La plataforma, que agrupa a decenas de organizaciones sociales de todo el Estado muestra su alarma ante los ataques directos y amenazas sufridos por diversos defensores de los derechos humanos en los últimos días. Es el caso del padre Alberto Franco, de la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz así como de “Colombianas y Colombianos por la Paz”, cuyo vehículo fue blanco de disparos el pasado 13 de febrero. Y también el de Yolanda Becerra y Gloria Amparo Suárez, dirigentes de la Organización Femenina Popular, que han recibido amenazas de muerte recientemente.
Se han registrado desde principios de año asesinatos y ejecuciones extrajudiciales como el de Alba Mery Chilito, una de las abuelas de la Asociación de Víctimas de Trujillo y quien había recibido el Premio Internacional de los Derechos Humanos del Ayuntamiento de Siero (Asturias), dirigentes sindicales como Elizabeth Gutiérrez y Juan Carlos Pérez o campesinos, como Jon Favver Díaz. Sólo en el mes de enero, se registraron 474 desapariciones forzadas que confirmó el Instituto de Medicina Legal de Colombia.
Las amenazas de muerte también son -tristemente- moneda común. El parlamentario Iván Cepeda, copresidente de la Comisión de Paz del Congreso de Colombia y quien denunció al expresidente de Colombia, Álvaro Uribe, ante la Corte Penal Internacional (CPI), sufre amenazas constantes. Y también ocurre con líderes de la CUT, la mayor central sindical colombiana, y Sintracarbón, sindicato minero que acaba de iniciar una huelga en la empresa minera El Cerrejón, una corporación multinacional muy denunciada por violaciones a los Derechos Humanos, cuyo carbón se importa a España y forma parte de los activos financieros del banco Goldman Sachs.
El incremento de las agresiones contra defensoras y defensores de derechos humanos en Colombia parece pasar desapercibido frente a las conversaciones de paz entre la guerrilla de las FARC y el gobierno colombiano. “Pero ninguna negociación de paz puede eximir al Estado Colombiano, encabezado por el presidente Juan Manuel Santos y el ministro de Defensa Juan Carlos Pinzón, de hacer respetar el Derecho Internacional de los Derechos Humanos, especialmente cuando son las Fuerzas Armadas del Estado colombiano las que violan esos derechos”, manifiesta la plataforma.
“Todos estos hechos demuestran que, en circunstancias de conversaciones de paz, las violaciones a los Derechos Humanos y al Derecho Internacional Humanitario se agudizan, sin que el Estado colombiano ponga fin a estos crímenes, así como ordene y garantice los mecanismos necesarios de protección de la población civil”, añaden.
Desde la Plataforma se denuncian además las condiciones inhumanas que sufre la población penitenciaria, especialmente aquellas personas encarceladas por motivos políticos.
Para informar sobre la situación y apoyar la Ruta Social Común para la Paz en Colombia las organizaciones integrantes de la Plataforma por la Paz y los Derechos Humanos han convocado un Congreso para la Paz los días 12 y 13 de abril en Madrid, que estaría precedido de encuentros, debates y congresos territoriales en distintas ciudades del Estado español, invitando al exilio colombiano, asociaciones de inmigrantes y de solidaridad, sindicatos, movimientos sociales, académicos, organizaciones políticas e instituciones públicas.
Se subrayará también en estos encuentros la necesidad de que “el Gobierno español se implique en el apoyo al proceso de paz de La Habana, respaldando propuestas para realizar los cambios profundos que necesita Colombia con el fin de alcanzar la paz con justicia social”, comunica la plataforma.
En las vísperas del 6 de marzo, que está considerado por las Víctimas de crímenes de estado en Colombia, como una fecha de Dignidad de las Víctimas y de movilización por sus derechos, la Plataforma estatal por la Paz y los Derechos Humanos en Colombia, propone a las instituciones, organizaciones y medios de comunicación del Estado español una implicación solidaria en la búsqueda de paz con justicia social en Colombia vinculada a una exigencia de paralizar inmediatamente todo tipo de violaciones a los Derechos Humanos.
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Tomado: tercerainformacion.es
