Lo que no dice el Comandante de la Fuerza de Tarea Conjunta Omega es que la mayoría de campesinos pequeños cultivadores con menos de 1 ha de cultivos de coca de la región de La Macarena y cuenca del río Guayabero han manifestado reiteradamente, y desde el gobierno anterior, su voluntad de adelantar los planes de sustitución y pasar plenamente a cultivos lícitos.
Esa operación de la FTO es ilegal, contraria a mandatos constitucionales y a los compromisos de los acuerdos de paz: lo que ordena la ley es dar prioridad a los planes de sustitución concertada y sus articulaciones con la reforma rural integral.
En realidad, el gobierno y las FFMM obedecen a las órdenes de la administración Trump, del Comando Sur, y a los asesores que están recolonizando el Ministerio de Defensa.
Con estas operaciones en medio de la pandemia están aplicando lógicas de guerra contra la población civil, promueven la crisis de alimentos, el desplazamiento y el contagio.
Amenazan con armas de guerra y anuncio de judicialización tratando a la protesta como crimen y parte de una acción subversiva. Ese es el camino de la violencia y la indignidad que el gobierno y su Gran Jefe quieren para las FFMM.
Tomado: INDEPAZ
