A 10 años de la creación de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia (LGAMVLV) y a un año de haberse declarado la Alerta de Violencia de Género para las Mujeres de Chiapas (DAVGM), nos siguen matando; entre el 18 de Noviembre de 2016 al 13 de Noviembre de 2017 como organizaciones civiles hemos registrado los siguientes datos: 119 muertes violentas que deben investigarse como feminicidios y 46 feminicidios documentados; mientras que la Fiscalía General del Estado (FGE) registra en 2017, de Enero a Octubre, 27 feminicidios y 35 muertes dolosas lo que arroja un total de 62 mujeres asesinadas en Chiapas.
El pasado 18 de Noviembre del año 2016 el Sistema Nacional para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (SNPASVM) emitió Declaratoria de Violencia de Género para el estado de Chiapas; desde entonces las organizaciones peticionarias de la DAVGM hemos dado puntual seguimiento junto a familiares de víctimas, sobrevivientes de violencia feminicida, organizaciones civiles, personas y colectivos que integran la Campaña Popular Contra la Violencia Hacia las Mujeres y el Feminicidio en Chiapas.
En ese sentido, a lo largo de este año hemos asistido a las cuatro sesiones del Grupo Interinstitucional y Multidisciplinario (GIM) y a varias mesas de trabajo que se han convocado por distintas instituciones del gobierno de Chiapas, encargadas de la implementación de las medidas para atender la DAVGM, mismas en donde se han tomado acuerdos para la implementación de medidas urgentes en materia de capacitación de servidores y servidoras públicos, prevención, justicia, medidas de reparación, difusión y denuncia.
No obstante, al cumplirse un año del ordenamiento federal para que el gobierno estatal asuma ante el Sistema y la sociedad las acciones para impulsar la instrumentación de lo que mandata el Reglamento de la LGAMVLV y que indica: “La declaratoria de alerta de violencia de género tendrá como finalidad detenerla y erradicarla, a través de acciones gubernamentales de emergencia, conducidas por la Secretaría de Gobernación en el ámbito federal y en coordinación con las entidades federativas y los municipios”.
Y al observar que esta obligación, impuesta al Estado Chiapaneco, no se cumple para que con responsabilidad, urgencia y eficacia implemente las medidas de la Declaratoria a fin de evitar, sancionar y generar medidas de no repetición para garantizar una vida y espacios libres de violencia contra las mujeres en Chiapas denunciamos:
1.- La dilación injustificada de las instituciones del gobierno estatal, en concreto de la Secretaría de Gobierno y la Fiscalía General del Estado, de cumplir con los acuerdos que permitirían subsanar o disminuir la negligencia institucional como el procedimiento de investigación, la aplicación de protocolos, medidas de protección, servicios de traducción y la asistencia profesional en el servicio público para atender, canalizar y erradicar vicios frecuentes como: el desconocimiento y nula aplicación de protocolos y normas para la atención de violencia contra las mujeres, corrupción y abuso de los cuerpos policíacos, prejuicios y estereotipos machistas de los administradores de justicia y la articulación de dependencias para la atención integral de víctimas y sobrevivientes.
2.- La ineficaz coordinación entre las instituciones de los tres órdenes del gobierno, municipal, estatal y federal, para brindar atención integral a los casos, situaciones y contextos en donde las agresiones contra las niñas y mujeres y el feminicidio refleja la desproporcionada dimensión de la creciente violencia en Chiapas.
3.- La ausencia y vacío de autoridad del poder ejecutivo estatal ya que a lo largo de este año el gobernador de Chiapas, Manuel Velasco Coello, no logró convocar a una sola reunión en donde estuvieran presentes los alcaldes municipales de las 23 localidades señaladas por el organismo federal para la implementación de medidas urgentes para la atención de la DAVGM; incluso algunos alcaldes hicieron llamados al Gobierno Estatal evidenciando el olvido y desprecio del Poder Ejecutivo en relación a su falta de interés en atender los alarmantes índices e indicadores de violencia en los 124 municipios de la entidad.
