naciones, incluyendo Alemania, Canadá, Suecia y Noruega, le pidieron diplomáticamente a Colombia medidas certeras para frenar el baño de sangre que padecen los líderes sociales y que se incrementó por lo menos cuatro veces en los últimos años.
Mientras los embajadores o sus delegados esperaban el turno para hablar, Erlendey Cuero, una líder afro que atravesó el mundo desde Buenaventura, dejó un volante sobre los escritorios del salón de los Derechos Humanos y la alianza de las civilizaciones, en el Palacio de las Naciones Unidas. El papel llevaba impresos los rostros de 12 líderes asesinados, todos afrocolombianos, e iban acompañados de un mensaje: "La paz aún no llega a nuestros territorios".
A dos años de la firma del acuerdo con las Farc, el coletazo de violencia más fuerte detonó, paradójicamente, en los encargados de promover la paz en las regiones. El incremento en los asesinatos hizo inocultable la realidad: mientras en el 2013, la Defensoría del Pueblo reportó 35 casos; esa estadística contrasta con la entregada por la Fiscalía ante las Naciones Unidas: entre el 2016 y el 2018 se presentaron 261 crímenes.
La problemática, según el Gobierno Nacional, se origina por la contención que muchos de estos líderes están haciendo a organizaciones criminales que están intentando tomar al control en territorios donde son fértiles las rentas ilegales. Por ello, se inició un plan para su protección que cobija las zonas de más alta tensión del país: Catatumbo, Pacífico nariñense y Bajo Cauca antioqueño. Actualmente, hay 4.000 líderes sociales que reciben diferentes medidas de protección; 60 por ciento de los cuales están ubicados en zona rural.
Guillermo Rivera, ministro del interior y jefe de la delegación colombiana, calificó de positivas las observaciones del examen, ya que los países comenzaron por reconocer los esfuerzos para llegar a un acuerdo con las Farc y las consecuencias que está dejando la implementación. Admitió, sin embargo, que existen desafíos, y uno de ellos evitar el asesinato de líderes sociales y de defensores de Derechos humanos para lo cual ya está en marcha un instrumento "apropiado" de protección colectiva. Este fue creado a partir del decreto 660 de abril del 2018 y será implementado en los territorios.
Estas medidas, para Erlendey Cuero y los representantes de otras organizaciones sociales, siguen siendo tardías e insuficientes. Solo contando los rostros que trae el cartel de 12 víctimas que los embajadores se llevaron este jueves, tres coinciden con Tumaco, una de las zonas más complejas. Sin embargo, los brotes de violencia tienden a la expansión. Y hay casos en otras zonas como el de Temístocles Ortega y Emilsen Mayoma, quienes fueron asesinados en Buenaventura; María Efigenia Vásquez y Jesús Orlando Grueso Obregón, que muerieron en el Cauca; Bernardo Cuero Bravo fue asesinado en Malambo, en el Atlántico; Eugenio Rentería Martínez murió en el Chocó; José Luis García Berrío, en Cartagena; y María del Carmen Moreno Páez asesinada en Arauca.
"El éxito de haber firmado el proceso de paz no puede ocultar otros problemas de Derechos Humanos, que en Colombia son discutidos y no son abordados correctamente. Ahí es donde entra en conflicto el prestigio de lograr este acuerdo, que es merecido, pero que sirve como pantalla para ocultar otros problemas, por ejemplo, el asesinato de líderes sociales", recalcó Ramón Muñoz, director de la Red Internacional de Derechos Humanos. Para el abogado, el mencionado decreto crea de una gran burocracia alrededor de la protección de los líderes sociales, cuando se debería apuntar a medidas como una evaluación seria de los riesgos. "Hay líderes a los que les habían dicho que no tenían realmente amenazas graves o les dijeron sí es grave pero no les dieron la protección que necesitaban", explica.
Otro punto preocupante de la discusión está en la impunidad que rodea estos casos. Aunque la Fiscalía asegura que se ha logrado el esclarecimiento del 41 por ciento de los homicidios registrados en los últimos dos años, las ONG siguen reclamando conocer a los autores intelectuales de dichas matanzas.
En el examen, resultó no menos recurrente la preocupación de los Estados por la violencia contra las mujeres víctimas del conflicto; pero como nuevo factor el incremento en las cifras de agresiones hacia las mujeres en general.
Colombia sacó pecho con estadísticas como la tasa de homicidios del 2017, la más baja en los últimos años; la disminución de las cifras de secuestro, de desaparición forzada, la reducción del desplazamiento forzado. También con la reincorporación de 12.000 excombatientes a la vida civil; las elecciones del 11 de marzo, las más seguras de los últimos años con el 48 por ciento de participación. Sin embargo, la sombra de los líderes asesinados y de las mujeres violentadas sigue siendo una carga pesada para Colombia.
El gobierno anunció la visita de la relatora especial sobre los derechos de agua potable y saneamiento de las Naciones Unidas para el año 2019, sin embargo, esta cita será la primera en por lo menos una década. Hecho que también causó la extrañeza de varios países.
Otras recomendaciones
EE.UU.
Les preocupan la poca rendicion de cuentas por homicidios a líderes sociales, afros e indígenas, así como sindicalistas que siguen siendo atacados. Aseguran que aunque la mitad de las investigaciones por estos casos avanzan tiene que haber justicia. Recomiendan mayor rendición de cuentas y que se concluyan los juicios por ejecuciones extrajudiciales, incluyendo a comandantes.
Venezuela:
Recomiendan tomar medidas eficaces por la prolongada crisis humanitaria que trajo el conflicto armado. Que no haya impunidad y que sean castigados los responsables de falsos positivos. También redoblar esfuerzos contra hacinamiento en las cárceles, avazar en la prevención y erradicación de violencia en mujeres y niños. Recomiendan que se honren los compromisos adquiridos en el Acuerdo de paz.
Canadá:
Tomar medidas para mejorar prevención a amenazas y matanzas de defensores de crimenes, que se inviertan los fondos adecuados para la igualdad de género. Les preocupa el alto nivel de corrupción en el país porque no permite brindar garantías de derechos políticos y sociales.
Ecuador:
Recomiendan aumentar esfuerzos para salvaguardar los derechos de la población civil en zona de frontera.
Chile:
Recomiendan la ratificación del protocolo facultativo contra la tortura.
Cuba:
Dicen que la negociación de paz con el ELN exige una contribución continua y profunda. Recomiendan que se elime cualquier forma de exclusión o discriminación.
Países bajos:
Recomiendan que se establezcan canales de financiación suficientes para el funcionamiento de la Justicia Especial para la Paz y la búsqueda de personas desaparecidas. Esto con el fin de que puedan operar independientemente.
Tomado: tercerainformacion
