Desde el lunes 22 de febrero la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) y la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas se encuentran recorriendo el Territorio Ancestral San Lorenzo con el objetivo de avanzar en la segunda jornada de identificación de sitios donde probablemente se hallan cuerpos esqueletizados de personas dadas por desaparecidas, como consecuencia del conflicto armando que se vivió en el territorio indígena.
La comisión es bastante nutrida, conformada por la comunidad y organizaciones: el Centro de Estudios sobre Conflicto, Violencia y Convivencia Social de la Universidad de Caldas y Equitas, organización forense que asesora al Consejo Regional Indígena de Caldas (Cridec) y el Cabildo; el Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado (Movice), con quien se solicitaron las medidas cautelares de forma conjunta y el Cridec.
La jornada ha transcurrido con total tranquilidad. Al iniciar la semana se reunieron las autoridades indígenas y los delegados de las instituciones, entidades y equipos de apoyo. La finalidad es el recorrido por los sitios establecidos en las comunidades del territorio para reconocer los puntos identificados y desde la medicina tradicional ayudar al equilibrio de estos lugares. Por tal motivo las delegaciones están acompañadas por maestros espirituales, autoridades tradicionales, la consejería indígena, cabildantes, fiscales comunitarios, consejeros del Cridec y la guardia indígena.
Al respecto, Luis Arbey Gañán, consejero del Área de Derechos Humanos del Cridec puntualiza:
“Entre los escenarios de violencia murieron próceres de esta lucha: Gabriel Cartagena, Luis Ángel Chaurra, Fabiola Largo, Gilberto Motato, Héctor Andica y muchos más que le aportaron a este proceso, pero, desafortunadamente, de ahí para adelante somos testigos de un derramamiento de sangre muy grande en las comunidades.
Para ese entonces ya habían desaparecido muchos líderes que hoy no sabemos nada de ellos.
Hoy tenemos, solo en San Lorenzo, 124 personas desaparecidas, entre líderes, dirigentes y comuneros.
Esta dinámica del conflicto nos ha llevado a que tengamos varias medidas cautelares: una por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que se otorgó el 15 de marzo de 2002 a raíz de todo el conflicto que se estaba dando en el territorio. La comisión lo que hace es obligar al Gobierno para que preste atención. Hoy esta medida sigue vigente, podríamos decir que se sostiene por el conflicto que se sigue viviendo. Con el Gobierno hemos avanzado después del 2011 cuando sale la Ley de Víctimas y se plantean dos alternativas: uno, reparar las víctimas a nivel individual, y lo otro es reparar los territorios y las comunidades étnicas en el país.
Es donde hemos logrado también, a través de la lucha, que se pueda generar un decreto, el 1446 donde de una u otra forma nos dan la oportunidad de denunciar ante el Estado lo que está pasando en el territorio y por lo tanto obligarlo a que nos tiene que reparar.
Este tipo de medidas se llevan a cabo debido al rastreo que se ha hecho desde los mismos territorios y que gracias a las entidades como el Movice se presiona al Gobierno para que les preste atención a las cifras que se registran, ya que la violencia no solo fue generada por grupos al margen de la ley, sino que la Fuerza Pública también se vio involucrada”.
Con respecto al contexto de la violencia armada, Arbey Gañán hace un recuento de la historia que fue bañada en sangre y dolor:
“Ya los grupos guerrilleros en esta zona de Caldas, la cogieron como una zona de entrenamiento y a desarrollar sus políticas en el sentido de que el Estado tenía demasiado descuidadas a estas comunidades y no había políticas de Gobierno que mitigaran la situación. Fue donde aprovecharon las FARC y el M-19 a reclutar jóvenes para el conflicto que ellos ya estaban haciendo en el territorio.
Entre 1995 y el 2000 entran ya los paramilitares en avanzar en su disputa territorial. Hubo un señalamiento mucho más profundo a médicos tradicionales, gobernadores, dirigentes e integrantes del Cridec. Fue en ese entonces donde se empezó a asesinar gran cantidad de líderes. Ya para el 2003 veíamos cómo el paramilitarismo se había unido a la misma fuerza del Estado, a la misma Policía, a los mismos políticos, y murieron muchos líderes importantes”.
Laura Montoya, quien hace parte del Movice capítulo Caldas y es documentadora del proyecto Colombia Nunca Más, enfatiza en que:
“Nosotros somos una organización a nivel nacional de la cual hacen parte víctimas de la Fuerza Pública, ya sea del Ejército o la Policía o de los grupos paramilitares, y, en el marco de las acciones que construimos como organización, hemos apostado de manera histórica por la lucha contra la desaparición forzada, reconociendo que este es un crimen de lesa humanidad que ha afectado a muchas familias en el país. Los procesos que hemos construido desde el Movice en el resguardo han sido tejidos desde la articulación directa y permanente con el Cridec y también con el Cabildo del Territorio Ancestral San Lorenzo”.
Con respecto a la ruta organizada, la magistrada auxiliar Ana Cecilia Betancur, quien está en representación del despacho de la magistrada María del Pilar Valencia de la Sala de Ausencia de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidades de la JEP, contextualiza sobre el proceso de la ruta de trabajo y lo que sigue después de concluir con las jornadas de identificación:
“La identificación la hicimos con la comunidad desde el 2018, se identificaron alrededor de 19 puntos donde era posible que existieran personas dadas por desaparecidas y hemos coordinado con las autoridades del resguardo indígena, Cridec e instituciones y organizaciones que apoyan al cabildo, para realizar la identificación de esos lugares.
Desafortunadamente se nos atravesó la pandemia. Estas diligencias debieron haberse realizado el año pasado desde el mes de marzo pero, por motivo de las medidas de emergencias sanitarias, tocó suspenderlas y las pudimos reanudar en el mes de noviembre.
Se localizaron e identificaron cinco lugares y ahorita, en esta jornada que inicio el 22 de febrero, vamos a localizar e identificar alrededor de siete lugares de posible inhumación de cuerpos de personas dadas por desaparecidas.
El martes se hizo una jornada con tres posibles lugares, el miércoles con uno, continuamos el jueves en Costa Rica, el viernes en Sisirrá y el sábado en San Jerónimo. Después de esta jornada de diligencias vamos a realizar la próxima en el mes de marzo y con eso concluimos la identificación de los posibles lugares de inhumación y la identificación de posibles riesgos para la conservación de esos lugares y que se pueda hacer posteriormente la recuperación de los cuerpos de las personas dadas por desaparecidas que posiblemente se encuentren en ellos, labor que realizará la Unidad de Búsqueda”.
El paso a seguir, según el consejero de Derechos Humanos Arbey Gañán y Ana Cecilia Betancur es esperar la audiencia territorial que se estaría realizando en el Territorio Ancestral San Lorenzo, ahí la JEP definirá el paso a seguir con respecto a las medidas cautelares.
Tomado: Agenda Prensa Rural
