El agua podrá ser para “uso doméstico y público urbano” para los gobiernos locales, los cuales concesionan el servicio de agua potable a empresas privadas tal como sucede en Veracruz, Puebla o Saltillo.
Ciudad de México | Desinformémonos. El agua será concesionada a la industria minera, el fracking y la extracción de hidrocarburos durante los próximos 50 años, luego de que los decretos de reservas de agua publicados el pasado 5 de junio por el gobierno federal provocaron que se levantara la prohibición para la entrega de permisos de extracción del líquido en 300 cuencas del país.
Integrantes de la coalición Agua para Todos y un grupo de expertos del programa de Investigación para la sustentabilidad de la Universidad Autónoma de México (UAM) realizaron un análisis en el que señalan que, con los decretos publicados por el gobierno, se eliminan las vedas de 300 de las 765 cuencas del país y se hace la asignación de grandes volúmenes de agua a las comisiones locales, las cuales varias de ellas están bajo control privado.
De esta forma, el agua podrá ser para “uso doméstico y público urbano” para los gobiernos locales, los cuales concesionan el servicio de agua potable a empresas privadas tal como sucede en Veracruz, Puebla o Saltillo.
Ante la noticia y la amenaza para miles de núcleos agrarios de perder sus permisos, la coalición Agua para Todos informó que ya se inició con la preparación de amparos.
Pedro Moctezuma, uno de los autores del análisis, explicó que, por ejemplo, en las cuencas de los ríos Actopan y la Antigua, el decreto correspondiente plantea no sólo el uso doméstico y público urbano, sino también la “modernización de los servicios del líquido” manejada por las empresas Odebrecht y Aguas de Barcelona, las cuales actualmente son las concesionarias del sistema de agua del puerto.
Agregó que las vedas, que antes habían sido instauradas para la conservación, fueron levantadas en las zonas donde está prevista la actividad energética, en la cuenca San Fernando Soto La Marina, en Tamaulipas y Nuevo León.
Por otra parte, los derechos de los núcleos agrarios y del acceso al agua de las comunidades rurales no están contemplados en los decretos recién publicados, lo que representará una nueva lucha por la defensa del agua para, sobre todo, los pueblos indígenas.
Tomado: tercerainformacion
