En 1985 ocurrió uno de los episodios más trágicos de la historia reciente de Colombia. Lo que inició como una de las habituales acciones urbanas de la guerrilla del M-19 terminó como una catástrofe calificada de “holocausto” por cuenta de la desproporcionada reacción de las Fuerzas Militares.
El 6 de noviembre de ese año, un comando guerrillero tomó por asalto el Palacio de Justicia en lo que llamó la “Operación Antonio Nariño por los Derechos del Hombre”, que buscaba enjuiciar al gobierno de Belisario Betancur por su “traición” al proceso de paz que adelantaba con el M-19.
El clamor de “cese el fuego” del presidente de la Corte Suprema de Justicia, Alfonso Reyes Echandía, no fue atendido por el gobierno. Los militares emprendieron la recuperación a sangre y fuego y el palacio terminó envuelto en llamas.
La retoma del palacio por parte de las Fuerzas Militares, que terminó al día siguiente, se saldó con un saldo trágico de al menos 40 civiles muertos (entre ellos, 12 magistrados) y 12 desaparecidos (los trabajadores de la cafetería).
En videos de los hechos, algunos de los civiles que resultaron muertos o desaparecidos figuran saliendo con vida del edificio, por lo que se ha cuestionado el manejo que las autoridades le dieron a la toma.
El presidente Belisario dijo que la verdad de lo ocurrido la dejó escrita bajo llave y que sólo se revelaría después de su muerte. En la víspera del trigésimo aniversario de los hechos afirmó que “si cometí algún error, pido perdón”. Sin embargo, nunca reveló su testimonio. Esta postura le fue cuestionada por no contarle al país esa verdad y por no haberse puesto al frente de los hechos. Es “vox populi” que los militares no se lo permitieron y se considera que hubo un vacío de poder y un golpe de estado de facto.
Varios años después de ocurridos los hechos, la lucha de los familiares de los desaparecidos empezó a dar sus frutos. Algunos cuerpos fueron hallados e identificados en una fosa común en un cementerio del sur de Bogotá. Y altos mandos militares de la época fueron procesados por la justicia por su responsabilidad en los hechos, como el general Jesús Armando Arias Cabrales y el coronel Luis Alfonso Plazas Vega.
Arias Cabrales, quien entonces era comandante de la Brigada XIII, y quien llegó a ser comandante del Ejército Nacional, fue condenado por los hechos a 35 años de prisión por parte de la Corte Suprema de Justicia de Colombia. Fue gracias a un histórico fallo proferido en el 2019, aunque al año siguiente Arias Cabrales se acogió a la Jurisdicción Especial para la Paz, gracias a lo cual fue excarcelado. Otros militares de menor rango también han recibido condenas.
Piezas del rompecabezas
También se ha dicho que los planes de la toma habían sido conocidos previamente por los organismos de seguridad, y pese a ello, no se tomó ningún recaudo para evitarla.
Otros rastros de los hechos señalan que los sobrevivientes de la toma habrían sido víctimas de la represión militar porque se dio la orden de evitar que algún guerrillero se escapara disfrazado de civil. De hecho, Irma Franco, quien hacía parte del comando asaltante, salió con vida entre un grupo de rehenes, pero fue víctima de desaparición forzada tras ser identificada y arrestada por los militares. A excepción de Clara Helena Enciso, quien sobrevivió a los hechos y se exilió en México, el resto de miembros del M-19 murió durante la toma.
Durante el asalto al edifico, la entonces ministra de Comunicaciones, Noemí Sanín, ordenó transmitir un partido de fútbol para desviar la atención. Algunos medios denunciaron que fueron víctimas de censura oficial, al ordenarse la suspensión de sus transmisiones.
El origen del incendio también es otro de los enigmas, y algunas versiones desvirtúan la acción del M-19 con el argumento de que la toma fue financiada por narcotraficantes con el fin de destruir sus expedientes. Pero lo más probable es que el fuego haya sido causado por la artillería lanzada por el Ejército, que usó tanques de guerra y armamento pesado en sus intentos de incursionar a la sede judicial.
Aún se sigue en la búsqueda de los desaparecidos de la cafetería y en establecer justicia por lo ocurrido en el palacio. Algunas sentencias a nivel nacional e internacional han condenado al Estado colombiano por los hechos, pero aún sigue habiendo incertidumbre de todo lo acontecido durante la retoma.
