La publicación por parte de la Jurisdicción Especial para la Paz, JEP, de un auto sobre “las muertes ilegítimamente presentadas como bajas en combate por agentes del Estado” este 18 de febrero vuelve a generar un amplio debate en el país por la magnitud del fenómeno y por los presuntos responsables, así como por la responsabilidad en la sistematicidad y cubrimiento geográfico de este crimen de lesa humanidad. De acuerdo con el auto 033 de 2021 dado a conocer por la Sala de Reconocimiento de Verdad, de Responsabilidad y de Determinación de Hechos y Conductas se habrían presentado en Colombia en el período 2002-2008, 6.402 crímenes de civiles indefensos por parte de unidades del Ejército Colombiano. Se trata de un auto que resume hasta ahora el trabajo de esta Sala sobre el asesinato de civiles indefensos por miembros del Ejército en el marco del conflicto armado interno. El auto toma como fuentes principales de información los informes presentados a la JEP por parte de la Fiscalía General de la Nación que había reportado 2.248 víctimas para el período 1998 y 2014, así mismo los informes remitidos por la Justicia Penal Militar, los datos del Centro Nacional de Memoria Histórica y el informe de la Coordinación Colombia Europa-Estados Unidos, así como informes de diferentes organizaciones de víctimas y de derechos humanos.
Estos crímenes se habrían presentado en 29 de los 32 departamentos del país y el 78% de los crímenes se habrían presentado en este periodo 2002-2008 en que el país fue gobernado por Álvaro Uribe Vélez. La metodología de priorización para la investigación por la Sala de la JEP estableció una primera fase centrada en seis subregiones del país: Antioquia, Costa Caribe (sur de la Guajira y norte del Cesar), Norte de Santander (región del Catatumbo), Huila, Casanare y Meta, en estas regiones se presentaron la mayoría de los asesinatos. En el Auto de 38 páginas se expone además por cada región cuáles fueron los batallones, las brigadas y las divisiones del ejército en los que se cometieron estos crímenes con mayor frecuencia y el número de víctimas lo que llevará a identificar a los responsables de estas unidades operativas del ejército en el momento en que se registraron los crímenes.
En una segunda fase de la investigación señala el auto de la Sala se encuentran en fase de análisis y sistematización los hechos ocurridos en otros departamentos del país, tales como Arauca, Boyacá, Caquetá, Guainía, Guaviare, Putumayo y Sucre. Estos hechos, así como otros de carácter representativo ocurridos en otros departamentos del país, se abordarán en la segunda fase de la investigación del caso 03 que, de acuerdo con la estrategia de investigación de “abajo hacia arriba”, se concentrará en la determinación de hechos, conductas, participes determinantes y máximos responsables en otros niveles de escala territorial y nacional.
El auto que es prolijo en información sobre las seis subregiones así como sobre la sistematicidad con la que se perpetraron estos crímenes vuelve a poner en primer plano el debate sobre la existencia de una política criminal al interior del Ejército colombiano y la teoría cada vez con menos credibilidad y con menos seguidores de que se trató de manzanas podridas, hechos aislados, o conductas desviadas por parte de unos cuantos comandantes y no de una política que contó con directivas, como la directiva ministerial 029 de 2005 del ministro de defensa de esa época, Camilo Ospina, que establecía los montos de recompensas por material incautado y por resultados operacionales que fue financiado con recursos públicos asignados al fondo de gastos reservados del ejército, una verdadera caja de corrupción. Hoy se sabe que a cambio de mostrar resultados operacionales que se medían en muertos o bajas propiciadas al enemigo interno, es decir, a las guerrillas, quienes fueron sus autores materiales gozaron de permisos, vacaciones remuneradas, viajes al exterior y hasta comidas.
