Uno de los
elementos centrales del Acuerdo de paz con las FARC y el gobierno, es el tema
de la justicia, la forma como los actores armados, guerrilla y fuerzas armadas,
se someterían a un tribunal creado para juzgar esos comportamientos donde se va
a investigar el accionar de uno y otro actor del conflicto, los excesos, las
violaciones a los derechos humanos, desaparición forzada, tortura, los tratos
crueles e inhumanos, violación sexual, entre otros.
Todos ellos
delitos de lesa humanidad, para los cuales la Corte Penal Internacional y el
Estatuto de Roma, no contemplan ninguna amnistía, por lo que de no ser juzgados
en el país, cualquier país puede hacerlo alegando la jurisdicción universal e
iniciar un juicio y una condena o la misma CPI, ejercer como tribunal y emitir
un fallo de obligatorio cumplimiento con el traslado de los culpables a la
cárcel internacional de la Haya. Aunque sobre este tema existen muy pocas
evidencias donde la Corte haya emitido algún juicio, salvo unos casos, por lo
que se le ha criticado estar parcializada y juzgar solo africanos, a pesar de
ser este continente la fiscal Fatou Bensouda.
Con esto quiero
decir, que a pesar de haber recibido algunas demandas que comprometen a
políticos colombianos y militares en las violaciones a los derechos humanos
hasta el día de hoy no se ha emitido un fallo, lo que hace prever que muy
posiblemente no se conozca fallo alguno, por lo menos durante un largo periodo.
Por ello, es importante la creación de un tribunal para la paz, donde concurran
todos los que participaron, apoyaron y financiaron grupos al margen de la ley,
o los que actuaron en la sombra cobijados por el Estado.
Pese a que este
tribunal se eligió de forma imparcial, donde participaron expertos internacionales,
se revisaron las hojas de vida de los postulantes, la extrema derecha como era
de esperarse ha rechazado la competencia de este, consiguiendo sabotear la
votación que da lugar al acto legislativo que permita que se apruebe la
Justicia Especial de Paz y este empiece a funcionar, antes que comiencen las
elecciones para el congreso y presidencia en el 2018.
De no ser
aprobada, la insurgencia como actores visibles del conflicto, quedaría
imposibilitada no solo en la participación política con sus candidatos, sino
que todos sus integrantes quedan en el limbo jurídico, lo que da lugar a que
sus condenas sigan su curso o a que en cualquier momento sean requeridos por la
justicia ordinaria y con ello pierdan la libertad, lo que puede llevar al traste
el proceso de paz. Se entiende, que la guerrilla hizo su dejación de armas y se
sometió al orden constitucional, no para terminar sus vidas en una cárcel, sin
tener los mínimos derechos, sino para participar de la vida en sociedad
construyendo el país que les ha sido ajeno durante años.
Para la élite
nacional, que además, ha manejado el país durante toda la vida republicana, la
insurgencia no debería participar en política y un proceso de paz, solo sería
el que les negara los derechos mínimos, es decir, todos deberían salir del
monte y purgar largas condenas, sin derechos, siquiera a una actividad
económica que les garantice el sustento diario. Por ello, la aprobación de la
JEP en el Congreso que debería ser un acto legislativo aprobado por el método
expedito ha tardado un año, sin que hasta el momento se apruebe.
Lo paradójico es que mientras los congresistas, afirman que los guerrilleros deben pasar por la justicia, está no se aprueba, quizás con los cálculos electorales de que los insurgentes empiecen a ver al Estado, como lo que siempre ha sido excluyente y sin credibilidad, pues, solo se trataba de implementar los acuerdos. Este hecho, puede llevar a que la guerrilla no encuentre el vehículo adecuado para integrarse a la sociedad, por consiguiente decida volver al monte, donde ha permanecido por largo tiempo, lo que no le será difícil.
Para nadie, es
un secreto que la extrema derecha se ha erigido con su discurso guerrerista que
además les ha dejado grandes dividendos en la expropiación, usurpación de
grandes extensiones de tierras, negociar con las multinacionales y sobre todo
manejar el poder, lo que los ha hechos casi dueños y señores del país entero,
han gobernado con sus propias leyes. Lo que ha convertido grandes zonas del
país, en cementerios y unos pocos dueños de grandes extensiones de tierras.
