“No trabajamos en eso pensando en como reaccionaría la UE, sino como un Estado de derecho”, afirmó el ministro de Justicia, Bekir Bozdag, en una entrevista con la emisora CNNTürk.
El funcionario volvió a recordar que tras el fallido golpe de Estado del pasado viernes, hubo manifestaciones masivas en las que la gente pidió la reintrodución para los golpistas de la pena capital, abolida definitivamente en 2004.
Bozdag rechazó las advertencias formuladas desde Bruselas de que ningún país que ejecuta sentencias de muerte puede entrar en la UE.
“Hemos regulado la pena de muerte. Incluso añadimos un artículo a la Constitución diciendo que no podría ser reintroducida. ¿Nos aceptaron en la UE? No. Siempre encuentran una razón para no aceptarnos. No tendrán problemas para encontrar una excusa para mantenernos fuera”, dijo el ministro, según refleja también la agencia de noticias EFE.
Por eso, aseguró, el Ejecutivo no tendrá en cuenta las consideraciones de la UE pero sí “los intereses del Estado y de la nación”.
Paralelamente, hoy se informó que varios militares y policías turcos se han suicidado o intentado hacerlo, desde el fallido golpe de Estado, el último de ellos un teniente coronel que se quitó la vida hoy y del que se informó que estaba deprimido “por no haber podido impedir” la intentona.
La información fue dada a conocer por la Gobernación de Siirt, la provincia donde Levent Onder, el oficial suicidado, ejercía de segundo comandante de una brigada.
En otro caso, el coronel Birkan Coroz amenazó hoy con tirarse desde uno de los puentes sobre el Bósforo, en Estambul, aunque media hora después el militar, acusado de participar en el golpe, depuso su actitud y fue detenido.
Desde el pasado viernes, un gobernador de distrito y tres policías sobre los que había sospechas de haber participado en el golpe se quitaron la vida.
Dos de los agentes formaban parte de los miles de uniformados que fueron suspendidos por sospechosos de haber colaborado en la asonada o de ser seguidores de Fethullah Gülen, el clérigo islamista exiliado en Estados Unidos al que Ankara acusa de intentar derrocar al Gobierno.
Bozdag informó que hoy se enviaron las evidencias solicitadas por Estados Unidos sobre la petición de detención y extradición de Gülen, quien vive en ese país desde 1999.
En tanto, el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, negó que su país tuviera conocimiento previo sobre el fallido golpe de Estado en Turquía, y que dos ministros turcos anunciaron que viajarán a Washington para negociar la extradición de un predicador turco, señalado como el cerebro del golpe.
Durante una conferencia de prensa brindada en la Casa Blanca junto a su par mexicano, Enrique Peña Nieto, Obama consideró que las teorías acerca de una posible implicación o de conocimiento previo del intentó del golpe del pasado 15 de julio no sólo “ponen en peligro” a los estadounidenses que viven en Turquía sino también a la alianza de colaboración bilateral entre ambas naciones.
“Por eso quiero ser tan claro e inequívoco como sea posible. Deploramos el intento de golpe”, insistió el presidente en declaraciones reproducidas por la agencia de noticias EFE.
El fallido levantamiento militar ha tensado las relaciones entre Washington y Ankara, dado que el Gobierno turco responsabiliza del golpe al predicador islamista Fethullah Gülen, exiliado desde 1999 en Estados Unidos y que cuenta con muchos seguidores en la Policía, la judicatura turca y parte de la Administración.
La agencia de noticias turca Anadolu informó que los ministros turcos de Relaciones Exteriores, Mevlüt Cavusoglu, y de Justicia, Bekir Bozdag, viajarán la semana próxima a Estados Unidos para negociar con las autoridades de ese país una eventual extradición de Gülen, antiguo socio del presidente turco, Recep Tayyipo Erdogan.
Turquía ya envió el martes pasado una carpeta con antecedentes a Washington, pero las autoridades estadounidenses no han confirmado que se trate de una solicitud de extradición formal a través de los canales previstos.
Además, el ministro dijo que el Gobierno quiere usar al mínimo el recurso de los decretos-ley que le permite el estado de emergencia que comenzó ayer.
Uno de los casos en los que se usará es para ampliar, en un primer paso, a siete u ocho días (desde los cuatro actuales) el tiempo en que una persona puede estar detenida antes de ser enviada al juez.
Cuando se cumple una semana de la intentona, la cifra de fallecidos ha sido actualizada a 270, de los que 24 fueron participantes activos en el golpe. Murieron también 72 soldados y 5 policías que se enfrentaron a los rebeldes y 179 civiles y hay 100 heridos en estado grave.
El Gobierno turco ha declarado el 15 de julio, cuando arrancó el golpe que terminó sofocado al día siguiente, como “Día de Conmemoración de los Mártires”.
En la operación para eliminar a supuestos elementos “gülenistas” de la Administración, un total de 44.600 funcionarios (la mayoría de Educación) y más de 20.000 profesores de centros privados fueron suspendidos, en tanto fueron arrestadas 10.410 personas, entre ellas un tercio de todos los generales de las Fuerzas Armadas.
Tanto el presidente, Recep Tayyip Erdogan, como el primer ministro, Binali Yildirim, han admitido que hubo fallos en los servicios de inteligencia y que no se tuvo información del golpe hasta que ocurrió.
“No tiene sentido mantenerlo en secreto después de lo que ha pasado. Fui informado del intento de golpe por mis guardaespaldas, familiares y por ciudadanos después de que hubiera empezado”, explicó hoy Yildirim.
Tomado: Telam/ LibreRed.net