Hoy a la luz de estas nuevas revelaciones y como parte del trabajo de la JEP se sabe que en casi todas las divisiones, brigadas y batallones del ejército se presentaron asesinatos de civiles inermes muchos de ellos con discapacidades que se hicieron pasar y se presentaron como bajas de guerrilleros muertos en combate. La JEP tiene ahora el reto de escalar las investigaciones pues si bien han sido condenados por estos hechos cerca de 1700 militares todos han sido de baja graduación. Apenas se ha llegado a algunos coroneles y a pesar de que 12 generales se han sometido a la JEP hasta ahora no han aceptado responsabilidad plena en estos asesinatos que deshonran al ejército que constitucionalmente deben proteger la vida de la población civil, sus bienes y su honra. Que fue precisamente lo que no hicieron.
El negacionismo del uribismo y de los mandos militares
La reacción de los máximos responsables del manejo de la política se seguridad durante los años en que ocurrió la mayor parte de estos crímenes es la negación de su responsabilidad y los intentos por minimizar los hechos. En primer lugar, tratan de disminuir las cifras y de señalar que solo son creíbles para ellos las cifras de la Fiscalía y de los organismos oficiales. Pero los hechos son tozudos y en medio de la desinformación propiciada entre otros por los grandes medios de comunicación, los listados y el trabajo riguroso de la JEP van mostrando la real magnitud de esta tragedia. Como parte del proceso de investigación la publicación de este auto llama a la comprobación rigurosa de los listados y por supuesto que pende sobre los máximos responsables la amenaza que si no ofrecen verdad plena sean condenados dentro de la propia JEP a penas privativas de la libertad hasta por un máximo de 20 años de reclusión carcelaria. Es un verdadero pulso entre la JEP que sabe que de la rigurosidad de sus investigaciones dependerá que los altos mandos militares decidan colaborar efectivamente con la justicia. Hasta ahora no lo han hecho y por ello me parece correcto que la estrategia de la investigación criminal haya escogido el método “de abajo hacia arriba” que le permita allegar al proceso acervo probatorio en contra de los altos mandos que ante la evidencia tengan que decidir si van a un proceso adversarial o brindan colaboración efectiva entregando verdad plena sobre la responsabilidad en la cadena de mando en relación con este abominable crimen de lesa humanidad.
En segundo lugar, la JEP tendrá que avanzar en lo que ya la Fiscalía General de la Nación y otros organismos judiciales en el país han señalado alrededor de estos crímenes. Estos organismos en sus condenas y acusaciones han señalado que los mal llamados falsos positivos fueron “una práctica sistemática y generalizada en materia de violaciones graves a derechos humanos”. Es decir que son crímenes de lesa humanidad. Es por ello que estos crímenes fueron considerados de competencia de la JEP. Pero la JEP tiene que ir más allá para establecer hasta dónde se trataron de crímenes de sistema, es decir, si se trató de desviaciones de unos cuantos comandantes o si por el contrario se trató de políticas implementadas con el consentimiento y con marcos normativos que permitieron la ocurrencia de estos crímenes.
Finalmente debemos insistir en lo que en otras ocasiones hemos señalado. El auto lo que muestra es que la impunidad ha favorecido estas prácticas criminales. La ineficiencia de la Fiscalía General de la Nación muestra su fracaso. La JEP en dos años ha mostrado más resultados que la fiscalía en 20 años de investigaciones sobre estos crímenes, pero no solo la ineficiencia de la fiscalía, que solo registró un tercio de los crímenes sino de todo el aparato judicial penal del país desde la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia para abajo. Es un fracaso de la Justicia en su conjunto que debería ser reformada de fondo. La manera como se elige al Fiscal General de la Nación debe ser cambiada y se debe revisar de fondo la conformación de los más altos cargos de la justicia penal en el país. No debe extrañarnos que la manera autónoma como se nombró a los magistrados de la JEP nos señala un camino para ver cómo se reforma de fondo una justicia que no opera y que es la mayor fuente de impunidad en el país.
Bogotá 25 de febrero de 2021
-Pedro Santana Rodríguez es director de la Revista Sur (Colombia)
