El 15 de junio, a la edad de 80 años murió el General Manuel José Bonnet Locarno, de inmediato los medios masivos de comunicación lo presentaron como un gran patriota que “contribuyó a la defensa de la nación”, incluso lo consideran como un militar defensor del proceso de paz con las FARC-EP, olvidando que fue responsable de crímenes de guerra y artífice de las prácticas de terror del genocidio reorganizador aplicado por las élites contra el sector popular colombiano. En diciembre de 1993, Bonnet sucedió al general Bedoya Pizarro en la comandancia de la Segundo División del Ejército Nacional con sede en Bucaramanga durante los períodos de estos dos generales se incrementó el paramilitarismo en el nororiente colombiano.
Como un ejercicio de memoria, el Equipo Jurídico Pueblos considera valioso citar algunos apartes textuales del libro “Terrorismo de Estado” publicado en 1992 en Bruselas, Bélgica y firmado por varias organizaciones internacionales de derechos humanos, en la que sale a relucir el general Bonnet Locarno involucrado en la perpetración de crímenes internacionales que nunca fueron juzgados:
“Entre el 28 de enero y el 1 de marzo de 1990, en Cali (Valle), 42 personas, en su mayoría sindicalistas y miembros de organismos locales de Derechos Humanos, son detenidos legalmente por unidades de la III Brigada, y conducidos a sus dependencias donde son torturados durante varios días. Una de las detenidas es violada por los militares, Las capturas y torturas se producen en desarrollo de un plan del Ejército contra el movimiento de oposición “A luchar”. Una vez recobrada la libertad, la totalidad de los torturados debieron abandonas el país amenazados de muerte por los uniformados. El oficial Bonnet Locarno, como comandante de la III Brigada, debería haber sido investigado. Ademas en contra del uniformado existen numerosos indicios de su participación en los hechos de tortura. Sin embargo este oficial no fue investigado por la jurisdicción castrense. La procuraduría Delegada para la Fuerzas Militares, luego de abrir la averiguación disciplinaria No. 92.292, el 18 de mayo de 19990 se abstuvo de formular pliego de cargos contra el oficial Bonett Locarno, aunque corrió pliego de cargos contra uniformados de menor jerarquía.
En el municipio de Trujillo (Valle) y sus veredas de “Playa Alta”, “la Sonora” y “Tambor”, militares y paramilitares desaparecen a 5 ebanistas y 11 campesinos, entre el 29 de marzo y el 1 de abril de 1990. Tiberio Fernandez Malfa, párroco de Trujillo y quien estaba investigando el crimen, es desaparecido junto con tres personas quienes lo acompañaban el 17 de abril. Según lo pudo establecer judicialmente y gracias a las confesiones de un ex paramilitar, participe del crimen y posteriormente asesinado por los militares, todos los desaparecidos fueron llevados a la finca “la Granja”, de propiedad de un narcotraficante y jurisdicción del municipio de Rio Frio, donde fueron torturados, quemando con soplete, mutilados con moto sierra y finalmente asesinados por miembros del ejercito y paramilitares. Los cadáveres algunos decapitados y sin manos, fueron lanzados a las agua del rio Cauca. Según las confesiones del ex paramilitar, oficiales de alto rango del Batallón “Palace” y de la tercera Brigada III estuvieron presentes en la finca “La Granja” y tomaron parte en la tortura y asesinato de los desaparecidos. Existen graves indicios de que el oficial Bonnet Locarno haya sido uno de los autores intelectuales del múltiple crimen. Sin embargo, este oficial no fue objeto de ninguna investigación ni penal ni disciplinaria por los hechos”.