Por ello, de
aprobarse la JEP, tal como quedó plasmada en los acuerdos, que vale decir,
fueron modificados por la extrema derecha, estos terceros entrarían a ser
juzgados por este tribunal. La importancia de dicho juzgamiento, es que a
pesar, de haber existido procesos de paz y desmovilizaciones armadas, estos no
han comparecido a un tribunal, lo que les ha permitido seguir financiando y
lucrándose del conflicto. Es decir, estos terceros han actuado en la sombra y
son los mayores beneficiados de la violencia, han instigado y en muchos casos
participado en actos de violencia y violaciones a los derechos humanos.
El no
identificar a estos empresarios, políticos, periodistas, sacerdotes, ejecutivos
de multinacionales, entre otros, solo servirá para que la violencia siga su
curso, pues estos seguirán siendo intocables y bajo el cobijo de personas
“dignas” de la sociedad, reactivaran el negocio de la muerte que es muy
lucrativo para estos sectores. Su paso por la JEP, les quitara la careta y
evidenciará una realidad que hasta el día de hoy ha sido silenciada. Por ello,
personajes como el fiscal de la nación garante de la justicia y el orden, se
han opuesto a la aprobación, políticos de todas las talantes, que tienen sus
guardados y temen que se conozca la verdad.
Razones
suficientes para desvirtuar la JEP y quitarle, puntos esenciales para su
funcionamiento, para ello han utilizado un largo historial de mentiras, incluso
uno de esos políticos corruptos llegó a decir que 48 millones de colombianos tendríamos
que ir a este tribunal, sin que explique lo esencial de lo que se juzgará y
quienes serán los llamados, en este mismo sentido se ha dicho que la
insurgencia no ha entregado todo sus activos, dejando la mayoría de estos en
manos de terceros, testaferros que deben ser juzgados y expropiados. Sin
contemplar siquiera los testaferros de empresarios, políticos y demás que ocultan
sus fortunas no solo en paraísos fiscales, sino la legalización de predios en
otras manos.
Hasta este
momento se ha dado a entender según las entidades públicas que los únicos que
deben pasar por la JEP, son los insurgentes y sus testaferros, los demás como
agentes del Estado violadores del derechos humanos y DIH, el Estado contempla
no solo la defensa de estos, sino que ha creado un fuero que los protege, desconociendo
que todo servidor público debe respetar por encima de cualquier consideración
la Constitución y el orden debe recibir
una sanción judicial con rigurosidad si viola las leyes. De no ser así, el
espiral de violencia no tendría fin, pues cuentan con el beneplácito del Estado
que los protege.
La comisión de la verdad
La comisión de la
verdad se puede definir como el tribunal donde serán escuchados todos aquellos,
que participaron, auspiciaron o que fueron víctimas, esto con el fin de crear
un relato nacional del conflicto, vale decir, que este tribunal no tendrá
implicaciones judiciales, lo que se pretende es conocer en primera persona
algunos hechos de violencia que han marcado este largo periodo de conflicto.
La importancia
de la Comisión radica justamente en buscar más allá de lo que se ha conocido
por los medios o los relatos de víctimas, esta comisión sesionara durante un
periodo de 3 años, pese a esto, se entiende que no todos los casos van a pasar
por esta comisión, ni que existirá un consenso nacional del resultado final,
como tampoco de los integrantes, aunque fueron elegidos por un equipo
internacional, es de anotar la importancia de historiadores, quienes no hacen
parte de este grupo. Pese a que en el país, existen numerosos académicos que le
han hecho su aporte al estudio del conflicto.
Finalmente de lo
que se resuelva en la JEP y se conozca la participación de sectores sociales en
el conflicto y el resultado de la Comisión de la verdad se estará dando un
avance para dejar atrás años de violencia, teniendo en cuenta que si no se
implementa lo acordado seguiremos en un ciclo sin fin de desigualdad y
violencia.
