El Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado (Movice) en Colombia denunció hoy que continúan las amenazas en su contra, la más reciente por parte de la organización narcoparamilitar Águilas Negras.
El 10 de septiembre último, en horas de la madrugada, fue remitida al celular del director de la Fundación Paz y Reconciliación, León Valencia, una amenaza procedente del bloque capital de las Águilas Negras, detalló el Movimiento.
En la misma, son declarados objetivo militar organizaciones como Movice y personalidades como Hollman Morris, candidato a la Alcaldía de Bogotá por la coalición Colombia Humana, Unión Patriótica-Movimiento Alternativo Indígena y Social.
En la lista también aparecen los candidatos por el partido FARC en toda Bogotá, el senador Iván Cepeda, el periodista Jorge Enrique Botero y el defensor de derechos humanos Alirio Uribe.
Tras recibir dicha amenaza, Movice enfatizó que la implementación del Acuerdo de Paz se cimenta en la garantía de la participación de las víctimas del conflicto armado con el objetivo de que sus derechos a la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición se vean materializados.
El Movimiento aseguró que orienta sus esfuerzos hacia tal propósito, razón por la cual considera sumamente preocupante que actores armados intenten socavar dicho derecho y el de todos los colombianos a la verdad frente a los hechos ocurridos en el marco del conflicto armado y la violencia sociopolítica.
Asimismo, exigió a la Fiscalía General de la Nación que se adelanten las acciones que permitan identificar, individualizar, procesar y juzgar a los responsables de tales hechos.
Pidió a la Unidad Nacional de Protección que, en atención a sus obligaciones constitucionales, adelante las medidas encaminadas a fortalecer los niveles de protección de las personas que componen el Movimiento, en aras de evitar la continuidad y el agravamiento de los hostigamientos cometidos en su contra.
Además, llamó a la comunidad internacional a continuar haciéndole seguimiento a esta situación de hostigamientos que se presenta hacia las víctimas de crímenes de Estado y que se enmarca en un contexto de violencia social y política generalizada en contra de los defensores de derechos humanos y líderes sociales.
También se refirió a la necesidad de conminar al Estado colombiano a generar garantías reales en favor del respeto a la integridad de las organizaciones sociales y populares y de sus integrantes.
En la misma, son declarados objetivo militar organizaciones como Movice y personalidades como Hollman Morris, candidato a la Alcaldía de Bogotá por la coalición Colombia Humana, Unión Patriótica-Movimiento Alternativo Indígena y Social.
En la lista también aparecen los candidatos por el partido FARC en toda Bogotá, el senador Iván Cepeda, el periodista Jorge Enrique Botero y el defensor de derechos humanos Alirio Uribe.
Tras recibir dicha amenaza, Movice enfatizó que la implementación del Acuerdo de Paz se cimenta en la garantía de la participación de las víctimas del conflicto armado con el objetivo de que sus derechos a la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición se vean materializados.
El Movimiento aseguró que orienta sus esfuerzos hacia tal propósito, razón por la cual considera sumamente preocupante que actores armados intenten socavar dicho derecho y el de todos los colombianos a la verdad frente a los hechos ocurridos en el marco del conflicto armado y la violencia sociopolítica.
Asimismo, exigió a la Fiscalía General de la Nación que se adelanten las acciones que permitan identificar, individualizar, procesar y juzgar a los responsables de tales hechos.
Pidió a la Unidad Nacional de Protección que, en atención a sus obligaciones constitucionales, adelante las medidas encaminadas a fortalecer los niveles de protección de las personas que componen el Movimiento, en aras de evitar la continuidad y el agravamiento de los hostigamientos cometidos en su contra.
Además, llamó a la comunidad internacional a continuar haciéndole seguimiento a esta situación de hostigamientos que se presenta hacia las víctimas de crímenes de Estado y que se enmarca en un contexto de violencia social y política generalizada en contra de los defensores de derechos humanos y líderes sociales.
También se refirió a la necesidad de conminar al Estado colombiano a generar garantías reales en favor del respeto a la integridad de las organizaciones sociales y populares y de sus integrantes.
Tomado: Prensa latina