4.- La instrumentalización y el uso de los recursos destinados a la DAVGM para promocionar la descalificada imagen del gobernador, que simula la atención de las causas de la violencia estructural en Chiapas, como la pobreza, injusticia y violencia contra las mujeres, con fines electorales tal como lo han expresado seguidores de su partido Verde asegurando que se precisa de la reelección y/o recolocación en cargos públicos para cumplir con la implementación de la Declaratoria de Alerta de Género en Chiapas.
5- La discriminación a mujeres, racismo y clasismo del gobernador Velasco Coello que ha quedado patente públicamente en mensajes publicitarios machistas y misoginos al expresar “mis mujeres”, con un sentido de pertenencia y paternalismo de aquellas personas que acuden a los eventos multitudinarios que acarrean los programas asistenciales y de desarrollo social.
6.- El desprecio por la vida de las niñas, adolecentes, mujeres y ancianas que día a día peregrinan por el calvario de las instituciones del gobierno estatal en busca de ser atendidas y escuchadas al ser víctimas de violencia en cualquiera de sus formas y expresiones: directa, sexual, psicológica, laboral, obstétrica, institucional, simbólica, cultural, patrimonial, económica, feminicida y/o estructural.
7.- La recurrente omisión e invisibilización de la violencia que particularmente padecen mujeres inmigrantes y refugiadas, niñas y mujeres con capacidades diferentes, personas indígenas, el tráfico y trata de personas que en Chiapas, por ser estado fronterizo, caracterizan a la Alerta de Violencia de Género y su urgente atención multicultural, pluriétnica y generacional.
8.- El estado continua inmerso en un conflicto armado interno, y esta situación de guerra, que militariza al estado y recrudece la violencia y violación de derechos humanos con antecedentes no resueltos de grave violencia contra las mujeres, en especial indígenas, niñas, adolecentes, pobres como la Masacre de Acteal que es un Feminicidio y genocidio dando como respuesta actos de represión contra los movimientos civiles y sociales.
9.- Sigue sin respuesta el tema de la atención puntual a mujeres víctimas de violencia, en especial por el acceso a la justicia y a la salud en casos de abuso sexual, físico, psicoemocional y otros, no hay traducción e interpretación con pertinencia cultural ni perspectiva de género, seguimos siendo el primer lugar en abuso infantil y embarazo en adolecentes, las ofendidas y víctimas no cuentan con Defensor/as Victímales, el tema judicial quedo sin atenderse y agrava las condiciones de indefensión en el nuevo Sistema Penal acusatorio, que las deja en estado de indefensión sean ofendidas e incluso acusadas.
10.- Las víctimas directas de feminicidio y tentativa, familiares, testigos, peritos, defensoras y acompañantes, incluidas desde el inicio de la solicitud y casos paradigmáticos, siguen sin encontrar total satisfacción al derecho a la justicia, a la vida, a la integridad, a la verdad. Hay un número indeterminado de niñas/os huérfanas/os de por lo menos 200% más que las víctimas mortales -pues el padre mató a la madre- sin atención y sin justicia de medidas integrales de protección y reparación del daño.
Estas razones y otras que hemos plenamente documentado a lo largo de este año de la DAVGM son las que nos permiten caracterizar que en Chiapas y en México tenemos un Estado Feminicida ya que no sólo es permisivo sino cómplice de la violencia contra las niñas, mujeres y ancianas y la creciente violencia feminicida en nuestras casas, calles, comunidades y ciudades de la entidad.
Hacemos un llamado urgente a la Sociedad Civil, a familiares de mujeres asesinadas, sobrevivientes y víctimas de violencia a que nos organicemos para juntas demandar al Estado Mexicano por incumplimiento no sólo de la DAVGM sino por la reiterada omisión al Derecho a la vida, igualdad, libertad y seguridad personal, igual protección ante la ley, ser libre de todas las formas de discriminación, a la salud física y mental, condiciones de trabajo justas y favorables, a no ser sometida a torturas ni tratos crueles y/o denigrantes que constituyen las más reiteradas violaciones a los Derechos de las Mujeres que documentamos en nuestro quehacer cotidiano.
¡No más violencia contra las mujeres!
Tomado: Tercerainformacion
