Reviven las amenazas de privatizaciones en El Salvador, esta vez, del recurso hídrico. El bloque de derecha del parlamento salvadoreño reactivó el estudio de una propuesta de ley que busca ceder la administración pública del recurso a entes mayoritariamente privados. En este país centroamericano, a principios de la década de los noventa, en pleno ajuste económico neoliberal, los gobiernos de turno privatizaron las telecomunicaciones y las pensiones. Posteriormente se intentó privatizar la salud, pero la movilización social la detuvo. Ahora, nuevamente hay movilizaciones de protesta en las calles por la amenaza de privatizar el agua desde el órgano legislativo.
La correlación mayoritaria y favorable a la derecha en el parlamento salvadoreño ha revivido el estudio del proyecto de Ley Integral de Agua, ratificando los primeros cinco artículos en la Comisión de Medio Ambiente y Cambio Climático, la primera semana de junio, el mismo día que se conmemora el Día Mundial del Medio Ambiente, sin el concurso de los votos del partido oficialista de izquierda Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN).
"Hemos ratificado los primeros 5 artículos que tienen que ver con el ente rector... hemos aprobado cuál será el documento base de estudio, es decir, el proyecto de Ley Integral del Agua", expresó la Presidenta de la Comisión y diputada del derechista Alianza Republicana Nacionalista (ARENA), Martha Batres. Según la normativa, se crearía un nuevo ente rector denominado Autoridad Nacional del Agua (ANA) que estaría mayoritariamente integrada por representantes de la Asociación Nacional de la Empresa Privada (ANEP).
Esta propuesta de Ley fue presentada el 14 de junio de 2017 por el bloque legislativo de derecha compuesto por el Partido de Concertación Nacional (PCN), Gran Alianza por la Unidad (GANA), el Partido de la Democracia Cristiana (PDC) y ARENA. No obstante, el Gobierno de la República, del oficialista partido de izquierda, a través del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN), presentó una propuesta de Ley General de Aguas el pasado 22 de marzo de 2012 que retoma, a su vez, una propuesta más antigua de 2006, diseñada por organizaciones sociales que conforman el Foro Nacional del Agua.
"Nuestra batalla es por una gestión pública, participativa, transparente y sustentable del recurso; con perspectiva de género, con niveles adecuados de saneamiento, que proteja y recupere las cuentas", manifiesta la diputada del FMLN, Cristina Cornejo, desde sus cuentas en redes sociales. La propuesta presentada por el Gobierno y respaldada por el izquierdista FMLN respeta la exigencia de las organizaciones sociales de mantener la administración pública del recurso hídrico, reconociendo el derecho humano al agua y saneamiento.
Estas dos propuestas se encuentran en el parlamento salvadoreño. La Comisión Legislativa, por mayoría, ha decidido iniciar el estudio del proyecto de derecha, impidiendo a la Universidad Centroamericana y la Iglesia Católica llegar a exponer sus valoraciones, ambas instancias están en contra de la privatización. A raíz de esto, se han comenzado a gestar protestas en la capital, abogando por una discusión responsable y abierta, y que se tome en cuenta la propuesta del Foro Nacional del Agua.
El acceso universal al agua y saneamiento de calidad es un reto en todo el mundo Se estima que en América Latina todavía 69 millones de habitantes, es decir, el 10% del total de la población, no tienen acceso al agua potable, y unos 103 millones no tienen acceso a servicios de saneamiento, "En ese sentido, es fundamental el liderazgo del sector público en la administración del recurso, para no excluir a segmentos poblacionales más pobres de los servicios públicos", enfatiza la parlamentaria Cornejo.
