Un documento desclasificado de la CIA publicado ayer por la prensa brasileña muestra a uno de los presidentes de la dictadura militar autorizando la ejecución de opositores. Pedro D’Alari, el presidente de la Comisión de la Verdad creada por la ex presidenta, Dilma Rousseff, afirmó que el cable de la CIA era terrible y que era hora de que las Fuerzas Armada asumieran su responsabilidad institucional.
Según el documento, Ernesto Geisel (1974-79), penúltimo jefe de estado de la dictadura, le dijo explícitamente al jefe del Servicio Nacional de Informaciones, Joao Baptista Figueiredo, quien le sucedería en el cargo, que las ejecuciones debían continuar. El archivo fue revelado por el historiador e investigador de la Fundación Getúlio Vargas, Matias Spektor.
El informe, fechado el 11 de abril de 1974, está firmado por el entonces director de la Central de Inteligencia estadounidense (CIA), William Colby, y dirigido al secretario de Estado Henry Kisinger.
“Este es el documento más perturbador que he leído en veinte años de investigaciones”, escribió Spektor en su cuenta de la red social Facebook, sobre el informe desclasificado en 2015. El documento de la CIA, que fue rescatado de los archivos del Departamento de Estado, expuso por primera vez con documentación que los dictadores de Brasil, que gobernaron entre 1964 y 1985, sabían y eran los que autorizaban los asesinatos de opositores.
En el memorando, Geisel autoriza la continuación de la política de asesinatos, pero exige del Centro de Informaciones del Ejército una autorización previa del propio Palacio presidencial de Planalto. “El 1 de abril (de 1974), el presidente Geisel le dijo al general Figueiredo que la política de ejecuciones debería continuar, pero que debía tomarse cuidado para estar seguros de que solamente los subversivos peligrosos serían ejecutados”, apunta el informe.
El memorando del 11 de abril de 1974 incluye un mensaje con el título “Presidente brasileño Ernesto Geisel decide continuar con la ejecución sumaria de subversivos bajo ciertas circunstancias”. Irónicamente, Geisel, quien gobernó entre 1974 y 1979, era considerado uno de los apaciguadores de la represión política y ejecuciones. El informe de la CIA sostuvo que Geisel tomó la determinación luego de ser informado por Figueiredo, entonces su jefe de inteligencia, de que durante el gobierno del dictador Emilio Garrastazú Médici (1969-1974) fueran ejecutadas 104 personas. El memorándum indicaba que el general Figueiredo, como mano derecha de Geisel, debía ser informado de cada ejecución.
Marcelo Rubens Paiva, escritor e hijo del diputado Rubens Paiva, asesinado en 1971, dijo que el documento confirma que el Palacio del Planalto sabía de los homicidios políticos.
La ex presidenta Dilma Rousseff, durante su gobierno creó una Comisión de la Verdad para investigar los hechos que consignó 434 muertos o desaparecidos. En el período posterior al cable de la CIA hubo 80 opositores asesinados, informó ayer el diario O Globo, basado en las nuevas revelaciones. Además, en aquel momento la Comisión acusó a 377 agentes militares, policiales y civiles por crímenes contra la humanidad, aunque no pueden ser juzgados porque está en vigor la Ley de Amnistía de 1979 (sancionada por el dictador Figuereido y ratificada en 2010 por el Supremo Tribunal Federal) que ampara a policías y militares acusados de violación de los derechos humanos. Por dicha ley, Brasil nunca juzgó a los represores.
“Nunca tuvimos en la mano un documento en el que realmente estuviese escrito: ‘Vamos a ejecutar’. (Los militares) siempre dijeron que las ejecuciones eran casos aislados”, dijo Vera Rotta, quien durante los gobiernos del presidente de izquierda Luiz Inácio Lula da Silva trabajó en la Secretaría de Derechos Humanos y coordinó un amplio informe sobre la represión.
Pero la falta de documentación oficial de las Fuerzas Armadas impidieron continuar la investigación terminada el 10 de diciembre de 2014: en la Comisión de la Verdad se abrió un caso de 8.000 indígenas asesinados en la Amazonia que se oponían a la colonización de agricultores blancos que promovió el régimen para fomentar el agronegocio en la zona norte del país. La fiscal general, Raquel Dodge, pidió el año pasado a la Corte abrir juicios contra acusados de delitos de lesa humanidad, al considerarlos imprescriptibles y no alcanzados por la Ley de Amnistía.
El candidato presidencial ultraderechista, Jair Bolsonaro, minimizó el informe de la CIA al afirmar: “¿Quién nunca le pegó a un hijo y luego se arrepintió?” El diputado y ex capitán del ejército que marcha segundo en las encuestas detrás de Lula, reivindica a la dictadura militar y ayer puso en duda la veracidad del documento.
“Yo creo que sé lo que le pasó a este agente de la CIA que hizo el informe: ¿Cuántas veces uno dice, ‘te voy a matar, te voy a cagar a trompadas’. Este agente de la CIA debe haber escuchado una conversación así e hizo el informe. Pero me pregunto: ¿Dónde están los 104 muertos?”, dijo Bolsonaro a una radio de Minas Gerais. Bolsonaro se puso en el centro de la discusión e interpretó que la divulgación del informe por parte de Spektor es para frenar su candidatura.
El dirigente ultraderechista recordó, asimismo, que ahora el grupo Globo, el conglomerado de medios más importante del país, apoyó el golpe de 1964 que destituyó al presidente Joao Goulart.
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